El documento que fue leído por Adelfo Regino, dirigente de la organización Servicios del Pueblo Mixe añade: "expresamos nuestro repudio total a todos los actos de agresión y represión por parte de los cuerpos militares y policiacos federales, estatales y municipales armados, que han desatado en contra de la sociedad una persecución judicial y política".
Durante el foro, decenas de organizaciones leyeron otro documento en el que condenaron las detenciones arbitrarias, la incomunicación de los detenidos, los tratos crueles y torturas, así como el hostigamiento y las amenazas contra quienes están involucrados en el movimiento social.
Al mismo tiempo demandaron la presentación de los desaparecidos, la liberación de todos los detenidos, el inmediato cese a la represión y la violencia de Estado, así como la salida inmediata de la PFP.
Subrayaron que la presencia de la PFP desencadenó "patrullajes por toda la ciudad durante las 24 horas de la policía federal, estatal y municipal, fuertemente armados, haciendo detenciones y allanamientos, incrementando con ello el estado de inseguridad y terror permanente de la sociedad."
En este contexto, en entrevista, Regino reconoció que el foro se llevó a cabo en condiciones muy difíciles de hostigamiento gubernamental y con la Radio Ciudadana alentando a la población a presionar. "Es claro la situación del movimiento social en Oaxaca pasa por situaciones muy críticas ante la ofensiva del gobierno que con diversas acciones está prácticamente cancelando la posibilidad de diálogo".
Regino admite que esta opción se ve actualmente "remota y difícil, pues es evidente que la estrategia ahora coordinada de los tres niveles de gobierno de cumplir la ejecución de las órdenes de aprehensión".
¿Está cancelada la vía política?
Es claro que el gobierno ha optado ya por la ruta de la violencia institucionalizada. La designación de Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación habla de la mano dura que se pretende adoptar para tratar de resolver un conflicto, sin que lo vayan a lograr. Sólo radicalizarán más al movimiento frente a un agotamiento del modelo caciquil, pues si bien una de las demandas centrales es la salida de Ulises Ruiz, no basta con la salida, sino con la transformación de ese modelo.
Regino sostuvo que las decisiones que se han adoptado desde el pasado sábado competen no solo al gobierno foxista sino que ya involucran al nuevo gobierno que está por entrar. Tras censurar la pretensión de descabezar un movimiento que, por sus bases sociales, no se va a desarticular, aseveró que el gobierno de Felipe Calderón tiene la oportunidad de abrir espacio a la vía del diálogo y tratar de ir ampliando el reducido margen de legitimidad con el que llega.
En los resolutivos del foro, los pueblos indígenas advierten que no habrá gobernabilidad en Oaxaca mientras permanezca Ruiz al frente del gobierno. "Por esta razón instamos al Senado y a las instituciones federales competentes para que por las vías políticas y legales procedan a su destitución inmediata. Oaxaca no puede esperar más".
De igual forma se solicitó la desaparición de las emisiones ilegales de la pro-gubernamental Radio Ciudadana, "por su incitación al odio y a la violencia". En este marco ratificaron su "espíritu irrenunciable a favor de las vías pacíficas de solución al conflicto y condenamos la violencia como método para resolver la crisis política y social del estado. Nuestra lucha, es por la transformación profunda, democrática y verdadera del estado".
Finalmente, convocaron a fortalecer el proceso organizativo y de acción conjunta con la APPO, "sobre todo dinamizando en la base, todos los movimientos y organizaciones esta nueva actitud de apostar a todo lo que articule, a todo lo que a partir de lo nuestro, transforme y construya desde abajo". Por ello pidieron respeto al gobierno federal para este proceso oaxaqueño "que será nuevo y luminoso con base en valores, derechos y propuestas".
Por su parte, las decenas de organizaciones que presentaron al foro un pronunciamiento, solicitaron a la APPO evitar caer en provocaciones y actos de violencia y, por el contrario, seguir en la construcción de un movimiento pacífico de manera creativa, en la búsqueda de superar las condiciones de miseria y desigualdad en que han vivido los pueblos de Oaxaca.
En tanto, los obispos de la región pacífico-sur reconocieron que en Oaxaca "en el fondo, hay muchas situaciones de injusticia, que violentan permanentemente la convivencia social" y "pareciera que no queda otro remedio que soportar las arbitrariedades de una estructura social, económica y política que lesiona gravemente los derechos fundamentales de las personas, en particular de los más pobres y excluidos".
En reunión con sacerdotes, religiosas, religiosos, laicas y laicos en Santo Domingo Tehuantepec, encabezada por los arzobispos de Antequera-Oaxaca y de Chiapas, José Luis Chávez Botello y Rogelio Cabrera López, los jerarcas advirtieron que "mientras no se hagan, con la colaboración de todos los sectores, las reformas legales, económicas, políticas, educativas, electorales y sociales, que con urgencia reclama el momento, siempre seguirá latente el peligro de nuevos brotes de violencia que amenacen la paz social".
En ese sentido, llamaron a las autoridades federales y estatales, a los legisladores, a los líderes de grupos y organizaciones, a los maestros, a los empresarios, comerciantes y dirigentes sociales, "a ser sensibles ante los reclamos justos del pueblo, gobernar con honestidad y transparencia, no abusar del poder para reprimir, no manipular ni lucrar con la ignorancia y la pobreza de la gente".
"¿Se han preguntado en conciencia si su forma de proceder y los métodos que han utilizado están inspirados en un genuino deseo de servir al pueblo, y si son coherentes con las propuestas y demandas de justicia que se hacen?", cuestionaron. También convocaron en forma urgente a las partes en conflicto "a dar muestras de respeto mutuo, evitando más daños al pueblo oaxaqueño".
*Enviados especiales del diario mexicano La jornada
