Por: Mario Serrato
El senador Luis Evelis Andrade, del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, se le midió a un debate sobre la consulta previa por lo que citó, entre otros, a los ministros del interior, ambiente y minas. Hizo lo propio con el Procurador y el Contralor.
La convocatoria al debate se presenta en un ambiente de rechazo tácito al derecho de las comunidades con diversidad cultural a ser consultadas sobre los proyectos de desarrollo que el gobierno pretende adelantar en sus territorios y con los que se puedan presentar afectaciones a su estabilidad cultural y cohesión grupal.
Tal derecho, el de la consulta previa, fue consagrado en el convenio 169 de la OIT y se convirtió en ley 21 de 1991 mediante la ratificación del mismo por parte del congreso de la República.
Las actividades económicas que de modo frecuente intervienen el territorio ancestral de las comunidades, las desarrollan en su mayoría las empresas mineras, petroleras y gasíferas.
El estado colombiano, dirigido por personajes proclives a ceder la riqueza de nuestra naturaleza, ha iniciado en contra de la consulta previa una labor de estigmatización, criminalización y censura.
En opinión del vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, la consulta previa incrementa los costos de producción, limita la extracción y dilata los planes de desarrollo. En su opinión, las comunidades usan la consulta previa para “extorsionar” a los empresarios, imponerles pesadas cargas económicas por los costos de las consultas, y para generar grave afectación al desarrollo de proyectos debido a que dilatan la toma de decisiones, con lo que impiden el inicio de la explotación del recurso natural concedido a multinacionales en condiciones de país invadido.
La propaganda gubernamental pone a las comunidades en el paredón de quienes se oponen al desarrollo y al aprovechamiento de la dotación ambiental. Según esa propaganda, son las personas indígenas, las personas negras y los raizales, quienes, con el embeleco de la cohesión comunitaria, la protección del medio ambiente y la diversidad cultural, impiden que llegue el progreso a sus comunidades y a Colombia.
Nada más falso. Los grandes proyectos mineroextractivos como Cerromatoso y El Cerrejón, solo han dejado en las comunidades que han padecido la intervención de sus territorios, miseria, descomposición y deterioro irreversible de sus tierras y su cultura.
Para nadie es un secreto que el petróleo extraído en Colombia por empresas extranjeras o la privatizada Ecopetrol, no consiguió el desarrollo ni el buen vivir de las personas que habitan en las zonas de explotación. También sabemos que una vez extraído el último gramo de carbón, el último barril de petróleo y la última pisca de gas, solo nos quedan en las regiones, putas jubiladas, obreros cansados y envejecidos y violencia subsecuente.
La consulta previa, entre otras cosas, pretende evitar que esto sea así o que mediante una labor de prevención futura o medición social del impacto producido por la explotación, se puedan mitigar las consecuencias nocivas de la extracción en sus momentos iniciales y posteriores.
Sin duda avivatos de profesión se han beneficiado con las consultas previas en deterioro de sus comunidades. Algunas de esas personas han hecho fortunas considerables con el derecho de las comunidades a protegerse a sí mismas de las veleidades del llamado desarrollo. Sin embargo, sobre esas personas no existen señalamientos directos de los funcionarios del gobierno obligados a denunciarlas. Tampoco investigaciones en curso contra los funcionarios que les han dado dinero o dadivas para facilitar la labor de los empresarios.
El debate sobre la Consulta Previa apenas comienza. Un hombre valiente y limpio asume su defensa. Contra él están los más grandes poderes del modelo económico, aliados con un grupo de altos funcionarios empecinados en entregar nuestra riqueza y la estabilidad de las comunidades al peor postor.
La Consulta Previa debe salir fortalecida de este debate, del mismo modo en que deben mantenerse y fortalecerse los derechos adquiridos de las comunidades, sobre los intereses económicos de quienes creen que el mundo es solo para ellos.
