Organizaciones indígenas, ecologistas, entidades estatales y privadas se reunieron ayer en Quito en el “Segundo Foro Ecología y Política: Pueblos Indígenas, petróleo y medio ambiente” para debatir sobre los impactos socio económicos y ambientales de la explotación petrolera en el Ecuador.
La FLACSO, el Comité Ecuménico de Proyectos (CEP), la Plataforma Interinstitucional para la Construcción de Consensos Socio-Ambientales (PICCSA) , la Universidad Católica, ILDIS, GTZ y la Fundación Friedrich Ebert organizaron el encuentro que se lleva a cabo en la Universidad Católica del Ecuador hasta el día de mañana.
La conflictividad que caracteriza a la industria de hidrocarburos se evidenció en 3 casos concretos expuestos por los representantes de las poblaciones amazónicas afectadas. En cuanto al caso Texaco, cuyo proceso ya se encuentra en las cortes ecuatorianas, el representante del Frente de Defensa de la Amazonía, Luis Yanza, hizo un llamado a todos los organismos e instituciones del país a vigilar el correcto desarrollo del proceso judicial, pues existe desconfianza en el sistema de justicia ecuatoriano.
Por su parte, Pablo Ortiz, representante de la Fundación Amazanga, al hablar sobre el petróleo en los territorios indígenas de Pastaza manifestó que la presencia de las empresas Arco Oriente, AGIP Oil y CGC en los bloques 10 y 23 ha promovido la división de las comunidades indígenas a través de sobornos y chantajes, lo que facilita la explotación petrolera sin control. También dijo que los gobiernos locales mantienen una relación clientelar con las petroleras y no reconocen la autonomía de las organizaciones indígenas en cuanto al gobierno de su territorio, y acusó al Estado de no asumir responsabilidades ambientales, de permitir la negociación en condiciones de desigualdad y de otorgar seguridad militar a las petroleras para garantizar la explotación.
La tercera ponencia estuvo a cargo del representante de la Federación Interprovincial del Pueblo Shuar, FIPSE, Bosco Najandae, quien sostuvo que a pesar de la presencia de la compañía Arco Oriente en Morona Santiago, diversas organizaciones indígenas de la zona se han unido para oponerse a la acción extractivista pues su deber es proteger la biodiversidad y el derecho de los pueblos amazónicos a la vida.
Las palabras del economista Alberto Acosta, quien abrió el foro, resumieron el sentir general acerca de la explotación petrolera en el Ecuador: “la idea de que el país requiere el petróleo para sobrevivir se ha convertido en un discurso político a través del cual se permite el abuso y manipulación del recurso petrolero sin importar las consecuencias sociales ni ambientales”.
