Los indígenas de la región brasileña de Rondônia, mejor conocidos como los indios Cinta Larga, recibió la visita del relator nacional para el derecho humano al medio ambiente, Jean-Pierre Leroy, como observador independiente para valorar los constantes atropellos de que son víctimas las comunidades por parte de inversionistas privados.
Los indios Cinta Larga vienen padeciendo fuertes presiones, reflejadas en asesinatos no esclarecidos, amenazas e incursiones territoriales, por parte de inversionistas privados que aprovechan la ausencia de leyes que protejan el derecho colectivo de los pueblos indígenas para realizar de manera indebida explotaciones de recursos minerales.
Muy a pesar de que el Estado brasileño ratificó tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), algunos sectores buscan mecanismos para adelantar explotaciones mineral en tierras indígenas, violando los derechos humanos y los derechos económicos, culturales y sociales de las etnias.
La situación se torna más grave, cuando el mismo Estado brasileño no adopta las medidas necesarias para proteger a los Cinta Larga. Aunque la comunidad indígena elaboró, con apoyo de especialista, un plan de emergencia, plan cuya aprobación contó con la presencia del Gobierno Federal, aún no se han destinado los recursos para su ejecución.
El plan busca garantizar la posesión de las tierras, amenazadas por la explotación de diamantes. Su temor radica en que la violencia sistemática que se viene ejerciendo los lleve a la extinción, toda vez que en menos de 30 años la población fue reducida de 5.000 a 1.300 individuos.
La visita del relator nacional para el derecho humano al medio ambiente será acompañada por un equipo formado por el Ministerio Público Federal, la Funai y representantes de entidades indígenas. También fueron invitados observadores de los Ministerios da Justicia y de Minas y Energía.
El Proyecto Relatores Nacionales en Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales está promovido por la Plataforma Brasilera de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, con apoyo del Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, de la Secretaría Especial de Derechos Humanos y de la Fiscalía Federal de los Derechos del Ciudadano.
Los resultados del trabajo de los relatores son presentados a la sociedad civil y autoridades brasileras, además de organismos internacionales de protección de los derechos humanos, como la ONU y la OEA.
