Una tensa situación se vive en territorio boliviano, luego de tres semanas de intensas protestas y choques entre la población indígena y campesina, liderada por Felipe Quispe Huanca, el “Mallku”, con la fuerza pública. Las protestas, que tienen como fondo el rechazo de miles de labriegos y mineros a la exportación de gas a Estados Unidos, han cobrado la vida de varios indígenas. A partir del próximo lunes arranca una huelga general e indefinida, decretada por la Central Obrera Boliviana (COB).
El hecho más cruento se registró el pasado sábado 20 de septiembre, cuando hombres de las fuerzas militares, apoyados por aviones caza, ametrallaron de manera indiscriminada a hombres, mujeres y niños de Warisata, bajo el argumento de querer rescatar a 800 pasajeros, entre ellos 40 extranjeros, que quedaron bloqueados en la población de Sorata.
Ante este sangriento hecho, El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) sostiene que el Gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Losada busca imponer por la vía de las armas y de la violencia el proceso de negociación de los recursos naturales del país, desconociendo los intereses y opiniones de las comunidades.
También señalan como, a pesar que ante los medios el presidente convoca a los campesinos a dialogar y consensuar, las fuerzas militares actúan buscando provocar a los manifestantes.
Control de las carreteras
Una de las principales estrategias utilizadas por los campesinos e indígenas ha sido el bloqueo y control de las carreteras que de las La Paz conduce a Oruro y la que de La Paz comunica con Achacachi y Copacabana. Lo anterior ha sucitado fuertes enfrentamientos con la fuerza pública, quien ha detenido hasta el momento a 21 campesinos.
“No queremos enfrentamientos con los militares, sólo exigimos que liberen a los 21 campesinos detenidos el lunes en Konani y se retiren del altiplano porque esta es tierra de aymaras y no de verdes”, denunció el secretario de organización de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Lucio Huanca.
Aunque personajes como monseñor Jesús Juárez, el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Sacha Llorente, y la Defensora del Pueblo, Carmen Beatriz Ruiz, en una reunión conminaron a las partes a sentarse a dialogar, la decisión de los campesinos es la de mantenerse hasta las últimas consecuencias.
“Los militares se creen dueños de los caminos y como tienen armas nos abusan. Pero ya estamos cansados de estas cosas porque no nos van a controlar”, ratificó Lucio Huanca.
Huelga general a partir del lunes
La situación del presidente Sánchez de Lozada no es sencilla, pues a la protesta indígena y campesina se le suma desde el próximo lunes una huelga general e indefinida decretada por la Central Obrera Boliviana (COB), como medida de protesta por las medidas económicas implantadas por la administración, en las cuales se incluye una Ley de Seguridad Ciudadana, el Código Tributario, la exportación de gas a Estados Unido en vez de industrializar el producto y un “acatamiento” a la ratificación del ALCA, la ley de hidrocarburos, el decreto 21060 y la ley de capitalización, todas ellas favoreciendo a las transnacionales que, de acuerdo con la central obrera, se apoderaron del petróleo y del gas bolivianos.
