La máxima organización indígena del Ecuador sentó su voz de protesta frente a la política petrolera del gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, por considerarla lesiva para los derechos fundamentales de las más de 20 nacionalidades existentes, consagrados en la Constitución Política y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Preocupada por la política de expansión de la frontera petrolera en el Ecuador, impulsada por el actual gobierno y en especial por la situación de conflictos existentes en esta materia, en el centro sur de la Amazonía, la Coordinador Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) ha planteado la necesidad de encontrar alternativas viables que respeten los derechos de las nacionalidades de ese país, consagrados en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Consideramos que el gobierno central, con el apoyo de organismos como el Banco Mundial, ha tratado en los últimos años de establecer un marco jurídico favorable a los intereses del capital transnacional, tal como se evidencia en el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocaburíferas o en el de Consulta Previa y Participación, y en la reforma que se impulsa en el Congreso Nacional a la Ley de Hidrocarburos, donde se atenta contra los intereses centrales del Estado y del pueblo ecuatoriano. Todo esto constituye un entorno de violación fragante a los derechos ciudadanos y colectivos establecidos en la Constitución.”
Muchas de las comunidades afectadas como lo son la Kichwa, Shuar y Achuar han iniciado procesos de resistencia en defensa de sus territorios ubicados en las zonas petroleras de Pastaza y Morona Santiago, y en especial de los llamados bloques 23 y 24 concesionadas a las compañías CGC y Burlington, respectivamente.
“El gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, en lugar de brindar garantías legales y cumplir con los mandatos constitucionales o respetar los convenios internacionalmente suscritos y ratificados por el Estado, como el Convenio 169 de la OIT, amenaza y amedrenta a nuestras comunidades, enjuicia a los dirigentes de las comunidades y organizaciones de base, para ratificar por esa vía, el carácter servil de su régimen a los intereses de la oligarquía y las empresas transnacionales, involucrándonos de manera irresponsable en la globalización neoliberal”.
Para la CONAIE, este escenario político y económico no brinda ninguna garantía legal frente a los derechos de las nacionalidades indígenas y, al contrario, evidencia un retroceso en el proceso democrático de ese país.
Frente a este panorama, la CONAIE manifiesta a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1. Reiteramos la decisión de defender nuestros territorios y de proponer al país la necesidad de una política petrolera distinta que respete nuestros derechos y nuestra decisión de tener una propuesta de vida, basada en el un modelo que responde a nuestra cosmovisión y que al mismo tiempo ofrece al país y al mundo alternativas de aprovechamiento equitativo y sostenible de los recursos existentes en nuestros territorios amazónicos.
2. Rechazamos las amenazas de militarización y las campañas de desinformación y soborno, emprendidas por el Ministerio de Energía y Minas y las empresas CGC y Burlington, que atentan contra los derechos de las comunidades Kichwa, Achuar y Shuar, generando división y ruptura interna de las nacionalidades y pueblos con nefastas consecuencias para nuestro futuro.
3. Respaldamos las demandas planteadas por las organizaciones afectadas en los bloques 23 y 24, para que se revise y suspenda dichos contratos petroleros por atentar además contra los intereses generales de la nación y el Estado, y respaldamos las iniciativas que al respecto adopte la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Nacional.
4. Declaramos la necesidad de que entre los pueblos indígenas, el Estado central y los gobiernos locales definamos nuevas políticas y reglas petroleras para los territorios indígenas en la región amazónica, con énfasis en la subregión Centro Sur, correspondiente a los territorios Kichwa de Pastaza, Shuar, Shiwiar, Zápara y Achuar, donde se delimiten zonas excluidas de toda actividad petrolera y minera ahora y en el futuro.
5. Demandamos del Estado y de las autoridades competentes, la auditoria y fiscalización
independientes de las empresas responsables, de los programas de relacionamiento comunitario y de los impactos ambientales, sociales y culturales de los bloques 21 y 10 de la provincia de Pastaza y de todos aquellos bloques en operación en los territorios Huaorani, A´i Cofán, Kichwa, Siona-Secoya, cuyos derechos económicos, sociales y culturales también deben cumplirse y respetarse.
6. Rechazamos el actual Reglamento de Consulta Previa y Participación (Decreto Ejecutivo 3401) y advertimos de las graves consecuencias de su aplicación, por atentar contra los derechos de las organizaciones y comunidades, y contradecir principios establecidos en la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.
7. Condenamos enérgicamente la persecución a varios de nuestros líderes y dirigentes, sometidos a juicios penales viciados de mala fe y arbitrariedad que pretenden crear zozobra, tensión y confusión a lo interno de nuestras organizaciones, y exigimos de las autoridades del gobierno acatar incondicionalmente las disposiciones emanadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) y por los jueces de lo civil de Puyo y Macas, respecto a los recursos de amparo resueltos a favor de las organizaciones afectadas en los bloques 23 y 24, respectivamente.
8. En vista de que el petróleo no ha resuelto los problemas de pobreza e injusticia que pesan sobre el pueblo ecuatoriano, y al contrario, ha sido la fuente para un mayor endeudamiento externo y corrupción, proponemos que la conservación del Centro y Sur de la Amazonía Ecuatoriana pueda significar una alternativa viable de ingresos económicos sin mayor endeudamiento externo, con una distribución más equitativa de los recursos a nivel provincial, regional y para los pueblos indígenas, y permita promover un modelo económico que a largo plazo asegure bienestar económico, ambiental y cultural para las futuras generaciones de ecuatorianos y ecuatorianas. Además con ello, contribuiremos desde la Región Amazónica Ecuatoriana a mitigar los efectos negativos del cambio climático y el deterioro del planeta.
9. Llamamos a las organizaciones sociales fraternas, sindicatos, organizaciones estudiantiles, gremios profesionales, Codenpe, Prodepine, Dineib, Dinspe, Congreso Nacional, universidades, Defensoría del Pueblo, organizaciones de mujeres y barriales, Juntas Parroquiales, gobiernos locales de la Amazonía, organismos de cooperación nacional e internacional, intelectuales, Iglesia y medios de comunicación, para que se unan en solidaridad a la causa de la defensa de los territorios indígenas de la Amazonía Centro Sur, en especial del pueblo Kichwa de Sarayacu, y a la definición de políticas petroleras más soberanas y respetuosas de los derechos colectivos de nuestras nacionalidades.
