El Banco Mundial está siendo blanco de denuncias por parte de indígenas peruanos. En carta abierta, la administradora de la Reserva Comunal El Sira, Suzana Silva, afirma que el proyecto Participación Indígena en Áreas Naturales Protegidas (Pima) presenta deficiencias, complementando las denuncias efectuadas por la Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), que ha pedido la paralización del proyecto, la reorganización del Inrena (Instituto Nacional de Recursos Naturales), la salida del Intendente de Áreas Protegidas y una reunión con el Banco Mundial y el Estado para que el proyecto Pima asegure la cogestión de las Áreas Naturales Protegidas con los pueblos indígenas.  

 

 

 

 

 

 

Dirigiéndose a las organizaciones indígenas amazónicas de nivel local, regional, nacional e internacional, al gobierno central, a las entidades del estado, a las entidades de protección y conservación de la naturaleza y el medio ambiente, a las entidades de derechos humanos y a la opinión pública nacional e internacional, la carta denuncia que desde su implementación, quienes han dirigido el proyecto PIMA han excluido la participación informada de los pueblos indígenas.

 

Suzana explica que la Reserva Comunal El Sira es un área natural protegida en el país. Se extiende sobre un área de 616,413 hectáreas que se ubica en una zona de protección en la selva central, en las regiones de Junín, Pasco y Ucayali, entre la selva baja y los andes peruanos y que alberga una alta diversidad biológica, fauna y flora. Son 69 comunidades indígenas organizadas en 10 federaciones y dos organizaciones representativas de los pueblos Ashaninka, Asheninka, Yanesha, Cacataibo, Shipibo y Conibo.

 

Durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua Curazao, en 2001, una Comisión Intercultural conformada por líderes de las organizaciones indígenas de la Selva Central liderada por la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central (Arpi) dialogó con el presidente y entre otras demandas, reiteró por la declaración oficial de la Reserva Comunal El Sira. La Ley de Áreas Naturales Protegidas que rige en Perú, establece que el uso y la comercialización de los recursos naturales existentes en la Reserva deben hacerse en base a un plan de manejo aprobado por la autoridad y conducido por los mismos beneficiarios.

 

En 2002, se inició la ejecución del Proyecto “Participación Indígena en el Manejo de Áreas Naturales Protegidas de la Amazonía Peruana (Pima)” a cargo de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (IANP) del Inrena, en cinco áreas naturales protegidas en la Amazonía. Una de estas áreas es la RC El Sira. El proyecto PIMA es un fondo de GEF – Banco Mundial y su objetivo central es concretar la participación indígena efectiva en el manejo de las Áreas Naturales Protegidas.

 

Según Suzana, la exclusión sistemática contra la participación indígena por los funcionarios de la IANP y del proyecto Pima ha sido notoria en los últimos meses del 2004. "Paralelo a ello, algunos funcionarios de la IANP asumieron una actitud muy hostil contra mi persona, aislándome sistemáticamente en mis labores administrativas", acusa.

 

La carta solicita al Estado, en el Inrena y en la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, que adopten un cambio de actitud institucional. "Al menos, en el marco del Proyecto PIMA, su deber es hacer todos los esfuerzos institucionales para que los pueblos indígenas participen y que sus derechos sean respetados en la administración de las ANP, principalmente en cuanto a las reservas comunales, y sean recogidos e implementados los planteamientos indígenas", concluye.

 

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