La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México denunció que en los 31 estados del país y en el mismo Distrito Federal los servidores de salud pública han impuesto métodos de planificación familiar a la población indígena sin su consentimiento y sin informarles sobre los efectos.
En la investigación preliminar, la CNDH encontró que es frecuente que se advierta e incluso amenace a hombres y mujeres que no acepten los métodos de planificación, de retirarles los apoyos de los programas gubernamentales, incluyendo el servicio de atención médica. Según la CNDH, los agentes también prometen a los aceptantes bienes materiales y recursos económicos.
“En muchas comunidades no hay atención médica y donde la hay está mal atendida, con falta de medicamentos y en muchos casos se contrata a personas no capacitadas en los hospitales donde también se observa una tasa de mortalidad en los mismos hospitales. La privatización del conocimiento indígena en la salud, la imposición de métodos de planificación familiar sin consentimiento, la desnutrición y las enfermedades agobian a nuestras comunidades así como el mercado de estupefacientes”, denuncian los indígenas.
La CNDH emitió una Recomendación General dirigida al secretario de Salud, a los gobernadores de los 31 estados, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los responsables de los servicios de salud pública, por la violación a los derechos humanos de los integrantes de comunidades indígenas.
Con esta Recomendación General, la Comisión pidió que se respeten y preserven los derechos de las personas cuando se aplican programas gubernamentales de salud sexual y reproductiva.
Asimismo, pide que se cumpla el principio de "consentimiento informado" antes de tratar a un paciente y aclaró que estos principios deben concurrir en un marco de absoluta libertad y respeto al derecho reconocido de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
