Los pueblos indígenas u originarios, como también se los denomina, apuestan a construir un Estado que exprese, sin discriminación alguna, a todos quienes viven dentro del territorio boliviano. Se saben mayoría y de que el país ha construir debe tener un rostro indígena, pero también reconocen que desean edificar un espacio territorial plural para los no indígenas.
A contrapelo de los criterios y temores de las élites dominantes del país, ésa es quizá la principal coincidencia que dirigentes campesinos e indígenas alcanzaron en un foro internacional celebrado hace unos días en la ciudad de La Paz a iniciativa del Fondo Indígena y del Ministerio de Asuntos Indígenas.
Divergencias, como es lógico, se registraron en el curso del evento que contó con la activa presencia de dirigentes y parlamentarios indígenas de otros países de América Latina. Sin embargo, salió a luz la homogeneidad de criterios en torno a concebir la Asamblea Constituyente como un espacio de participación en la perspectiva de ampliar sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
Por lo demás, también quedó de manifiesto que, para los indígenas, la Asamblea Constituyente no será la varita mágica con la cual se resolverán todos los problemas del país de manera inmediata, pero que sí se dará inició a un proceso cuya profundidad dependerá de la unidad con la que, sobre todo las clases subalternas, actúen en todo momento. Pero hay algo que quedó más claro. Los indígenas, a diferencia de algunos dirigentes obreros, asumen la bandera de la Asamblea Constituyente como suya y no se cansan de reivindicar que su incorporación en la agenda pública es producto de una larga lucha, cuya primera etapa concluyó en octubre pasado con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Estado multinacional
Los indígenas, a diferencia de lo que ocurre en otros países del continente, saben que representan por lo menos el 68 por ciento de la población, tomando en cuenta a los que viven en el área rural y a los que habitan los centros urbanos.
Sin embargo, como quedó de manifiesto en la intervención de varios de sus participantes, están lejos de pensar en la estructuración de un Estado única y exclusivamente indígena. "A nosotros no nos tomaron en cuenta en la fundación de la República pero no responderemos de la misma manera", afirma Carlos Medina, médico tradicional chiquitano.
Bolivia tiene un Estado excluyente. De eso los indígenas son sus principales víctimas. Sin embargo, como han manifestado Santos Anahua del Conamac (Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Collasuyo) y José Bailaba, parlamentario chiquitano del MAS, la motivación de los pueblos originarios es refundar un país y un Estado multinacional y pluricultural. Esta "animosidad histórica" de la que habla Alfonso Alem, estudioso en temas indígenas que durante varios años trabajó en la fundación Rigoberta Menchú, se explica por el rol protagónico que los pueblos originarios han venido teniendo en América Latina en general y en Bolivia en particular.
La Constituyente como proceso
Otra de las coincidencias registradas en el foro internacional es la mirada larga de los pueblos indígenas. A pesar de los innumerables problemas estructurales que afectan a esa mayoría demográfica, tienen la certeza de que la Asamblea Constituyente es parte de un proceso mucho más amplio y que requiere de paciencia y sabiduría.
Todas las intervenciones, no obstante la presencia de una angustia por el actual estado de cosas, se orientaron a concebir a la Constituyente como un proceso cuyos resultados no se verán a corto plazo, pero a la vez como un espacio en el cual se consolidará lo logrado en materia de derechos individuales y colectivos.
Y es que, como expresan las conclusiones, los indígenas reclaman, primero la unidad de sus dirigentes y las bases, lo cual ya es una señal de advertencia lanzada a sus caudillos, Evo Morales y Felipe Quispe, por citar un ejemplo, y segundo la necesidad de establecer alianzas con sectores no indígenas, incluso empresarios, para garantizar una Asamblea Constituyente exitosa."Todos unidos", afirma una de sus principales conclusiones al momento de subrayar que la Constituyente debe ser excluyente y que a un país plural, como reflexiona Alem, no puede sino corresponder una representación y participación plural.
"Hay una conciencia de ir a un proceso, por primera vez en la historia, en busca de una estructura de Estado y una normativa, en busca de un pacto de convivencia, que no existió en los casi 180 años de historia republicana y los cerca de 300 años de historia colonial", enfatiza Alem.
La composición
El foro internacional no tuvo por objetivo abordar el tema de la composición de la Asamblea Constituyente en términos resolutivos, pero no pocos participantes hicieron referencia a ello. Por un lado, los menos, plantearon que la composición de la Asamblea Constituyente debe reflejar el 68 por ciento de mayoría indígena que existe en el país, por lo que la elección de los asambleístas debe ir por la vía de la representación corporativa.
La crítica a ese planteamiento es que alimentaría los temores que se tienen en sectores no indígenas de la población y que, como esperan muchos de los acólitos del actual estado de cosas, sería el pretexto para inviabilizar la Asamblea Constituyente.
La otra idea, todavía en proceso de reflexión, es aceptar el desafío de que los asambleístas sean elegidos mediante el voto directo, tal como sucedió en otros países latinoamericanos, como el Ecuador y Venezuela.
Y no pocos expresaron que el punto de encuentro puede ser una combinación de formas de representación directa y corporativa, cuyos porcentajes deben, sin embargo, ser producto de un consenso entre todos, lo cual incluye a los partidos y a las organizaciones naturales, así como a las diversas formas de organización de la sociedad civil. Por eso, en el foro de destacó la idea de que la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, que es quizá el paso más complejo, debe ser consensuada entre todos los bolivianos.
¿Oriente versus occidente?
Finalmente, si algo quedó claro en el encuentro indígena es la inexistencia de contradicciones insalvables y de fondo entre los pueblos originarios de las tierras bajas (Oriente) y los de las tierras altas (Occidente).
En ningún momento se escucharon criterios de "la Bolivia que bloquea" y "la Bolivia que trabaja", como ya es costumbre escuchar en dirigentes políticos y empresariales del Oriente, particularmente del departamento de Santa Cruz. Esos son criterios, como sostiene Alem, de élites del Oriente que en realidad sólo buscan encubrir sus intereses político-empresariales, muy ligados, como afirmaría Álvaro García Linera, a las poderosas corporaciones transnacionales.
