“La nueva industria petrolera ya no comete los errores del pasado” afirmó esta semana el representante de la Asociación de la Industria Petrolera y ex ministro de Energía, René Ortiz, en la jornada de debate del foro “Ecología y Política: Pueblos indígenas Petróleo y Medio Ambiente”, que se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Católica de Quito.
Ortiz compartió la mesa de debate con otros actores involucrados en la actividad petrolera entre los cuales estuvo Tito Panchi de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Esperanza Martínez de la ONG Ambientalista Acción Ecológica, y Juan Carlos Franco de la Empresa Estatal Petroecuador. Cada uno en representación de su grupo, expuso las ventajas y desventajas de la explotación de petróleo y las posibles alternativas a esta actividad.
Para Panchi, representante del sector indígena, la política neoliberal con sus estructuras verticales y de represión favorece la inversión privada de las petroleras y se contrapone al anhelo de autonomía de las poblaciones indígenas, lo que genera conflictos. Para solucionar esta situación, la CONAIE propone la creación de un ordenamiento jurídico que garantice a los pueblos indígenas el acceso legal a sus territorios y el respeto a sus derechos, la elaboración de políticas de gestión ambiental y combatir la pobreza.
Por su parte, Esperanza Martínez en representación de los ecologistas, dijo que los daños ambientales causados solo por Texaco alcanzan los 709.220 millones de dólares que es más de lo que cualquier empresa petrolera pueda ganar y mencionó que la única alternativa para evitar este tipo de catástrofes socio ambientales es la moratoria a la expansión petrolera que implica, entre otras cosas, detener la ampliación de la frontera de explotación hacia áreas protegidas y redefinir la política energética del país.
A esto, el ex ministro de Petróleos, René Ortiz y representante de los petroleros privados respondió que hay una clara línea que divide la actividad petrolera pasada, en la cual se enmarca el caso Texaco, y la actual, que tiene compromisos sociales y ambientales que se cumplen. Aseguró también que el marco jurídico ecuatoriano es adecuado y suficiente para llevar a cabo la explotación petrolera sin causar ningún perjuicio y que no es asunto del petróleo que los malos gobernantes malgasten los recursos que esta actividad deja.
Para concluir las exposiciones, Juan Carlos Franco de Petroecuador, dijo que a pesar de que el Estado ha cambiado su forma de manejar la actividad petrolera –que en Ecuador como en otros países de la Cuenca Amazónica se lleva a cabo mayoritariamente en territorios amazónicos, algunos declarados áreas protegidas- y se ha preocupado por crear mecanismos que generen una responsabilidad socio ambiental en las operaciones, estos no se concretan: “todavía no se ha aumentado el costo socio ambiental al barril de petróleo, pues el Ministerio de Energía y Minas es quien pone el precio al barril y este debe ser el más bajo para obtener la mayor rentabilidad”, afirmó.
Las polémicas ponencias de cada uno de los panelistas desataron los cuestionamientos del público, especialmente de los representantes de los pueblos indígenas, quienes denunciaron que la “nueva” industria petrolera sigue cometiendo atropellos como el acuerdo ilegal de ampliación del plazo de permanencia de las compañías CGC y Burlington en los bloques 23 y 24 suscrito por el propio René Ortiz, cuando fue Ministro; y del economista Alberto Acosta quien denunció que las empresas petroleras privadas dejan porcentajes mínimos al Estado tras sus operaciones y se apoderan de todo el capital.
