Ante la extensión del conflicto armado en Colombia, su intensificación y degradación durante los últimos cinco años, diferentes sectores sociales (mujeres, pobladores urbanos, campesinos, indígenas y afro colombianos), en diferentes regiones del país, han comenzado a funcionar organizadamente en términos de resistencia civil, de rechazo a la guerra y de afirmación de la autonomía local y comunitaria frente a los actores armados legales e ilegales
Un informe sobre la relación del conflicto armado en Colombia, con el desplazamiento y la resistencia indígena, preparado por la Organización Nacional Indígena, concluye que las principales tendencias del conflicto armado en nuestro país son hacia su expansión, intensificación y degradación, generando procesos de resistencia civil contra la lucha armada. Dicha conclusión se propone en el marco del estudio “Caracterización del Desplazamiento Indígena”, que realizó la organización en cinco departamentos: Cauca, Putumayo, Sierra Nevada, Urabá y Chocó.
El informe destaca que, a raíz del fracaso de las negociaciones del gobierno con las FARC en el Caguán, predomina en la opinión pública y la política nacional una posición favorable a la intensificación de las acciones militares contra la insurgencia, con el apoyo de los Estados Unidos, lo que ayudará a acrecentar la guerra y todas sus consecuencias negativas como el desplazamiento interno forzado..
Mecanismos de guerra
La expansión del conflicto hacia los territorios indígenas afecta actualmente a la mayoría de las comunidades del país. Esta expansión tiene que ver con las ventajas estratégicas que estos territorios brindan a los insurgentes: refugio, posibilidades de tráfico de armas, drogas, contrabando, control zonal, económico y militar. La presencia de multinacionales y megaproyectos en las zonas, atraen a insurgentes y contrainsurgentes, y la expansión del narcolatifundismo hacia zonas con alto potencial de valorización de tierras.
El estudio, afirma que casi todos los grupos guerrilleros que han existido en el país han operado en territorios indígenas. Actualmente en La Sierra Nevada, hacen presencia los frentes 19 y 59 de las FARC y el frente 6 de diciembre del ELN. En Putumayo, los frentes 13, 11, 27, 32 y 48 de las FARC. En la década de 1980 hizo presencia el frente “Aldemar Londoño” del EPL, en 1984-86 el M-19. En 1998 el frente Comuneros del Sur de ELN, y en Cauca han hecho presencia todos.
En los últimos años, el conflicto armado en Colombia se ha intensificado afectando cada vez a más poblaciones que nada tiene que ver con la guerra. Con el auge relativamente reciente de los paramilitares y su rápida expansión por el territorio nacional, (desafiando y sacando a la insurgencia de muchas zonas donde ejerció por muchos años una posición hegemónica), el conflicto entró en una nueva fase, más intensa y degradada, de retaliación y terror contra la población civil, de disputa territorial y confrontación armada de guerrilleros contra paramilitares y fuerzas del Estado, de lucha a muerte por el control de los recursos naturales, la población, la política y las economías regionales.
Se afirma que los paramilitares cuentan con apoyo político de un sector de la clase dirigente y con fuentes muy grandes de financiación derivadas del narcotráfico, de las contribuciones de ganaderos y de empresas agroindustriales y extractivas, además del boleteo, del cobro de tributos y la extorsión a la población civil. Explican su expansión por el apoyo que han recibido de parte de algunos sectores de las fuerzas armadas, de la clase política y empresarial. La estrategia paramilitar consiste en implementar un régimen de terror mediante masacres, torturas y crímenes atroces, para castigar a las poblaciones o personas que consideran colaboradores de los guerrilleros o que permiten su presencia. Al respecto, recuerdan como el Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia exigió que “los grupos paramilitares deben parar los asesinatos, masacres, secuestros, señalamientos y desplazamiento de comunidades, que están motivados por los intereses económicos de megaproyectos y terratenientes. Deben salir de nuestros territorios. De manera urgente se reclama la devolución vivos de los dirigentes y líderes secuestrados.”
Con respecto a la degradación del conflicto se señala como una de las causas importantes el incremento de los cultivos ilícitos: guerrilleros, paramilitares y delincuencia común alrededor de los cultivos ilícitos y de los megaproyectos han generado violencia, desorden social, pérdida de valores, migración desenfrenada, prostitución, inflación económica, despilfarro, daños ambientales, corrupción político administrativa y todo tipo de confusión, que se suma a los problemas estructurales de pobreza y atraso en su desarrollo socioeconómico, que afecta tanto a colonos como a indígenas.
Todos los actores armados han tendido ha involucrar en su guerra a la población civil, quedando ésta en medio del conflicto y resultando víctima de todos los fuegos. El caso de Urabá ha sido uno de los más graves, pues según el informe de Antioquia “en medio del conflicto desbordado, que significó entre 1994-2000 más de sesenta líderes asesinados y más de sesenta violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario en comunidades indígenas, por parte de todos los actores (Ejército Nacional, paramilitares, FARC y ELN), también fueron forzadas a desplazarse cerca de 13 comunidades y 2.820 indígenas, especialmente de Urabá. Una comunidad de Tierralta, Córdoba, y otra de Riosucio, Chocó, fueron forzadas a desplazarse a los Resguardos de Polines y Murindó respectivamente.
La degradación del conflicto se expresa en múltiples acciones cometidas por todos los actores armados, entre ellas las siguientes: ataques a los pueblos, especialmente de regiones apartadas, pueblos pobres, con la destrucción indiscriminada de iglesias, viviendas y establecimientos públicos; bombardeos a la población civil, como lo destaca el informe de la Sierra Nevada sobre los bombardeos indiscriminados por parte del Ejército sobre cultivos y asentamientos de los indígenas Yukpas; destrucción de infraestructura energética, vial y petrolera; masacres; muertes atroces; asesinato de dirigentes; secuestros, estos se visualiza con los Kankuamos de la Sierra, que desde 1986 han llorado a más de 150 miembros por el conflicto armado; desapariciones; extorsiones; reclutamiento forzado de menores; violación de mujeres; controles a la libre movilización y al transporte de personas, alimentos y medicina; y en general, violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Para los indígenas, las diferencias entre los grupos paramilitares se han ido desdibujando. Mientras los grupos guerrilleros tienden a subordinar a las organizaciones populares, los paramilitares tienden a destruirlas. Los grupos guerrilleros llegaron a las zonas indígenas con un discurso de justicia social y liberación nacional que lógicamente atraía, según el informe, a los indígenas como organización popular interesada en construir el cambio radical de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales de la nación. Con el tiempo, este discurso insurgente se debilitó en la mente de los pueblos, en la medida que se fortalece su enfoque militarista y su interés financiero en los cultivos ilícitos. A raíz de esto, el movimiento indígena, desde su inicio hace treinta años, ha sido visto por los grupos insurgentes con prevención y recelo por la independencia política que lo ha caracterizado. Los paramilitares, por su parte, lo ven como un movimiento subversivo.
Resistiendo a la guerra
Ante la extensión del conflicto armado en Colombia, su intensificación y degradación durante los últimos cinco años, diferentes sectores sociales (mujeres, pobladores urbanos, campesinos, indígenas y afro colombianos), en diferentes regiones del país, han comenzado a funcionar organizadamente en términos de resistencia civil, de rechazo a la guerra y de afirmación de la autonomía local y comunitaria frente a los actores armados. Los reiterados ataques de las FARC destruyendo pueblos e infraestructura, lo mismo que el manejo que le han dado a los diálogos de paz con el gobierno, como también el militarismo predominante en sus filas, están dando pie a que la creciente tendencia de la resistencia civil se focalice principalmente contra ese grupo y a que al nivel de la opinión pública se fortalezcan políticamente posiciones radicales de derecha.
Los principales fundamentos de la pervivencia histórica de los pueblos indígenas, que sustentan nuevamente las actuales formas de resistencia ante el conflicto armado, tienen que ver con el sentido de pertenencia como pueblos de origen precolombino, con una identidad cultural propia y unos derechos ancestrales y legales sobre sus territorios. Esto les proporciona cohesión social y arraigo territorial para defender su autonomía y territorio frente a los actores armados, lo mismo que su decisión de mantenerse, hasta donde sea posible, en sus territorios. Sobresale en este momento la denominada Guardia Indígena, integrada por centenares de indígenas que controlan la entrada y salida de personas y vehículos de su territorio, como el mecanismo más visible y desafiante contra los grupos armados. Prueba de esto la hacen los pueblos indígenas del Cauca, quienes mediante las Guardias han reivindicado sus derechos, como sucedió en le Municipio de Caldono cuando los indígenas exigieron la renuncia del alcalde a quien calificaron de corrupto y malintencionado con la comunidad
