Hoy se cumple un año de cuando iniciamos la Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales. El 13 de mayo del 2002 las organizaciones indígenas y campesinas de tierras bajas iniciamos esta marcha para reclamar la participación social en las definiciones nacionales. Nuestra propuesta, ajustada a la institucionalidad vigente, era que se aprobara una Ley de Necesidad de Reforma, modificando los Arts. 230 y siguientes de la CPE, para incorporar el mecanismo de Asamblea Nacional Constituyente participativa. Proponíamos que esta Asamblea Nacional Constituyente debía ser elegida por voto popular en circunscripciones uninominales, departamentales y nacionales para garantizar que esta ANC refleje las visiones local y regional, pero también tenga una visión nacional, de país, que es lo que nos falta hasta ahora.
También proponíamos que para elegir esta Asamblea pudieran postular candidatos los partidos políticos, pero también grupos de ciudadanos y las organizaciones sociales en las respectivas circunscripciones, con el respaldo de un número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. El gobierno, las bancadas parlamentarias y representantes de los partidos políticos, se comprometieron con nuestras organizaciones, ayllus, markas, comunidades, sindicatos, a concertar y aprobar un proyecto en Ley de Necesidad que incorporara la Asamblea Nacional Constituyente. Ese acuerdo se firmó el 21 de junio de 2002, pero el 1º de agosto del mismo año, el parlamento aprobó una Ley de Necesidad que no sólo no daba cumplimiento al acuerdo, sino que refuerza el control del poder político por los partidos a través del parlamento. Esta ley de Necesidad que negaba el clamor de los sectores sociales mayoritarios, fue aprobada a espaldas del país, a instancias del actual gobierno que se niega a una democracia participativa, que se niega a aceptar la crisis política del país y que en lugar de dialogar y concertar con los sectores sociales, amenaza constantemente con las armas del ejercito.
Hoy, a un año de que iniciáramos aquella marcha, observamos con mucha pena que la crisis del país ha empeorado. Que más de 50 hermanos bolivianos han sido asesinados por luchar por sus derechos, desde los campesinos de Yapacaní, compañeros campesinos en los bloqueos del mes de enero, hasta ancianos rentistas que marchaban defendiendo sus derechos y, finalmente, muchos policías, militares y civiles en la revuelta del 12 y 13 de febrero.
Nosotros estamos seguros que si el sistema político hubiera abierto las decisiones del país a la participación social y si hubieran permitido que todos los bolivianos nos sentáramos en una Asamblea Nacional Constituyente para definir conjuntamente el destino de nuestro país y nuestros recursos, y a pensar conjuntamente la forma de salir de la crisis, esas muertes se hubieran evitado.
Pero en lugar de concertar soluciones con los sectores sociales, el Gobierno se cierra en su círculo de poder y en su excluyente modelo económico y amenaza con las fuerzas militares.
Las organizaciones que marchamos hace un año, nos hemos reunido en medio de la crisis actual del país a conmemorar el inicio de la Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales, y observamos que no solo no se cumplieron los acuerdos para satisfacer las demandas nacionales, si no también que la situación económica y social ha empeorado y se siguen violando nuestros derechos.
Por lo anterior, las organizaciones indígenas y campesinas del Oriente, declaramos:
1. Ratificamos nuestra propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, con participación de todos los sectores sociales sin la mediación de los partidos políticos, para que entre todos los bolivianos, concertemos soluciones a la aguda crisis estructural del país.
2. Reclamamos soluciones concertadas y efectivas para salir de la crisis actual del proceso agrario, demandamos la titulación de tierras indígenas y campesinas, y garantías para la vida de dirigentes y asesores que trabajan por nuestros derechos.
3. Ratificamos nuestro compromiso de unidad y trabajo conjunto entre los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, originarias y campesinas, trabajadores asalariados del campo y otros sectores sociales para la defensa de nuestros derechos y terminar con el estado de exclusión.
CPESC, CONAMAQ, FSUTC-S.C., BRTOLINA SISA, MST, CIOEC, CDTAC, CONSEJO DE PUEBLOS INDÍGENAS DE YAPACANÍ, ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE SAN IGNACIO DE VELASCO Y OTRAS
