Desde hace más de un mes y medio, Actualidad Étnica denunció la amenaza que se cierne sobre las comunidades indígenas, negras y campesinas de la costa pacífica caucana y nariñense ante la agudización del conflicto por parte de los actores armados. Desde hace dos semanas la amenaza se extendió a la zona del Naya, escenario en el año 2001 de una de las más sangrientas masacres de los últimos tiempos.
Las organizaciones sociales, indígenas, afrodescendientes y campesinas hacen un llamado urgente de alerta ante la agudización del conflicto armado y el riesgo inminente de una nueva masacre a gran escala en la región de los ríos Naya, Yurumanguí, Cajambre, Raposo y demás ríos de los municipios de Suárez y Buenos Aires en el departamento del Cauca y Buenaventura en el Valle.
Hace un año y tres meses, en represalia por los secuestros cometidos por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la iglesia La María y en el kilómetro 18 de la vía Cali - Buenaventura, un grupo integrado por más de cien paramilitares recorrieron durante tres días la región del Naya, cometiendo una masacre en la que perdieron la vida, según las investigaciones de la Fiscalía, cerca de 50 personas (según las comunidades más de 100)
De acuerdo con las organizaciones, a raíz del secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle, por cuenta de la guerrilla de las FARC, nuevamente se agudiza el problema en toda la región del Naya, por lo que se han incrementado los asesinatos selectivos, la violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, enfrentándose también el peligro de una nueva masacre.
Denuncian que grupos paramilitares mantienen sus puestos de control en toda la región y aseguran que en algunas ocasiones se les ha visto patrullando con el Ejército y la Armada Nacional, a pesar de que estos organismos armados del Estado dicen tener controlado todo el territorio. Los acusan de estar amenazando a los pobladores que si no les informan sobre los guerrilleros, “después vendrán los paramilitares y los harán hablar”. La comunidad dice que no son sólo amenazas, pues en ocasiones anteriores los paramilitares han llegado con listas similares a las del Ejército a buscar sus víctimas.
Aseguran que tanto Paramilitares y fuerzas armadas están restringiendo severamente la entrada de alimentos a la zona. Esto se complica ante las grandes distancias, el peligro y la falta de transporte terrestre de la población que no puede salir a comprar sus víveres, generando gran escasez de alimentos y complicaciones de salud de los niños y ancianos. “Si bien la violencia se ejercía mayormente contra los hombres, ahora se está dirigiendo también contra las mujeres, como ocurrió con el secuestro de la dirigente indígena Irma Ramos por parte del ELN”, precisan.
Sostienen que las entidades estatales han incumplido reiteradamente los compromisos y obligaciones relacionados con la protección, la seguridad para el retorno y la estabilización de la población desplazada. Además se suma que ahora la Universidad del Cauca reclama, según una concesión minera dispuesta por el general Santander de 1.827, parte del territorio en el que se encuentran grandes poblaciones étnicas, lo que desconoce el derecho de las comunidades asentadas allí desde mucho antes y sirve de pretexto para que el Estado no legalice esas tierras a favor de sus pobladores.
Ante esta situación de inminente peligro, las organizaciones sociales de la región del Naya le solicitan a la comunidad internacional intervengan para tratar de evitar estos hechos y para que los crímenes que ya ocurrieron no queden en la impunidad. Además le piden a todos los grupos armados (oficiales, paramilitares e insurgentes) respetar el derecho de la población a no comprometerse con ninguno de ellos; que no sigan escudándose en la población civil y poniéndola como objetivo militar; que se respeten los territorios, la autonomía de las comunidades, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
