Como en ninguna otra parte de los países de América Latina, en el Ecuador los afrodescendientes y sus organizaciones sociales gozan de un escenario oportuno para el fortalecimiento de su movimiento social y el caminar seguros hacia la conquistas de sus demandas de tipo étnicas y culturales.
Esta visión optimista de la coyuntura que atraviesa el movimiento social afroecuatoriano se hace justo en medio del panorama crítico y convulsionado en sacude a la Nación, la cual desde finales del decenio pasado no se recupera de una honda crisis social caracterizada por una economía inestable y ahora dolarizada que mantiene al 61% de los ecuatorianos en un nivel de pobreza según el censo de 2001, por gobiernos corruptos, impopulares y alineados al FMI que terminan derrocados, una deuda externa que supera los 14.365 millones de dólares y entre intereses y amortizaciones se come más del 44% de los ingresos del Estado, y por si fuera poco un salario mínimo menor a los 121 dólares, mientras la canasta familiar se calcula en más de 350 dólares según el INEC.
Las oportunidades de avanzada política que poseen los afroecuatorianos no se registran en otros países andinos. En Colombia, por ejemplo, donde los afrodescendientes dieron interesantes conquistas territoriales y sociales expresadas en la ley 70 de 1993, las mismas hoy están en franco desmonte dado el agudo conflicto interno que golpea en específico los territorios ancestrales. En Venezuela en cambio la coyuntura del chavismo mantiene neutralizado al movimiento afro, mientras en Perú y Bolivia, prácticamente apenas se avanza en forma incipiente en una plataforma ideológica de interés. En el Ecuador en cambio, desde finales de los años 90 las organizaciones se han movilizado en perspectiva de jugar importante rol en demandas de políticas culturales de inclusión que permitan mayor amplitud democrática, de acuerdo a los preceptos de la Constitución de 1998 que hacen del país una nación multiétnica y pluricultural. En ella, de manera excepcional, los afroecuatorianos lograron el reconocimiento de “Pueblo” (art 83) y por tanto 15 de derechos colectivos especificados en el artículo 84 de la misma carta. Con ello las organizaciones han comenzado a movilizarse demandando del Estado la garantía de un conjunto de derechos económicos, sociales, políticos, territoriales y culturales; las cuales poco a poco se van concretando en política públicas expresadas en la intencionalidad de formular programas específicos tendientes a la participación política, fortalecimiento de su sociedad civil, garantía a sus derechos al territorio, a la protección de su identidad, el fomento de los derechos humanos y el desarrollo productivo.
Además de ello, debe anotarse que las organizaciones conocen de otros instrumentos internacionales que de aplicarse serían garantes efectivos para sus conquistas, entre ellos figuran: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención de Naciones Unidas Contra la Discriminación Racial y la Declaración y el Plan de Acción de la Cumbre de Durban (2001), donde se insta a los estados para que adopten medidas de acción afirmativas y de políticas públicas a favor de los afrodescendientes, víctimas de la esclavización, del racismo y la exclusión, que sean garantes de medidas que los saque de la pobreza extrema y la marginalidad histórica característica
Estos logros, naturalmente son producto de la organización y movilización del pueblo afroecuatoriano, que le ha significado ganar experiencia en la presión, concertación y defensa comunitaria, la capacidad de argumentación, el diálogo y el aprendizaje de la negociación. Pero igualmente no se puede dejar de lado que dichas oportunidades no pasan del plano discursivo, legal y de los papeles. Esto por cuanto al movimiento social ha demostrado poca destreza en el cabildeo político, se ha quedado corto en ser contundente y en la ganancia de capital social suficiente para que el Estado pase del plano de las formalidades a los presupuestos, los cuales en últimas hacen realidad las políticas públicas. La debilidad institucional de espacios públicos como la CODAE, el Unidad del Pueblo Negro del Municipio de Quito y la Dirección adjunta de Derechos Humanos de la Defensoría, son los ejemplos más crasos.
Diríamos entonces que a la luz de los acontecimientos, el movimiento social de los afroecuatorianos debe concentrarse en una agenda política que los conduzca no solo al logro de unos derechos establecidos, sino que además los coloque en el centro del debate nacional, de modo que la opinión pública deje de verlos como sujetos marginales y los aprecie como actores políticos de relevancia. En este sentido, varios son los puntos de la agenda: i) La propuesta de ley de derechos colectivos, la cual ya desde 1999 se comenzó estructurar, pero que adolece de consenso y de estrategia de aprobación por el Congreso; ii) la implementación del programa de etnoeducación, que en otros países va de avanzada como instrumento central del fortalecimiento de la identidad cultural justo en la coyuntura de la globalización; iii) la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo que con recursos del BID, las mismas comunidades formularon en el 2003 y que requiere que sea asumido por el Estado como una política pública orientadora de la inversión social para estas comunidades, iv) El fortalecimiento institucional interno a través de la puesta en escena de un espacio de coordinación nacional que evite la dispersión y la fragmentación que viven las 120 organizaciones más representativas, y v) La conexión y alianza internacional que ya existen, pero que en Ecuador se mantienen débiles, tales como Afroamerica XXI, la Red Continental de Mujeres Negras y la Alianza Estratégica Afro.
Otros puntos de la Agenda Política que merecen mirarlo con detenimiento tienen que ver con: a) la puesta en marcha de las Circunscripciones Territoriales Afroecuatorianas, inicialmente en el Norte de Esmeraldas y en el Valle del Chota, las cuales son previstas por la Constitución y cuya implementación implica un ordenamiento territorial, político, fiscal y de competencias de gobierno por parte del Estado, situación bien compleja dado que afectaría los intereses de la hegemonía; b) la Participación Política en el Congreso mediante circunscripción electoral especial, pues para hacer del Ecuador una verdadera Nación multiétnica se requiere que sus pueblos y nacionalidades sean realmente representados, tal como existe en otros países; c) Puesta en marcha del Plan Nacional de Derechos Humanos del pueblo Afro, el cual fue adoptado como política de Estado mediante decreto ejecutivo 1527 de 1998, instrumento vital dada la aguda situación que se vive en materia de violencia racial en Quito, Guayaquil y Sucumbíos, lo mismo que en las cárceles y de manera muy especial en San Lorenzo, área fronteriza con Colombia donde se aplica el Plan Patriota.
La Agenda Política es entonces la justificación de las oportunidades que goza el movimiento social afroecuatoriano. La misma que le permitirá avanzar no solo en la perspectiva de la transformación social del Estado y de la Nación, sino como camino para construir una verdadera propuesta de autonomía y de etnodesarrollo, la cual es urgente dado el conjunto de amenazas en ciernes que rodean a los pueblos más pobres del Continente, justo en momentos de imposición de nuevos vientos de la corriente neoliberal: los tratados de libre comercio, el ALCA, la fundamentación política de las corrientes de derecha, la interdicción militarista, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
