Al menos 19 militares retirados disputarán diferentes cargos en los comicios generales del próximo 9 de noviembre en un país donde las estructuras estatales fueron controladas por dictaduras militares por más de dos décadas. El caso más notorio e indignante para buena parte de la sociedad civil es la aspiración a la presidencia del general retirado Efraín Ríos Montt, quien está implicado en algunas de las más atroces violaciones a los derechos humanos.
Guatemala se enfrenta nuevamente a caer en manos de los militares. Así lo han expresado las organizaciones sociales y algunos partidos políticos, que han convocado a los ciudadanos a que expresen su repudio al fallo de la Corte Constitucional, que permitió a José Efraín Ríos Montt, sindicado de ser uno de los principales violadores a los derechos humanos en Guatemala durante la década de los ochentas, ser el candidato presidencial del partido de gobierno en las elecciones generales de noviembre.
La Corte Constitucional admitió por cuatro votos a tres el recurso de amparo presentado por Ríos Montt, y ordenó al Tribunal Supremo Electoral inscribirlo como aspirante presidencial por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
Ante esto, los políticos de oposición y constitucionalistas calificaron de “golpe de Estado técnico” y de “violación de la Constitución” la admisión de la candidatura del exdictador Ríos Montt.
Ríos Montt, de 77 años, se convirtió en Jefe de Estado el 23 de marzo de 1982, cuando un golpe de estado depuso al entonces presidente Romeo Lucas. Su dictadura es señalada como la responsable de la muerte de cientos de oponentes políticos. Se le acusa también por haber organizado juicios sumarios con "jueces sin rostro" que condenaron a muerte a gran cantidad de activistas de izquierda. De igual forma, grupos de derechos humanos lo acusaron ante la Comisión de Esclarecimiento Histórico, adscrita a las Naciones Unidas, de haber promovido diferentes masacres contra comunidades indígenas.
“Nos estamos manifestamos porque Ríos Montt asesinó a nuestros seres queridos, asesinó a los niños, hombres y mujeres; las mujeres fueron violadas, por eso queremos justicia”, dijo a radios locales uno de los familiares de las víctimas indígenas.
La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, presentó en su momento ante tribunales españoles una demanda contra Ríos Montt, pero fue rechazada por la justicia ibérica al considerarla fuera de su jurisdicción. Para Menchú Tum con esta decisión se promueve "un golpe de estado" en el país centroamericano.
La organización Human Rights Watch calificó de “preocupante revés” para los derechos humanos la decisión de la Corte Constitucional.
“El general Ríos Montt está implicado en algunas de las más atroces violaciones a los derechos humanos cometidas en Latinoamérica en el siglo XX”, dijo José Miguel Vivanco, el director ejecutivo para la división de las Américas de esa organización, quien agrego que el militar “está totalmente incapacitado para servir como Presidente de Guatemala”.
El ex general sostiene que es inocente y que sólo es víctima de una conspiración de parte de sectores izquierdistas y adversarios políticos. Si embargo, el gobierno de Estados Unidos declaró públicamente que sus relaciones con Guatemala se verían afectadas si Ríos Montt llega a ganar las elecciones presidenciales en noviembre.
