La Coordinación de las Organizaciones Aborígenes del Amazônia Brasileño (COIAB), miembro de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y las Organizaciones del Noreste, de Minas Gerais y Espirito Santo (APOINME), organizaciones indígenas mas grandes de Brasil, rechazan las crecientes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de Brasil por parte del presidente Ignacio Lula la Silva, señalan que, “su política va en el sentido contrario, atendiendo más a las presiones de grupos políticos y económicos interesados en explotar las tierras indígenas y los recursos naturales existentes”.
En el manifiesto señalan algunos casos de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, “principalmente del derecho territorial (gama de la montaña del Zorro del Sol, en Roraima; Suiá-Missú, del pueblo Xavante, en Mato Grosso; situación agraria de tierras aborígenes en el noreste). crece la posibilidad que haya revisión de la demarcación, reducción de su territorio, como quisieran los hacendados, políticos y otros invasores contrarios a la aprobación del territorio de Raposa”, aseguran que si esto ocurría habrá serios conflictos territoriales.
De la misma forma “la Tierra Indígena Cachoeria Seca, del pueblo Arara, en Pará, con extensión de 760.000 hectáreas, que ya tiene la estancia demarcatoria Nº 26/MJ, de 22 de enero de 1993, bajo presión de los latifundistas del Estado corre el riesgo de no ser demarcada y aprobada en área continúa como tierra Indígena, provocando su reducción; igualmente, “en la región nordeste de Brasil, de las 72 tierras pertenecientes a 51 pueblos indígenas, apenas 19 (26% del total) están legalizados. Las de más se encuentran sin providencia en la justicia o están con los procesos de demarcación paralizados”
Las organizaciones solicitan que las comunidades sean consultadas sobre la pavimentación de “la carretera BR-163, ya que estos pueblos representan una de las partes más afectadas por el proyecto de pavimentación que va desde el municipio de Cuiabá, en el Estado de Mato Grosso, hasta Santarém, Estado de Amazonas – y por el Plan BR-163 Sustentable, que está en vías de ser concretizado”.
Denuncian que se “agrava rápidamente la presión asesina sobre nuestros pueblos y los recursos naturales, por las nuevas formas de cultivos sobre nuestras tierras en todo Brasil, a través de la producción agropecuaria de exportación, como la (soya, ganado, algodón, etc.), en detrimento de la integridad de los ecosistemas, de la biodiversidad, de la cultura y salud de nuestros pueblos”
Las poblaciones indígenas repudian que el gobierno militarizó “la política indigenista federal, pasando la responsabilidad de la misma para el Gabinete de Seguridad Publica. A esa medida se suma un proceso organizado de desprestigio, criminalizasión y humillación a las organizaciones indígenas llevado a cabo a través de los medios de comunicación nacional”
Estos casos que las Oganizaciones Indigenas COIAB y (APOINME), presentan, ante el publico evidencia que los pueblos indígenas no son consultados como estipula en el Artículo 06 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde señalan que las comunidades afectadas deben ser previamente consultadas.
Señalan que el gobierno con las actitudes negativas con los pueblos indigenas fortalecen, a “Los tradicionales enemigos de los pueblos Indígenas que fortalecen en el Congreso Nacional y dentro de los partidos políticos anteriormente aliados, sobre todo en el Partido de los Trabajadores (PT), el partido del Presidente Lula, que durante más de 20 años fue un enroño defensor de los sectores populares y pueblos indígenas” y señala que “en el Congreso, hay varias proposiciones de retirar de la Constitución Brasileña, nuestros más sagrados derechos conquistados” . Se manifiesta como ejemplo “el Proyecto de Ley (PL) de N º 188/2004 que anula nuestros derechos con respecto a los procedimientos de demarcación de nuestras Tierras y el Proyecto de Ley 1610, que quiere legalizar la minería en tierras Indígenas de forma contraria a nuestros derechos de usufructo de nuestras Tierras; así también el Proyecto de Ley (PL) de N º 188/2004 que anula nuestros derechos con respecto a los procedimientos de demarcación de nuestras Tierras”.
Las Organizaciones indígenas de Brasil atribuyen al Gobierno Lula, que ha sido incapaz de presentar “una propuesta clara de política indigenista, incluso después de la Audiencia concedida al líderes del movimiento indígena brasileño el día 10 de mayo de 2004, ocasión en que nosotros presentamos las propuestas, que entre otras cuestiones exigíamos: la consolidación, protección y gestión sostenible de los territorios indígenas; políticas que aseguren el derecho a la salud y educación escolar en todos los niveles, garantizando la atención diferenciado; respeto a la identidad y valorización de las culturas indígenas; la inmediata creación de un nuevo Órgano Indigenista; el apoyo del Gobierno Federal a una Legislación Indigenista en los términos de la Constitución de 1988; y un verdadero dialogo interétnico y participación indígena en las Instituciones y Políticas Públicas”;
Los pueblos indígenas de Brasil, a través de sus organizaciones representativas, están predispuestos a dialogar con el Gobierno Federal, pero, “El Gobierno de Lula, en la práctica cerró las puertas del dialogo con los pueblos y organizaciones indígenas, al punto que el presidente del órgano indigenista federal, Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el Sr. Mércio Pereira Gomes, desconoce las organizaciones indígenas como interlocutoras. En ese contexto, la “Mesa de Diálogo” instituida durante la Audiencia realizada con el Presidente de la República el día 10 de mayo de 2004, no existe”.
Frente a esta situación, la COIAB y la APOINME hace un llamado a todas las organizaciones indígenas nacionales e internacionales y organismos de derechos humanos, a exigir el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en Barsil, así como fue su compromiso durante más de dos décadas junto a los pueblos y organizaciones indígenas de Brasil.
