A unos 500 kilómetros de la ciudad de Lima, en plena selva amazónica, reserva estatal de los Nahua/Kugapakori, se encuentran los yacimientos de San Martín y Cashiriari, también conocidos como Bloque 88 Camisea. Su presencia pone en grave riesgo a los habitantes indígenas que viven en la zona. La Coordinadora Indígena de la cuenca Amazónica (COICA) ratificó su rechazó enfático al proyecto de explotación de gas en territorios indígenas.
Para la organización indígenas, “por mas beneficios que tenga una explotación a las empresas y a grupitos económicos que viven de la miserabilidad de las personas, no justificar sacrificar o cambiar los sistemas espirituales, culturales o social de ningunos pueblos. Nuestra posición es en contra de criminales que han violado a lo largo de los tiempos nuestros derechos y la vida misma de miles y miles de hermanos en la Amazonia”.
De igual forma, repudió la posición de algunas organizaciones indígenas, que por medio del Manifiesto Público del 31 de Agosto del 2003, titulado: Declaración de los Pueblos Indígenas Matsiguenga y Yine Yami del Bajo Urubamba y bases de CONAP, apoyaron el proyecto, cuya licencia de explotación fue adjudicada al consorcio liderado por Pluspetrol Perú Corporation S.A., por un periodo de 40 años, y con una inversión aproximada de US$550 millones.
“Lamentamos que existan “organizaciones indígenas” que sirvan para apoyar estas barbaries, ignoren las graves violaciones a nuestros derechos fundamentales, resultado de la presencia arbitraria de estos actores externos, que han traído consecuencias como desaparición, diezmados pueblos de manera brutal, nos ha dejado enfermedades, prostitución, alcoholismo, ocupación nuestros territorios, destrucción, etc”.
Para la COICA, son necesarios procesos amplios, transparentes y consensuados que permitan establecer los mecanismos adecuados que garanticen la vida de los pueblos indígenas, en especial de las etnias Matsiguenga y Yine Yame, las más afectados por el proyecto Camisea.
“Los Pueblos Indígenas Amazónicos, conocemos por experiencias de varios países, que los mega proyectos de explotación de los recursos naturales existentes en nuestros territorios, nunca han sido ejecutados en el marco de respeto a nuestros derechos, como lo establecen las Constituciones de cada uno de nuestros países ni los instrumentos jurídicos internacionales, como el convenio 169 de la OIT”.
Finalmente, la Coordinadora Indígena llamó la atención a las personas y organizaciones que firmaron el Manifiesto Público, sobre la responsabilidad que asumen ante los impactos del proyecto Camisea “cuyos efectos ya se constatan y se constatarán en nuestros pueblos hermanos”.
