Las tierras del Perijá, la Guajira y el Catatumbo no son de los gringos, firman las comunidades indígenas y sus dirigentes de base. Se pretende quitarles a los pueblos indígenas Yukpa y Barí el papel protagónico que la otorga la Constitución y la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat de los Pueblos Indígenas.
Las corporaciones multinacionales del carbón a través de concesiones mineras otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) o por las firmas de contratos de arrendamientos con CORPOZULIA adscrita la Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD) pretenden hoy desalojar a miles de indígena Barí, Yukpa, Wayúu y Añúu de sus aguas y tierras ancestrales.
A espaldas del Protocolo de Kyoto, los capitales multinacionales del carbón Anglo American Coal (inglesa/surafricana), RAG Coal International (alemana), Excel (australiana), Tomen (japonesa), TransMar Coal (norteamericana), Carbonífera Caño Seco (irlandesa), entre otras, con la anuencia del Estado venezolano, ya sea a través de los MEM o MPD, se encaminan a elevar a mediano plazo la explotación de carbón de 8 millones de toneladas anuales a 36 millones y a construir un compleja infraestructura binacional minera portuario vial dentro de la estrategia estadounidense de la IIRSA/ALCA diseñada por los capitales financieros del BID, CAF y Banco Mundial para nuestra América.
Mineral este a corto plazo necesario en Estados Unidos para superar el consumo anual a en más de 1.200 millones de toneladas, que en el 97 significó el 57% (800 millones de t/a) del total de la energía consumida en dicho país; desde el descalabro energético de California se ha emprendido un plan masivo de instalaciones de plantas de generación fogueadas con carbón auspiciado por Bush.
Se entiende que fueron las atrevidas corporaciones multinacionales enquistadas en los países de las Américas las que montaron la antesala necesaria para concretar la estrategia político jurídico administrativa para que desde la visión estadounidense se configuraran las propuestas de los Tratados de Libre Comercio o el ALCA/IIRSA, para América del Sur, o el ALCA/PPP, para México y Centro América. Por cuenta propia, o a través de la banca, o a través de las embajadas consiguieron la promulgación de adecuadas leyes y normas para adquirir concesiones, firmas de flexibles contratos, convenios complacientes o simplemente adquirir baratas empresas estatales mineras.
Es en este marco histórico como se entiende la ilegal y apátrida manera como el Estado venezolano entrega en el Noroeste y Suroeste el estados Zulia a estas multinacionales del carbón, las aguas, tierras y bosques de las comunidades ancestrales indígenas ubicadas en el piedemonte de la Sierra de Perijá, desde el río Guasare, municipio Páez y la Isla San Carlos/San Bernardo en el municipio Almirante Padilla hasta Río de Oro en el municipio Jesús María Semprún.
Por estructurarse, de manera exclusiva, el desarrollo económico y social de la República Bolivariana de Venezuela a través de la renta petrolera y minera, y por haber permeabilizado esta renta y quehacer petrolero todas las instituciones y la sociedad mayoritaria, les cuesta a las comunidades indígenas hacer valer sus derechos a sus tierra consagrados en la Constitución y convenios internacionales; por ello su actual aislamiento y su debilidad política. Y de allí, también se desprende el papel obstruccionista y racista que encabeza e impone la representante del MEM en la Comisión Nacional de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, al exigir subordinación de dicha demarcación territorial a la nueva Ley de Minas (1999) y el rechazo a las propuestas que hace el Concejo Nacional Indígena de Venezuela (CONIVE) a la desconocida e inconsulta propuesta oficialista del Reglamento Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat de los Pueblos Indígenas.
Se pretende quitarles a los pueblos indígenas el papel protagónico que la otorga la Constitución y la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat de los Pueblos Indígenas a través de maniobras y tecnicismos jurídicos en aras de favorecer los intereses económicos de los capitales transnacionales mineros, que saben que si este Reglamento se logra estructurar dentro de la visión multiétnica y pluricultural que asoma la Constitución, las cosmovisiones indígenas y los parámetros del desarrollo endógeno se derogará suspender sus concesiones mineras o contratos de arrendamientos. Esta actitud anti nativa por parte del MEM, una vez más, quedó demostrada en desarrollo del II Taller sobre Metodologías para Impulsar el Proceso de Demarcación de Hábitats y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Marco de la Discusión del Proyecto de Reglamento de la Ley de Demarcación, Puerto La Cruz, estado Anzoátegui los días 19, 20 y 21 de mayo de 2004.
Pero esta actitud se repite en serie al interior de otras instancias gubernamentales, tales como en el Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional de Tierra (INTI) al negárseles a los indígenas la entrega de Cartas Agrarias en los municipios fronterizos de La Guajira y Perijá donde arbitrariamente el MEM entregó las tierras indígenas en concesiones mineras, quizás por esta razón cada vez que ocurre un secuestro en el Zulia, de inmediato se dispara por parte de los organismo de seguridad adscrito al los Ministerios de Defensa y del Interior y Justicia un plan despiadado de hostigamientos a los moradores de la zona en estos espacios montañosos fronterizos, y la no tardada presencia de personeros criollos de las empresas carboneras exigiendo la salida, previa compra de las bienhechurías, de estas tierras dadas a ellas en concesiones mineras.
Esta posición se fortalece a negar el Estado venezolano la presencia de sus instituciones encargadas del desarrollo y la defensa de la soberanía en las zonas fronterizas indígenas, campesinas y de desplazados colombianos, pero muy en especial al incluir el carbón y otros minerales ubicados en el subsuelo de estas comunidades como los elementos estructurantes y dinamizadores del Eje de Desarrollo Occidental propuesto por el MPD en el marco del Eje de Integración Andina (IIRSA), para darle salida hacia Estado Unido a los ansiados recursos naturales provenientes de los cinco países de la Comunidad Andina a través del Mar Caribe/Océano Pacífico, tres de ellos hoy, dentro de la óptica del Plan Colombia, firmantes con sus amos del Norte de Tratados de Libre Comercio.
El Gobierno revolucionario de la llamada Quinta República cometió el error de terminar de desmantelar instancias de la Cuarta República que sin mayor aliento venían cumpliendo algunas labores de socorro a los indígenas, tal como a nivel de la tenencia de la tierra lo venía haciendo el Instituto Agrario Nacional (IAN) y su Comisión Indígena, redujo a simples labor intercultural bilingüe las múltiples roles la Dirección de Asuntos Indígenas (DAI) adscrita la Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así mismo por decreto presidencial traspasó todos los asuntos relacionados con la mejora de los modos y calidad de vida de los indígenas a la Comisión Presidencial para la Atención de los Pueblos Indígenas, presidiendo la Comisión no es un indígena, sino el Vicepresidente Ejecutivo, los indígenas están relegados a un segundo plano conformando un Consejo Consultivo, esta comisión nunca ha funciona.
Por otra parte, el mandato de la nueva constitución (1999) para obligar a demarcar las tierras y hábitats indígenas en un lapso no mayor de dos años, después de ser promulgada la Constitución, fue entrampada a nombrar una Comisión Nacional para Demarcar las Tierras y varias Comisiones Regionales, donde la correspondiente al estado Zulia nunca se ha efectuado una reunión donde haya asistidos todos sus miembros, no tiene presupuesto y está imposibilitada de realizar cualquier acción que no esté autorizada por la Comisión Nacional. Fue entrampada en razón de incluir en su seno, así como en la Comisión Presidida dirigida por el Vicepresidente de la República, varios representantes de organismos y ministerios destinados al desarrollo exógeno concebido en el Eje de Desarrollo Occidental, como es el MEM, MPD, Ambiente, Defensa, CORPOZULIA, entre otros.
Será muy duro para los ocho indígenas, miembros de la Comisión, derrotar la prepotencia y argumentaciones de los planes desarrollistas de los siete especialistas representantes ministeriales defensores de otros intereses, será duro hacerles entender que en lugar de carbón, u otro mineral, el piedemonte de la Sierra de Perijá en La Guajira Perijá debería quedar como fuente de oxígeno, para desarrollar cultivos menores y preservar su potencial biogenético e hídrico, esta propuesta no entra dentro de los planes de Puerto América y del Eje de Desarrollo Occidental que viene impulsando el Gobierno, desde estos ministerios, así como los cuatro Gobiernos anteriores, conjuntamente con los capitales transnacionales del carbón. Hasta la fecha el Ministerio de Ambiente, ente coordinador de la Comisión Nacional y Regionales no se ha querido nombrar los asesores propuestos por los representantes, pueblos y comunidades indígenas, todo parece indicar que se van a nombrar después que todo esté cocinado, es decir después que esté aprobado el Reglamento de Demarcación.
Ante la posible pérdida de las tierras indígenas en la mesa de negociación, entiéndase Comisión Nacional de Demarcación, la dirigencia indígena de base y sus comunidades se organizan para ocupar las tierras, que históricamente les pertenecen hoy en manos de hacendados, y resistir a los capitales mineros y sus aliados gubernamentales bajo el grito “Los Gringos no Tienen Tierras en La Guajira y Perijá”, dadas que estas tierras son sus hábitats y territorios desde tiempos inmemorables tal como lo confirman hoy los petroglifos encontrados en los ríos Maché, Guasare, Socuy y Cachirí (La Guajira) o los hallazgos y estudios antropológicos en Perijá.
Este negocio del carbón además de ocasionar un gran impacto cultural, social y ambiental, resulta ser un mal negocio, inclusivo para Venezuela, ya que la Unión Europea bajos los lineamientos del Protocolo de Kyoto se dispone de inmediato a reducir drásticamente el consumo de energía fósil, muy en especial el carbón por ser el principal generados de CO2, uno de los gases causante del calentamiento de la tierra y de la perdidas humanas, sociales y económicas que viene ocasionando a nivel mundial.
Ante esta responsable posición de los países europeos ante la humanidad toda, afirman los expertos energéticos asistentes al Foro Nacional del Carbón “Los Retos de la Industria Carbonífera en el Siglo XXI”, Riohacha, Colombia, 29 y 30 de septiembre de 2001, ocasionaría una abundancia de carbón y la baja mundial de sus precios, y por ello la necesidad de abaratar costos y la reducción del pago de impuestos, royalties, sueldos y demás responsabilidades sociales y contractuales de estas multinacionales con trabajadores y los países dueños de este mineral.
El traspaso de CARBOZULIA de PDVSA a CORPOZULIA por parte del Gobierno nacional obedece a estas razones estratégicas energéticas mundiales en la cual Venezuela y su Gobierno son victimas, sólo que al pueblo se le dice que es para devolverle el carbón a los zulianos y distribuirles sus “ganancias”, es decir el burdo pago por impuestos y royalties. La tajada grande se la lleva las multinacionales mineras, quedándole al Zulia la deforestación, ríos y acuíferos subterráneos contaminados, suelos sin aguas, secos e improductivos, enormes cráteres generados por rusticas minas a cielo abierto, trabajadores enfermos por neumoconiosis por carbón, vecinos aledaños a las agostas carreteras muertos o lisiados por los constantes accidentes viales ocasionados por el desplazamiento las 24 horas del días de las gandolas transportadoras de carbón, así como destrucción de las carreteras asfaltadas, la contaminación atmosférica y los daños a las vías respiratorias de los moradores cercanos a los puertos y terminales carboneros.
