Los recursos naturales deben ser para el goce de todos, especialmente de los pueblos indígenas, concluyó en su informe anual de 2004 Erica-Irene A. Daes, presidenta-relatora del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre poblaciones indígenas.
De acuerdo con la funcionaria en el informe, denominado Sobre la prevención de la discriminación y protección de los pueblos originarios, los gobiernos pueden ejercer cualquier tipo de autoridad de que dispongan sobre recursos naturales, siempre y cuando sea de forma compatible con los derechos humanos de estos pueblos.
''Los Estados, en consulta con los pueblos indígenas, han de modificar sus leyes y constituciones, y adoptar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizarles el disfrute de la propiedad de los recursos humanos". Si actúan "arbitrariamente" están llevando a cabo "actos discriminatorios", considera.
El informe fue presentado en el marco de un encuentro sobre propiedad intelectual, realizado en Ginebra, Suiza, donde muchas organizaciones indígenas del mundo defendieron su derecho a conservar la medicina tradicional.
La relatora de la ONU hace referencia al reciente estudio del Banco Mundial: "Extractive industries review", donde se analiza la relación entre los aborígenes y la naturaleza, concluyendo que para estos: ''la disposición de unos derechos seguros, efectivos y colectivos de propiedad sobre las tierras, territorios y recursos que han poseído y utilizado tradicionalmente, es fundamental para su desarrollo económico y social, su integridad física y cultural, sus formas de vida y de sustento''.
Para el BM, sufrir la: ''degradación de las tierras y los recursos provoca su privación de los productos básicos necesarios para su subsistencia o para mantener un nivel de vida adecuado'', y concluye que: ''la falta de reconocimiento y respeto de estos derechos socava los esfuerzos por paliar la pobreza de los indígenas y lograr un desarrollo sostenible''.
A. Daes señala que: 'las injusticias y los efectos negativos de la apropiación indebida de los recursos genéticos y biológicos de aquellos pueblos, calificada de biopiratería. La inadecuación y la falta de equidad de los actuales regímenes jurídicos de prospección biológica, las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, los han privado de valiosos recursos económicos y han dañado también sus culturas''.
Las comunidades indígenas han defendido desde tiempos inmemorables sus conocimientos tradicionales, y el derecho colectivo a los recursos naturales, el conocimiento y el folclore.
