La Corte Suprema de Canadá ordenó al gobierno Federal y Provisional de es país a llevar procesos de consulta con los aborígenes sobre el uso de tierras habitadas por esas comunidades cuando tengan algún proyecto en el que se envuelvan estos territorios.

 

 

 

 

Sin embargo, la Corte aclaró que el proceso de consulta no se hará mientras la obra este enfocada al desarrollo “y no se forzará a los gobiernos a obtener dicho consentimiento”.

 

Este pronunciamiento es uno de los más importantes que hace la Suprema Corte, en su intento por definir los que se espera se realice en este tipo de casos. “Los gobiernos deben consultar a los nativos”, dijo la Corte en su disputa entre Haida de la Columbia Británica y Weyerhaeuser.

 

Esta obligación emitida por la Corte Suprema se da en el marco de los constntes reclamos de los nativos y de las amenazas a sus derechos.

 

"De cualquier manera, no existe obligación alguna en el acuerdo. Más que nada, el compromiso es un proceso muy significativo de consulta entre ambos lados", plasmó la Corte Suprema.

 

Se prevé que este requerimiento afectará a muchos sectores del país, y a la mayoría de la Columbia Británica, que están en jaque bajo algún reclamo por parte de los nativos.

 

Frente a la decisión de la Corte, gobiernos y compañías alegan que han consultado a los grupos nativos. Sin embargo, abogados del Gobierno Federal y de todas las Provincias, con excepción de Québec y Monitoba, aclaran que no existe una obligación constitucional para realizar este proceso con los nativos.

 

Pese a lo anterior, la Suprema Corte instó a los Gobiernos y compañías privadas a consultar a los aborígenes sobre el desarrollo de sus tierras, “incluso si los nativos no tienen un título de propiedad de las mismas”, concluyó.     

 

La Corte Suprema de Canadá es la corte final de apelación de todas las otras cortes canadienses. Tiene jurisdicción sobre disputas en todas las áreas de la ley, incluyendo el Código Constitucional, el Código Administrativo, el Código Penal y el Código Civil. Si bien es un órgano independiente de los demás poderes del Estado, la Corte Suprema de Canadá juega también un rol especial como asesor del Gobierno Federal, ya que éste puede pedir a la Corte que considere asuntos: (a) sobre cualquier materia de ley o de hechos, especialmente lo que concierne a la interpretación de la Constitución; y (b) la interpretación de cualquier legislación provincial o federal, o los poderes del Parlamento o las legislaturas de las provincias en sus respectivos gobiernos.

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