Recientemente en entrevista de la Revista Semana, Vicente Castaño, Comandante paramilitar, se refirió con claridad a los propósitos en la institucionalización del paramilitarismo a través del proceso de removilización armada. Ubicó a la estrategia paramilitar no como estrategia armada del Estado sino como un mecanismo de apropiación y reproducción de la riqueza, recordó la incidencia en el Congreso de la República y las proyecciones en este sentido para las próximas elecciones, la supuesta pretensión de ser una estructura armada contrainsurgente quedó desdibujada, justificando la aniquilación de campesinas y campesinos, quiénes no serán reparados.
El mando paramilitar en ningún momento ocultó la vocación empresarial y “polÃticaâ€, sustentada a sangre y fuego y ahora en el camino de la impunidad a través de la ley de “justicia y pazâ€. Por eso realizó alusiones precisas a su participación en los negocios de siembra de palma aceitera, para cualquier lector desprevenido, deberá leerse, las siembras en el Curvaradò, el Jiguamiandó y las iniciadas del proyecto agroindustrial en el Cacarica.
Por supuesto, la prospera industria, mercantilización territorial, se basa además en una contrarreforma agraria de hecho, en el desconocimiento de los derechos de afrodescendientes e indÃgenas, en su desplazamiento y sitiamiento cuando han resistido, en la corrupción institucional, en el mantenimiento de estructuras armadas como las del BEC, que simulan ser distintas de las de Santafé de Ralito, y de la protección a la siembra ilegal debida de la Brigada XVII y la PolicÃa, con el consentimiento patente de las autoridades civiles.
El patrimonio de la humanidad que es el Chocó Biogeográfico y la negación a la verdad y a la justicia en los crÃmenes que afectan a toda la humanidad, crÃmenes de Lesa Humanidad, ahora, además se enfrentan a una ley de bosques, que flexibilizará las condiciones para la explotación de los recursos forestales a favor de los intereses empresariales, es decir, formalizará las prácticas desarrolladas durante más de 40 años en el Bajo Atrato, y que comprometen empresas privadas de renombre, que incluso se encuentran incluidas dentro de las etapas de implementación del Plan Colombia, ahora, también Plan Patriota.
En febrero de 1997, las comunidades del Cacarica en el Bajo Atrato en el Departamento del Chocó, frontera con Panamá, fueron vÃctimas del desplazamiento forzado en el desarrollo de la operación militar Génesis dirigida contra la guerrilla de las FARC, por parte de la Brigada XVII del Ejército de Colombia, comandada por el Gral. Rito Alejo Del RÃo, combinada con efectivos regulares de la Fuerza Pública y civiles armados paramilitares.
Durante 4 años, estas comunidades permanecieron desplazadas forzadamente en Turbo (Antioquia), exigiendo su derecho a la titulación colectiva de los territorios, asentamientos, protección, desarrollo comunitario, justicia y reparación moral para el retorno con dignidad a sus territorios. Aunque en este perÃodo no se presentaron enfrentamientos entre las fuerza del Estado y de la insurgencia, en el Cacarica parte del Chocó biogeografico se intensificó la extracción indiscriminada, mecanizada e ilegal de madera por parte de la empresa Maderas del Darién S.A., de la que es accionista Pizano S.A. que cuenta en Estados Unidos con certificado de producción limpia FSC de SMARTWOOW, paÃs a donde se exporta el 75% de sus productos.
Las familias de los consejos comunitarios asociados en CAVIDA, beneficiarias de la titulación colectiva desde 1999, elevaron denuncia a las autoridades competentes del Estado que llevaron a adelantar en la zona afectada seis comisiones de verificación integradas por las entidades ambientales del gobierno, organismos de control del Estado, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y miembros de las comunidades. En estas verificaciones se logró acopiar abundante material probatorio del desastre ambiental producido, de la explotación mecanizada, de los mecanismos establecidos para legalizar la extracción ilegal, de los microempresas de fachada para encubrir la identidad de la empresa, de la intervención de la empresa Maderas del Darién S.A., de la protección brindada a la compañÃa por miembros de la Fuerza Pública junto con paramilitares.
Una vez retornadas las comunidades al Cacarica en marzo de 2001, la ProcuradurÃa General de la Nación inició proceso disciplinario contra la junta directiva de CODECHOCO, autoridad ambiental del orden regional, por su complicidad con la empresa MADERAS DEL DARIEN S.A. y por el otorgamiento irregular de permisos e irregularidades en la legalización de la madera extraÃda. Proceso que terminó en agosto de 2003, con un fallo mediante el cual se destituyó a la junta directiva y los inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos por un perÃodo de 5 años.
Por su parte CAVIDA, interpuso una primera acción de Tutela (recurso de amparo) que falla a su favor en septiembre de 2001, requiriendo a CODECHOCHO realizar las actuaciones necesarias para hacer cumplir un acto administrativo que ordenaba la suspensión de la explotación maderera en ese sector. No obstante el fallo anterior, se inició una nueva explotación en el territorio colectivo del Cacarica con nuevas estrategias de justificación de la extracción de los recursos forestales, la imposición de un Representante Legal de los Consejos Comunitarias, a espaldas de la conciencia comunitaria, el desarrollo de falsos montajes judiciales, en que las empresas madereras a través de una abogada pagada por ellos y la Brigada XVII han participado activamente.
CAVIDA en nombre de sus familias y de la humanidad acudió a este recurso judicial por la vulneración al derecho al territorio, a la identidad étnica y cultural, a no ser desplazados, asesinados o desaparecidos, logrando, a instancias de la Corte Constitucional, en el mes de octubre de 2003, un fallo que obligó a la empresa MADERAS DEL DARIEN S.A. a suspender las actividades de extracción de madera en el territorio del Cacarica, hasta tanto se reglamentara, mediante la consulta a las comunidades, los procedimientos de aprovechamiento de recursos naturales.
No obstante el fallo favorable, los incalculables daños ambientales, sociales, morales, culturales, a las comunidades, continúan sin ser reparados y las gestiones de la empresa MADERAS DEL DARIEN S.A. para avanzar en la extracción se siguen presentando, ahora junto a repoblamientos – transplante de poblaciones - adelantados por las estructuras paramilitares desde el 2003, donde se entregan tierras en el territorio colectivo a foráneos, se constituyen asociaciones y cooperativas campesinas para la siembra de banano, plátano, se proyecta la palma y la extensión ganadera, al lado de la coca, en medio de una inusual presión militar de la Brigada XVII contra los habitantes de las Zonas Humanitarias de CAVIDA.
Por supuesto, la ceguera, la sordera institucional y la responsabilidad del Estado es responsable de un Estado de Hecho que se ha ido instaurando en el Cacarica, similar, a lo que ha ocurrido en el Curvaradò y se presenta en el Jiguamiandó. Sordera y ceguera que objetiva que el Estado Social de Derecho es una formalidad para la exclusión, y que los proyectos de ley como el de “justicia y pazâ€, y las leyes forestales en discusión, ligada a las discusiones sobre la flexibilización de los derechos territoriales colectivos son parte de una estrategia de privatización de los territorios para el mercado global. Aun asÃ, uno se pregunta, porqué ante situaciones de hecho en las que se ha negado la dignidad humana y los derechos de los pueblos, es posible seguir diciendo, o afirmando desde una lógica “reconciliatoria†que a los afrodescendientes y campesinos mestizos, sólo les queda el camino de asociarse con sus victimarios o de exigir una producción con responsabilidad ética de las empresas.
Acaso, hay que pasar por encima de la sangre, de la destrucción de vidas humanas, de falsas acciones contrainsurgentes y de la destrucción del patrimonio de la humanidad?
