Más de 400 líderes indígenas de la Amazonía colombiana, reunidos en el municipio de Orito, Putumayo en torno al IV Encuentro Intercultural, reclamaron del gobierno nacional mayor atención. Sostienen que sus territorios tradicionales se han convertido en zonas de confrontación armada.

 

 

 

Para los indígenas, representantes de los pueblos Awa, inga, COFAN, Yanacona, Embera, Pastos, Pijao y Nasa, es de suma prioridad la legalización, ampliación y saneamiento de sus territorios, así como el reconocimiento de su gobierno propio, autonomía, y el conocimiento de los sabedores, taitas, jaibanas, tewalas, médicos tradicionales o chamanes de esas comunidades.

 

 

“Enmarcamos en nuestra declaración la continuidad histórica, nuestras propias formas de organización social, el manejo propio de la economía y la proyección interna de sus planes de vida, desde la visión indígena estos son esenciales para la preservación de su cultura, identidad, unidad, dignidad de sus comunidades como sujeto colectivo, perspectiva de vida que es recogida en los derechos reconocidos en instrumentos internacionales y en el ordenamiento interno. Sabemos el avance de la constitución política de l991, en materia de reconocimiento de la dimensión multiétnica y pluricultural de los pueblos indígenas de nuestro país”.

 

En tal sentido, los líderes demandaron: -Que el gobierno Colombiano Cumpla con los acuerdos y tratados internacionales, en particular la carta de los Derechos Humanos, los derechos sociales, políticos y culturales y el convenio 169 de la OIT y; -Que cumpla con las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales, en especial las recomendaciones del cuarto (4) informe en sus sesiones 61 y 62 celebrada el 14 de noviembre de 2001 punto D. 11, referente al desplazamiento y conflicto armado en territorios indígenas  y la participación efectiva en las decisiones que afecten la vida de los pueblos indígenas.

 

Finalmente propusieron que se instale una mesa de  concertación integrada por  el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Ministerio del Interior y de Justicia, Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, con el fin de discutir la problemática de derechos humanos por la que atraviesan.

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