Con un pacto social se pretende aliviar la crisis en la que se encuentra sumida la nación boliviana, cuya presión llevó a que el presidente de ese paÃs, Carlos Mesa, quien ocupa ese cargo desde le 17 de octubre de 2003, presentara su renuncia.
La nueva crisis social y polÃtica se gestó desde la llegada de Mesa a la presidencia, y su intención de privatizar mediante un reforma a la ley, la exploración y explotación de hidrocarburos de ese paÃs. Durante los últimos 17 meses de gobierno nacional, el paÃs –donde la población indÃgena es su gran mayorÃa- se ha envuelto en protestas y bloqueos de carreteras, deseos independentistas de diferentes regiones, además de la parálisis económica y social existente.
Los sectores sociales, campesinos y cocaleros, junto a trabajadores y sindicalitas de las principales ciudades de Bolivia, se han alzado exigiendo la expulsión de la mayor transnacional del agua, que opera en las ciudades de La Paz y El Alto, y demandando el fin de los millonarios privilegios que ostentan las empresas petroleras que controlan todo el gas y el petróleo bolivianos.
La dimisión fue anunciada por Mesa en un discurso televisado el pasado domingo, y donde expresó que: "He decidido presentar al paÃs, presentar a la consideración de ustedes, ciudadanos y ciudadanas de Bolivia como manda la Constitución, mediante el Congreso Nacional mi renuncia al cargo de Presidente Constitucional de Bolivia".
En este mensaje del fin de semana, Mesa criticó al jefe cocalero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales y al presidente de la Federación de la Juntas Vecinales de El Alto, Abel Mamani, por adoptar posiciones intransigentes y sumir al paÃs en el caos.
En respuesta, el movimiento indÃgena dijo que: “Llama la atención en su discurso la facilidad con que intenta criminalizar al movimiento indÃgena – popular como los causantes de la crisis por profundizar la protesta, y al mismo tiempo omite toda mención a las oligarquÃas de Santa Cruz que tomaron fÃsicamente oficinas públicas y con ellos no tuvo la misma actitud porque son blancos y ricos, también omite al sistema polÃtico y a los partidos tradicionales que a pesar de no tener representación real alguna continúan en el parlamento, verdadero antro de corrupción desde donde continúan manipulando al paÃs en función de sus negociados. Lamentamos profundamente que Ud. haya escogido asociarse con los partidos tradicionales de la misma mega coalición que hundió a Sánchez de Lozada y que seguramente lo chantajearán a Ud., tal como lo hicieron con su antecesor. En este sentido, también nos llama la atención que en su mensaje Ud. no asuma compromiso alguno con la continuidad del juicio de responsabilidades por el genocidio de El Alto. Allá Ud. si esa es su opción para imponernos las supuestas condiciones de la comunidad internacional o de las empresas transnacionales que hoy exprimen nuestros recursos. Pone como condición de su permanencia, que los movimientos sociales y los pueblos indÃgenas resignemos nuestras demandas lo que equivale a que traicionemos a nuestras comunidades, a nuestros pueblos y al paÃs en su conjunto; eso no es algo que podamos asumir por principios de dignidad nacional y amor a Bolivia, talvez algo que los polÃticos neoliberales no entiendenâ€.
Los nativos son muy claros en las exigencias sociales que han llevado a la crisis nacional: “Para nosotros, la Nueva Ley de Hidrocarburos debe garantizar el cumplimiento de nuestros derechos indÃgenas establecidos en leyes nacionales y Convenios internacionales, especialmente el referido a la Consulta (que no es veto) y que son parte de lo aprobado por los Diputados; asà mismo debe permitir el acceso al 50% de la renta petrolera para Bolivia, tal como definió el Referéndum; la formula del 18/32 que se intento imponer de manera fraudulenta es inaceptable para nosotros porque el 32% de impuestos es deducible de las utilidades y del IVA, y dejará a los bolivianos con un beneficio real menor al 8%; incluso para departamentos productores antiguos como Santa Cruz, los beneficios serán menores que los actualesâ€.
Frente al conflicto en El Alto, manifestaron que: “no podemos sino solidarizarnos con nuestros hermanos de la ciudad que viven privados de los elementales servicios de agua y saneamiento, ellos reclaman la autogestión de esos servicios porque la privatización del agua no ha sido una solución para miles de familias pobres. Le llamamos a realizar un esfuerzo de confianza en los bolivianos para avanzar en una solución por sà mismos, pedimos un esfuerzo de creatividad en su equipo de tecnócratas para buscar soluciones de autogestión indÃgena y local y prescindir de dependencia extranjeraâ€.
El Pacto social que se pretende construir entre el poder Ejecutivo, el Congreso y los movimientos de oposición se basó en el consenso de los asuntos clave que han causado la última crisis social y polÃtica: “Se trata de la controvertida reforma petrolera, las protestas y bloqueos de carreteras que afectan al paÃs desde que Mesa llegó a la Presidencia hace 17 meses, la votación directa de prefectos (gobernadores departamentales) y un referéndum de autonomÃaâ€.
