Más de catorce años de lucha cumplieron los indígenas Quechua de Sarayacu, provincia de Pastaza, defendiendo sus territorios de las ambiciosas succionadoras multinacionales que han querido apoderarse del petróleo que corre bajo suelo ecuatoriano. Hoy, las comunidades reciben el apoyo internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que instó al gobierno ecuatoriano, a través de medidas cautelares, a defender la vida, integridad física, psicológica y moral de estos pueblos amazónicos.
Medidas cautelares tendrá que adoptar el gobierno ecuatoriano, luego de una demanda interpuesta por la comunidad indígena Quechua de Sarayacu ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de defensa y promoción de los derechos humanos de la OEA, que el pasado 5 de mayo acogió las denuncias presentadas por este pueblo aborigen contra la Compañía General de Combustibles CGC-Chevrón y el Estado Ecuatoriano.
La comunidad de Sarayacu está localizada aproximadamente a 300 kilómetros al sur-oriente de Quito y ha estado bajo serias amenazas causadas por el conflicto con la compañía petrolera Argentina CGC desde julio de 1996, fecha en la que el Estado Ecuatoriano firma un contrato con esta compañía para la exploración y explotación de petróleo crudo en el Bloque 23 de la Región Amazónica. Desde diciembre de 2002 la comunidad se ha declarado en estado de emergencia en todos sus territorios que abarcan más de 135 mil hectáreas, con una población estimada en más de 1100 habitantes. Todo sus miembros se han movilizado para defender sus tierras ancestrales y su cultura en contra de la explotación petrolera.
“La Asociación de Centros Indígenas de Sarayacu Tayjasaruta, frente a los acontecimientos que se desarrollan en nuestros territorios, como consecuencia de las actividades de las empresas petroleras, de manera particular por parte de la compañía petrolera Argentina CGC (Compañía General de Combustibles), expresamos nuestra profunda preocupación por los graves riesgos que significa para nuestro pueblo la acción Divisionista de la Compañía y la manipulación que esta realizando en las Comunidades y Organizaciones Indígenas de Pastaza, y ahora mucho más preocupante que la Texaco - Chevron se mete a explorar en nuestro territorio.”
Es por eso que la CIDH emitió medidas cautelares que obligan al Estado ecuatoriano a:
"1.- Adoptar todas las medidas que considere necesarias para asegurar la vida y la integridad física, psíquica y moral de los miembros de las Comunidad Indígena Sarayacu, en especial de Franco Viteri, José Gualinga, Francisco Santi, Cristina Gualinga, Reinaldo Alejandro Gualinga, Elvis Fernando Gualinga Malaver, Fabiran Grefa y Mareclo Gualinga ... que podrían estar siendo objeto de amenazas o amedrentamientos por parte del ejército o de civiles ajenos a la Comunidad.
2- Investigar los hechos ocurridos el 26 de enero de 2003 en el "Campo de Paz y Vida Tiutihualli", de la Comunidad de Sarayau y sus consecuencias; juzgar y sancionar a los responsables.
3.-Adoptar las medidas necesarias para proteger la especial relación de Comunidad Sarayacu con su territorio."
Por su parte, la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA), le recordó de igual forma al gobierno ecuatoriano que: “las comunidades tienen el derecho constitucional a ser consultadas cuando se realizan proyectos que las afectan directamente. Éste y otros casos muestran lo que sucede cuando los Estados desoyen el clamor de sus pueblos. COICA espera que este caso sirva de precedente para no actuar de manera inconsulta, especialmente en lo referente a las actividades extractivas en los territorios de los Pueblos Indígenas”.
El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que representan legalmente a la comunidad de Sarayacu, anunciaron que continuarán presionando al gobierno ecuatoriano para el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH.
Una larga lucha
Sarayacu tiene una larga historia de oposición a la explotación petrolera, por causa de sus graves impactos ambientales y sociales denunciados en repetidas ocasiones. En 1989 la comunidad impidió que la compañía ARCO termine sus exploraciones de petróleo dentro de sus territorios. El conflicto con CGC/ChevronTexaco tuvo su inicio en 1996 cuando el gobierno del Ecuador y la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina subscribieron un contrato de exploración de petróleo en el “bloque 23”, abarcando 200 000 hectáreas de cuales la mayor parte es territorio de Sarayacu. El pueblo Sarayacu no fue consultado y desde el inicio se opuso a la exploración petrolera. En 1999, la petrolera Estadounidense Chevron, se hizo socio con 50% de participación en el bloque. En 2001 Chevron se fusionó con Texaco, y formaron ChevronTexaco.
El 26 de enero de 2003, miembros de la comunidad de Sarayacu llegaron a un campamento de la CGC en el Bloque 23 y expulsaron a 25 trabajadores. Un operativo militar en la zona terminó con la incautación de 12 escopetas de caza y la detención de cuatro indígenas de Sarayacu quienes una vez liberados a pocas horas de su detención, declararon que “los militares les apuntaron con fusiles y les ataron hasta unirles pies y manos por la espalda y luego iniciaron un interrogatorio”.
“Sarayacu dejará de defender sus territorios cuando su pueblo desaparezca”, fueron las palabras de victoria, emitidas por los líderes indígenas ecuatorianos, quienes no dejarán que las multinacionales desangren su cultura, su territorio y su razón de vivir.
