Los abajo firmantes, en nuestra calidad de Senadores de la Republica, hacemos manifestación expresa de nuestra indeclinable aptitud democrática en defensa del derecho de los pueblos a la libre y soberana autodeterminación de los intereses nacionales, así como de los bienes que constituyen el patrimonio cultural, social, político y económico del país, unidos con el sentir expresado por los representantes de los pueblos hermanos de América Latina y del Caribe, frente al Acuerdo de libre Comercio para las Américas reunidos en la ciudad de Quito, suscribimos la totalidad “Declaración de Quito” y nos comprometimos a desarrollar sus propuestas. De igual modo los invitamos a su adhesión a esta declaración:
Nosotros, Parlamentari@s de México, Uruguay, Perú, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Colombia, Québec, reunidos en Quito los días 29 y 30 de octubre del 2002, en el marco del “Encuentro Continental sobre el ALCA y el rol de los parlamentos“, hacemos la presente declaración, frente a la VII Conferencia Ministerial de Negociación del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), de acuerdo a las siguientes consideraciones:
Primera: Como delegatarios de la soberanía popular, tenemos el ineludible compromiso de legislar para el bienestar integral y en consecuencia para la mejoría de la calidad de vida de nuestras comunidades nacionales.
Segunda: Que a pesar que los Estados democráticos y soberanos sólo pueden existir y mantenerse con un apropiado sistema de participación e información ciudadana y con un régimen parlamentario fuerte , los ciudadanos de nuestros países y los Parlamentos han sido objeto de un sistemático desconocimiento por parte de quienes llevan a cabo las negociaciones del ALCA. Los textos del ALCA, han sido realizados en un escenario de secretismo, con reuniones cerradas, plazos arbitrarios, documentos incompletos y de acceso restringido.
Tercera: Que cualquier acuerdo de “libre comercio“ es una decisión política que modifica y determina las condiciones de vida de los ciudadanos, tiene que ver con la soberanía popular y, por ende, debe ser conocidos ampliamente, analizados, discutidos y sancionados por los Parlamentos nacionales y refrendados por el conjunto de la ciudadanía.
Cuarta: Que las grandes potencias tienen un control sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los mercados, la industria, el comercio, las finanzas, la agricultura y los servicios, a lo que se suman los subsidios a su producción interna, condiciones que determinan que los países latinoamericanos no estén en capacidad de competir.
Quinta: Que la fórmula del “libre comercio”, promovida por el ALCA favorece una política de apertura indiscriminada que arruina la producción industrial y agropecuaria, elimina los derechos de los trabajadores, socava las normas de protección de los consumidores, acrecienta el endeudamiento público, y pone en peligro la conservación del patrimonio económico y natural.
Sexta: Que el ALCA, tal como está concebido reforzará las reformas económicas y la privatización de los servicios públicos esenciales como el agua, la salud, la seguridad social, la educación, la electricidad y las comunicaciones, transformando a los ciudadanos de usuarios de bienes y servicios en clientes de empresas transnacionales.
Séptima: Que el ALCA pretende consolidar el control de recursos estratégicos como son el petróleo, el agua , la biodiversidad, y el conocimiento ancestral, mediante patentes de propiedad intelectual-entre otros-, en manos de transnacionales principalmente al servicio de los intereses de una única potencia: los Estados Unidos, que quiere acaparar para sus empresas, un mercado de 800 millones de consumidores y consolidar el flujo regular de recursos desde el sur del continente hasta su propio territorio.
Octava: Que otras iniciativas promovidas desde los Estados Unidos como la Organización Mundial de Comercio, el TLCAN, el Plan Puebla Panamá, y la ruta hacia el ALCA, buscan mantener la hegemonía de este país en detrimento del desarrollo de nuestros pueblos.
Novena: Que la imposición del año 2005 para que entre en vigencia el ALCA no es aceptable ya que obliga a los países adecuan sus instrumentos legales, económicos y políticos sacrificando sus agendas soberanas y violentando la voluntad popular que en América Latina y el Caribe demuestran que la ciudadanía clama por cambios sociales, justicia y dignidad.
Como representantes electos somos conscientes de la responsabilidad que tenemos ante nuestros pueblos frente al ALCA , en consecuencia declaramos:
Primera: Invitar los Parlamentos nacionales, como representantes de los pueblos americanos, a discutir y decidir sobre todos los acuerdos en torno al comercio internacional, en tanto que estos afectan la soberanía y las condiciones de vida de los ciudadanos del Continente y a fijar agendas soberanas con relación a la integración. En consecuencia, sugerimos que donde no existan, se constituyan comisiones parlamentarias especiales para atender lo correspondiente al ALCA y otros proyectos de integración comercial similares.
Segunda: Proceder, como paso inicial a estas discusiones, a evaluar los resultados y procesos de varios acuerdos internacionales como son el TLCAN, el Plan Puebla Panamá, la OMC, y otros.
Tercera: Propiciar procesos de integración de nuestros pueblos, en donde haya respeto a la dignidad y a la autodeterminación. Cualquier proceso de integración debe ser equitativo y sostenible, debe satisfacer las necesidades de más 70% de nuestra población que viven en situaciones de extrema pobreza y debe revertir la tendencia de que el 70% de nuestras exportaciones sean recursos naturales y materias primas.
Cuarta Proponemos que se de una amplia difusión de los documentos que discuten los grupos de negociación, definiendo claramente los países que presentan o apoyan y solicitar que se elimine el carácter secreto que hasta ahora han tenido las negociaciones.
Quinta: Promover la más amplia unidad nacional de empresarios, indígenas, campesinos, obreros y ciudadanía en general para defender el mercado interno como el fundamento de desarrollo de cada nación
Sexta: Proponer al Parlatino conformar una Comisión especial para abrir el debate continental , mantener la vigilancia sobre cualquier tipo de negociación en torno al libre comercio y ser promotores de la participación ciudadana cumpliendo el mandato de nuestras representaciones.
Séptima: Rechazar el ALCA y exhortar a nuestros gobiernos a retirar de las rondas de discusión a sus equipos de negociadores, procurando el fortalecimiento de organismos y acuerdos de integración latinoamericana y del Caribe, como son el CAN, Mercosur, Caricom, entre otros
Octavo: Finalmente expresamos nuestro agradecimiento al Honorable Congreso Nacional del Ecuador y al Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo quienes se han distinguido por su fraternal acogida y la efectiva conducción de este encuentro parlamentario, contribuyendo notablemente a su resultado exitoso.
Otra integración es posible
Firman:
Miguel Bartolini, México
Petra Santos, México
Santiago Guerrero, México
Mónica Xavier, Uruguay
Juan José Domínguez, Uruguay
Ritha Fletes, Nicaragua
Agustín Jarquín Anaya, Nicaragua
Evo Morales, Bolivia
Jorge Alvarado, Bolivia
Marcelo Aramayo, Bolivia
Félix Santos, Bolivia
Jorge Enrique Robledo, Colombia
Gerardo Jumí, Colombia
Calixto Mejía, El Salvador
Javier Diez Canseco (delegado en Aída García), Perú
Iris Varela, Venezuela
Pedro Carreño, Venezuela
Jesús Garrido, Venezuela
Carlos Espinoza, Venezuela
Antonio Posso, Ecuador
Atentamente,
GERARDO A. JUMI TAPIAS
JORGE ENRIQUE ROBLEDO
Senadores de la Republica
