El Foro Ciudadano expone en este documento la realidad de los indígenas en Chile, sus problemas, las legislaciones, los programas que allí se están desarrollando y la perspectiva de los pueblos respecto a estas actividades. Su premisa es que Chile al ser el cuarto país en Sudamérica con mayor población indígena, luego de Bolivia, Perú y Ecuador, debe tomar medidas más efectivas para esa población, ya que en el censo de 2002, cerca de 700.000 personas se reconocieron como pertenecientes a una de las ocho etnias registradas en la legislación: aymaras, atacameños, collas, quechuas, rapa nui, mapuche, kawashkar y yagán.
La variada agenda los pueblos indígenas
Por: Foro Ciudadano
Tomado de: www.radio.uchile.cl
Chile es el cuarto país en Sudamérica con mayor población indígena, luego de Bolivia, Perú, Ecuador. No obstante, las imágenes de la televisión, de las revistas, los apellidos de quienes ostentan el poder político y económico, nos muestran un país distinto, con rasgos europeos o norteamericanos.
Pareciera que las y los indígenas chilenos no existen, que se quedaron atrapados en las páginas de los libros de Historia. Pero eso no es así. En el censo de 2002, cerca de 700.000 personas se reconocieron como pertenecientes a una de las ocho etnias registradas en la legislación: aymaras, atacameños, collas, quechuas, rapa nui, mapuche, kawashkar y yagán.
Chile es un país multicultural, pero es la única nación en Sudamérica –salvo Uruguay que no tiene población indígena- que no se reconocer como tal en su Constitución, la mayor bandera de lucha del movimiento indígena actual. Hay que ser reconocidos para existir realmente, aclaman.
“Nuestro país da vergüenza a nivel internacional porque es el único de Sudamérica que no consagra constitucionalmente a los pueblos indígenas”, afirma Alfredo Chipana, aymara, fundador y ex presidente del Consejo Nacional Aymara, pero aclara que “no basta que haya un reconocimiento, sino que tenemos que definir qué tipo de reconocimiento es el que necesitamos, cuál es el contenido”.
El dirigente indígena califica algunas de las propuestas que se han presentado como “irrisorias, vagas e imprecisas”. Relata que la última de ellas fue una iniciativa de ley que establecía que se reconocerá y garantizará los derechos de los pueblos indígenas. Algo que ya existe en nuestra legislación y que fue rechazado. No así un artículo de este proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, que señala que Chile es una nación unitaria, un concepto que cierra la posibilidad de multiculturalidad. “Nos tendieron una trampa”, denuncia Chipana y adelanta que espera que el Senado rechace este proyecto de ley.
Por su parte, Juan Milian, dirigente mapuche, encargado de la oficina de pueblos originarios de la Comuna de Peñalolén en la Región Metropolitana, sostiene que les “da mucha lata, mucha pena, el tener que estar negociando con todos los gobiernos de la Concertación” por el reconocimiento constitucional. Un tema en el que sienten que no han avanzado mucho y que “no es de ayer o de un par de años, este es un tema e muchos años que el Estado chileno no ha solucionado”.
Indígenas urbanos
Con o sin reconocimiento constitucional, las y los miembros de los pueblos originarios se organizan, dialogan, promueven políticas públicas y difunden su cultura. Además de esta gran demanda del movimiento en su conjunto, cada etnia tiene preocupaciones individuales y también más mundanas. Más del 70% de la población indígena chilena vive en las ciudades. No obstante, la mayor parte de las políticas públicas apuntan a sectores rurales.
Para los aymaras un tema fundamental son los problemas con el agua en el norte; para los rapa nui, en tanto, la autonomía administrativa de la Isla de Pascua; mientras que para los mapuche del sur, la posesión de las tierras. No obstante, cuando llegan a la ciudad, sus mayores preocupaciones tienen que ver con las implicancias de la migración.
"Las personas que hacen las leyes sé que lo hacen pensando en algo positivo para nosotros, pero no van al lugar a ver cómo vemos nosotros el mundo, cómo vivimos nosotros y adecuar sus buenas intenciones a leyes y programas que en verdad después sirvan”, sostiene Lenki Atán, rapa nui que trabaja con organizaciones de su etnia en el continente.
Una de las dificultades que enfrentan los indígenas urbanos se relaciona con la vivienda. Cada pueblo tiene una cosmovisión diferente con respecto a sus hogares. Y eso en la ciudad es muy difícil de conseguir, sobre todo cuando los subsidios y las ayudas se van a las áreas rurales.
Lo mismo ocurre con las becas estudiantiles para las y los niños y jóvenes. Tienen muchas menos posibilidades de conseguir una beca que sus hermanos que viven fuera de la ciudad, a pesar que ellos son más.
El caso rapa nui es diferente, explica Lenki Atán. Cuando llegan a la ciudad se “aclanan” en la casa de alguno de ellos y, generalmente, viven en buenas condiciones gracias a la ayudan que reciben desde la Isla de Pascua, lo que automáticamente los deja fuera de las postulaciones a subsidios u otro tipo de subvenciones.
Programa Orígenes
En 2001 el gobierno instauró el Programa Orígenes, destinado a “impulsar y dejar instalada una nueva forma de relación con los pueblos indígenas, mejorando sus condiciones de vida, con un enfoque integral y una dimensión étnico cultural”. Gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a aportes del gobierno chileno, este programa cuenta con cerca de U$132 millones, la mayor inversión que se ha hecho en este tema.
“Hay que reconocer la voluntad del Presidente Lagos de haber destinado este fondo”, indica Alfredo Chipana, pero subraya que, si bien el Programa dentro de sus objetivos señala que se hará con la participación de los propios pueblos indígenas, ellos han estado ausentes en la estructuración del proceso y, hasta el momento, de los beneficios.
El proyecto es en etapas y en la primera se aplicó a sólo 400 comunidades. La segunda aún no se implementa. “Si hacemos un análisis, la verdad que ese proyecto no ha generado el impacto esperado por falta de experticia, de voluntad, de organización, de experiencia y por no escuchar a la población indígena. No se aplica a las áreas urbanas, pero extrañamente en Santiago hay micros que están circulando que dicen, por ejemplo, ‘poroto tiene su origen en…’ Se está financiando a las micros y no a las comunidades. ¿Cuánto avanzamos con eso? Lo que me preocupa es que se van a acabar estos 132 millones de dólares y vamos a mirarnos y vamos a estar exactamente igual que cuando partimos. Hay que reformular ese proyecto, no es posible q tengamos tanta plata y…”, enfatiza Alfredo Chipana.
Lenki Atán señala que ni siquiera sabe de qué se trata el programa porque “todavía no pasa nada en la Isla”. Mientras que Juan Milian agrega que no logra entenderlo porque no lo han explicado como corresponde. “Mientras no se trabaje con las organizaciones indígenas sus políticas, sin lugar a duda, van a ser cojas porque quienes tienen que hablar sobre sus temas somos nosotros. Ahí estaremos para trabajar eso y si en algún momento también para ver una movilización, sin lugar a duda que lo vamos a hacer”, afirma Milian.
De acuerdo a los integrantes del movimiento indígena, los fondos para el Programa Orígenes se lograron gracias a las bases y les “duele” que no los hayan llamado a aportar en la implementación de éste, sobre todo considerando que las organizaciones llevan años de trabajo en el tema, que saben hacer mucho con pocos recursos y que cuentan con estudios y profesionales. “Es relevante el rol de las organizaciones indígenas”, apunta Alfredo Chipana y concluye “hemos avanzado harto y hemos sido un factor fundamental en el cambio en la visión de la población de respetar más a los indígenas”.
Más del 70% de las y los indígenas chilenos viven en las ciudades, no obstante, la mayor parte de las políticas públicas apuntan a los indígenas rurales, algo que se arrastra desde 1993, cuando se promulgó la ley indígena.
