Representantes de organizaciones indígenas peruanas denunciaron los graves impactos ambientales, sociales y culturales que ocasiona la actual política de concesiones para las industrias extractivas en bosques amazónicos, que coloca en situación de vulnerabilidad a comunidades y pueblos originarios.

 

En conferencia de prensa realizada en la ciudad de Iquitos los líderes indígenas exhortaron al gobierno a reflexionar seriamente sobre las consecuencias irreparables que se está ocasionando en la amazonia peruana y le pidieron “cumplir y hacer cumplir de manera estricta y eficaz las normas ambientales y sancionar drásticamente las violaciones a éstas”. 

 

De igual modo peruano, se leyó un comunicado en el que solicitan que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos “sea debida y adecuadamente consultado con los Pueblos Indígenas para que seamos informados de sus contenidos, alcances e impactos”.

 

Al respecto indicaron que es fundamental preservar el respeto irrestricto a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos y protección al ambiente, como el Convenio 169 de la OIT y el Convenio de Diversidad Biológica así como toda la normatividad que protege los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

 

El comunicado fue suscrito por representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus filiales regionales ARPI, CORPI, FENAMAD, ORAI, ORAU y ORPIAN quienes participaron en un Taller sobre Hidrocarburos realizado del 24 al 26 de enero.

 

Concesiones hidrocarburíferas

 

Roger Rivas Korinti, Jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba denunció que el gasoducto Camisea es una coladera y existe un deficiente control y monitoreo ante accidentes, tal como ocurrió con el derrame de condensados líquidos ocurrido el 22 de diciembre y que dañó los recursos ictiológicos, ganado y la salud humana.

 

Exigió que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) atienda el pliego presentado por las organizaciones indígenas y campesinas afectadas a fin que se investiguen las causas del último derrame y se tomen medidas que aseguren no ocurran casos similares.

 

Rivas exigió paralizar las audiencias públicas convocadas por el MEM referidas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del lote 56, denominado Camisea 2, mientras no se atienda la petición anterior.

 

También se denunció la inacción del Estado frente a las empresas OXY y Pluspetrol quienes desde hace 30 años derraman crudos de petróleo en el río Corrientes ocasionando muerte y enfermedades a la piel y al estómago de indígenas, carentes de todo tipo de atención.

 

Al respecto los suscritos proponen que el Estado promueva un plan de limpieza general del río Corrientes y afluentes, un plan de recuperación de los recursos hidrobiológicos actualmente desaparecidos y el otorgamiento de medidas de reparación e indemnización a las comunidades indígenas afectadas.

 

Otro caso de denuncia fue la política divisionista de la empresa OXY que pretende por todos los medios explorar y explotar el territorio del pueblo Achuar, para lo cual ha formado pequeñas organizaciones falsamente representativas, violando la autonomía de los pueblos indígenas.

Hernán López, Presidente de la Organización Regional Aidesep Iquitos (ORAI), denunció asimismo las maniobras de la empresa Repsol que despliega sus operaciones en las cuencas de los ríos Napo, Arabela y Curaray obviando consultar a las comunidades indígenas a pesar que éstas sufrirán los impactos de su actividad. Indicó que la empresa prioriza reunirse con centros poblados mestizos con los cuales les es más fácil llegar a un entendimiento.

 

Concesiones Forestales

 

En el tema de concesiones forestales los dirigentes indígenas afirmaron que las autoridades no toman en consideración los territorios indígenas al establecer concesiones que se superponen a territorios titulados y a propuestas de reservas comunales. Indicaron que existe la amenaza de concesionar parte del área de la propuesta de Reserva Apayacu-Ampiyacu- Medio Putumayo.

 

Los suscritos hicieron causa común con la Comunidad Chorinashi y pidieron anular el contrato sobre su territorio entregado al Consorcio Forestal Amazónico, la anulación definitiva de la orden de desalojo que pesa sobre los miembros de la comunidad, el cese de las hostilizaciones contra las familias comuneras y la libertad de los indígenas encarcelados por esta causa.

 

Concesiones mineras

 

En Madre de Dios las concesiones mineras sobre diez comunidades indígenas siguen ocasionando graves conflictos sociales y enfrentamientos por la posesión de territorios que pertenecen ancestralmente a comunidades indígenas sin que el gobierno intervenga para pacificar y solucionar estos problemas.

 

Por otro lado, se denunció que 56 comunidades indígenas de la región Amazonas y 4 de la región Cajamarca sufren los impactos de la empresa minera Afrodita que además de la deforestación contamina el aire, agua, suelo y subsuelo del territorio indígena.

 

Fundamentos de la posición indígena

 

Shapion Noningo Sésen, Vicepresidente de la AIDESEP, lamentó que no exista una política de estado que asegure que las recaudaciones que el fisco obtiene de las grandes inversiones en industrias extractivas retornen a las comunidades y les depare algún beneficio.

 

Noningo afirmó que el gobierno no es celoso en exigir que las industrias extractivas empleen tecnología de punta que les permita cumplir stándares ambientales satisfactorios a fin de minimizar los impactos, quizás por que se trata de comunidades alejadas, perdidas en la amazonia.

 

Como pueblos estamos liderando un proceso de incidencia para que se escuchen las demandas indígenas. “Quisiéramos que los funcionarios y la sociedad civil conozcan mejor lo que se sucede en la amazonia” dijo Shapion.

 

Nuestra estructura organizativa está resistiendo pacíficamente la invasión inconsulta de las empresas como en el caso del pueblo Achuar, en el Pastaza. Y es que los pueblos indígenas somos personas pacíficas y confiamos en nuestras autoridades pero deben saber también que toda paciencia tiene un límite, afirmó el dirigente nacional wampis.

 

Comunicado de las organizaciones: alto a la actual política de concesiones de bosques amazónicos

 

Los abajo suscritos, representantes de las organizaciones indígenas de las regiones de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Cusco, Subregión Nor Oriental del Marañon y Selva Central de Junin, nos hemos reunido en la ciudad de Iquitos los días 24, 25 y 26 de enero para evaluar los graves impactos que vienen ocasionando las empresas petroleras, gasíferas, mineras y forestales en nuestros territorios tradicionales, y hemos decidido declarar a la opinión publica nacional e internacional lo siguiente:

 

1. Denunciamos los graves impactos sociales, culturales y ambientales que están ocasionando diversos tipos de concesiones de industrias extractivas en territorios indígenas, y que están afectando el bosque tropical amazónico, sus ecosistemas, recursos naturales y afecta la diversidad biológica y agrava la situación de vulnerabilidad de comunidades y pueblos indígenas cuyo modo de vida y subsistencia depende íntegramente del bosque tropical amazónico.

 

Concesiones hidrocarburíferas

 

2. Caso Lote 56 (Camisea 2). Denunciamos la falta de control y supervisión del proyecto Camisea que el 22 de diciembre ocasionó un derrame de condensados líquidos que produjo la muerte de miles de peces y animales silvestres así como daños al ganado y salud humana. Pedimos que se cumplan las sanciones dictaminadas por la OSINERG por daños comprobados e irreparables ocasionados al bosque tropical del Urubamba.

Exigimos que el Ministerio de Energía atienda y responda el pliego presentado por las organizaciones indígenas y campesinas afectadas a fin que se investiguen las causas del último derrame y se tomen medidas que aseguren se eviten casos similares.

 

De igual manera exigimos la paralización de las audiencias públicas convocados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para el análisis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del lote 56 Camisea 2 mientras no se atienda la petición inicial.

 

Reiteramos nuestro pedido para que se cumpla y respete el Convenio 169 de la OIT en el sentido que se hagan consultas oportunas y por medios adecuados y no se hagan las audiencias de manera simbólica para simular consultas efectivas.

 

3. Caso Río Corrientes. Denunciamos la inacción del Estado frente a las empresas OXY y Pluspetrol por la permanente y comprobada contaminación que desde hace 30 años ocasionan por medio del derrame de crudos y que han generado y siguen generando daños muy graves a la salud, ocasionando muerte y enfermedades a la piel y al estómago de indígenas, carentes de todo tipo de atención.

 

4. Exigimos que el Estado asegure la ejecución de un plan de limpieza general del río Corrientes y afluentes, así como un plan de recuperación de los recursos Hidrobiológicos actualmente desaparecidos. De igual modo demandamos medidas de reparación e indemnización a las comunidades indígenas afectadas que han visto alterados sus medios de subsistencia de forma irreparable.

 

5. Caso Lote 64.  Denunciamos la política divisionista de la empresa OXY que pretende por todos los medios la exploración y explotación del territorio del pueblo Achuar, para lo cual ha formado pequeñas organizaciones falsamente representativas, violando la autonomía de los pueblos indígenas. Reiteramos nuestra decisión como pueblo de no permitir la exploración petrolera en nuestros territorios porque hemos observado muy de cerca los graves impactos que sufren nuestros hermanos del Río Corrientes y que el estado aún no hace nada por remediar.

 

6. Caso Napo, Arabela y Curaray.  Denunciamos la acción de la empresa Repsol que viene explorando petróleo en las cuencas de los ríos Napo, Arabela y Curaray sin haber efectuado la debida consulta a las comunidades indígenas que serán las principales afectadas por las actividades de dicha empresa. Denunciamos la política divisionista y de dádivas de la empresa, que pretende controlar socialmente a la población, sin respetar la autonomía de las organizaciones indígenas.

 

Concesiones Forestales

 

Denunciamos la política de concesiones forestales que no respeta los territorios indígenas y que incluso se superponen a territorios titulados, y sin consulta a las comunidades y pueblos organizados.

 

7. Reserva Apayacu-Ampiyacu-Putumayo. Alertamos la amenaza que se cierne sobre la propuesta de Reserva Comunal Apayacu-Ampiyacu y medio Putumayo, y que pretende ser concesionado para la explotación forestal.

 

8. Caso Chorinashi. Exigimos la exclusión del territorio indígena de la Comunidad Chorinashi del área de concesión forestal entregada al Consorcio Forestal Amazónico y la anulación definitiva de este contrato. De igual modo exigimos la anulación de la orden de desalojo que pesa sobre los miembros de la comunidad y el cese de las hostilizaciones contra las familias comuneras. Exigimos inmediata libertad de los hermanos indígenas encarcelados (Milton Silva Bautista y otros).

 

Concesiones mineras

 

9. Caso Madre de Dios: Denunciamos los impactos que vienen sufriendo diez comunidades de la región Madre de Dios a consecuencia de la actividad minera entrega por concesiones que se sobreponen a territorios indígenas y que ocasionan deforestación, contaminación, entre otros impactos. La actividad minera viene ocasionando graves conflictos sociales como enfrentamientos por la posesión de territorios que pertenecen ancestralmente a comunidades indígenas sin que el gobierno haga algo por buscar una solución a estos problemas.

 

10. Caso Amazonas-Cajamarca. Denunciamos los impactos que ocasiona la actividad de exploración y prospección minera de la empresa Afrodita en 56 comunidades en Amazonas y 4 comunidades en Cajamarca que se expresa en la contaminación de aire, aguas, suelo, subsuelos y deforestación en general.

        

Sobre el Tratado de Libre Comercio – TLC

 

11.  Exigimos que la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos sea debida y adecuadamente consultado con los Pueblos Indígenas para que seamos informado adecuadamente de sus contenidos, alcances e impactos. Pedimos, asimismo se incorporen cláusulas que aseguren de manera precisa el respeto irrestricto a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos y protección al ambiente, como el Convenio 169 de la OIT y el Convenio de Diversidad Biológica. De igual modo exigimos la vigencia de toda la normatividad que protegen los derechos colectivos de los pueblos indígenas referidos a la diversidad biológica.

 

Invocación final al gobierno

 

Finalmente, pedimos al gobierno central reflexionar seriamente sobre las consecuencias irreparables que se está ocasionando en la amazonia peruana con su política de concesiones, y lo exhortamos, como Pueblos Indígenas con derechos ancestrales sobre nuestros territorios, a cumplir y hacer cumplir de manera estricta y eficaz las normas ambientales y sancionar drásticamente las violaciones a ésta. 

 

• Shapion Noningo Sésen, Vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP
• Hernán López, Presidente de la Organización Regional AIDESEP Iquitos (ORAI)
• Cecilia Brito Vásquez, Presidente (i) de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU)
• Jude Jumanga Jacinto, Secretaria de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central ARPI –SC
• Arlen Ribeira Calderón, Delegado de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de la Región San Lorenzo – CORPI SL
• Roger Rivas Korinti, Jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba - COMARU
• Alexander Teets, Secretario de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú – ORPIAN-P
• Germán Chiripa Manga, Delegado de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD
• Jorge Fachín Tapayuri, Presidente de la Federación Nativa Achuar del Pastaza – FENAP

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