La violencia institucional contra las comunidades indígenas de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) no cesa. Las organizaciones sociales y comunitarias denuncian un nuevo atropello contra uno de sus miembros, el abogado Cliver Rocha, responsable del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
El abogado Cliver Rocha, responsable del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) sufrió un nuevo atentando cuando hombres que se movilizaban en moto lo golpearon brutalmente, mientras lo conminaban a abandonar la zona. De acuerdo con las organizaciones sociales y comunitarias “esta es la segunda agresión que sufre el abogado en lo que va del presente año. La primera, fue el pasado 13 de marzo, al salir de una audiencia en el juzgado Agrario de Riberalta, en la que defendía las tierras del pueblo indígena Tacana, asentados en la comunidad de La Esperanza, disputadas por el empresario barraquero Alex Ribert Rejas”.
La Central Indígena de la Región Amazónica (CIRABO) y las Centrales Indígenas Chiquitanas de Santa Cruz, han denunciado también amenazas de muerte a sus dirigentes y asesores, señalando la constante presencia de grupos armados que custodian predios ilegales, especialmente en la zona de Monte Verde.
Las organizaciones también se quejaron de la ausencia de resultados judiciales tras los múltiples atropellos, por lo que demandaron del gobierno los siguientes puntos:
1. Garantías para la vida y seguridad de los dirigentes indígenas y asesores del norte amazónico y Monte Verde.
2. Investigación y esclarecimiento de los hechos denunciados, como procesamiento penal para los responsables.
3. Desactivar los grupos armados que se vienen conformando en diferentes partes del país, causantes de la violencia contra indígenas y campesinos, en especial los que operan en el Territorio Indígena de Monte Verde en Santa Cruz.
Agresión contra la OICH
Por su parte, la Organización Indígena Chiquitano (OICH) denunció que un grupo armado ingresó a sus instalaciones el 28 de abril, amenazando al personal y a la dirigencia de la organización. Los agresores conminaron a los líderes a no seguir elevando denuncias contra la cooperativa La Unidad, la cual enfrenta una investigación por parte de la Superintendencia Forestal y la Superintendencia Agraria Nacional, relacionada con ocupación indebida de tierras, que comprometen a las comunidades indígenas de Monte Verde.
