La dimisión de Mesa forma parte de una sucesión de eventos que se producen esencialmente por la gestión y el control de los principales recursos del paÃs. Después de haber obligado a la multinacional estadounidense Bechtel a renunciar al agua de Cochabamba, recuperar la soberanÃa del gas y de los hidrocarburos, ha sido en estos años el objetivo de las reivindicaciones populares.
Las reservas de gas boliviano, las segundas de América Latina, están estimadas en aproximadamente 49 trillones de pies cúbicos; las de petróleo en 480 millones de barriles, con un valor de casi 120 millardos de dólares. En octubre de 2003, para impedir la venta del último recurso, todavÃa no completamente privatizado, los bolivianos se han echado a la calle bloqueando el paÃs. La española Repsol y la British Gas, reunidas en el habitual consorcio fantasma y con el acuerdo de las otras “hermanasâ€, Total y Shell, habÃan decidido industrializar y exportar el gas de Bolivia, dejándole al paÃs andino menos del 18% de cuanto le pertenece y una cantidad infinita de costes sociales y ambientales provocados por la explotación salvaje y sin reglas. “La guerra del gas†provocó la fuga del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Carlos Mesa, su vicepresidente, le sustituyó apropiándose de la demanda de los movimientos: nacionalización de los hidrocarburos y la asamblea constituyente.
Después de las grandes presiones ejercidas por Washington y las multinacionales, en pocos meses Mesa ha desatendido aquel compromiso. El pasado julio ha tenido lugar un referéndum – trampa, que en realidad intentaba legalizar y salvar los 172 contratos firmados entre las multinacionales y el gobierno en el 1996, cubriendo con una cortina de humo los ojos bolivianos. Un extraño referéndum apoyado económicamente por el Banco Mundial con un millón de dólares, junto a la promesa de otros 120 para sostener el balance nacional, por el BID y directamente por el vicepresidente estadounidense Dick Cheney. La misma Total ha pagado 560.000 dólares a los expertos que deberÃan haber “confeccionado†las preguntas del referéndum. La Repsol antes del voto habÃa visto acrecentadas en un 11% sus acciones del banco de inversiones suizo Ubs. Incluso la brasileña Petrobras del presidente Lula, no ha tenido en cuenta los gastos para tutelar su posición privilegiada y sus beneficios. Obviamente el voto, con una abstención del 40%, no ha cambiado nada y los 72 contratos- trampa, con vencimiento en el 2036, es decir, cuando las reservas estén casi agotadas, han sido preservados.
El MAS (Movimiento al Socialismo) de Evo Morales, la segunda fuerza polÃtica del paÃs, históricamente cercana a los movimientos sociales, ha pedido la revisión de los 72 contratos firmados en el 1996 con Repsol, Petrobras, Total y British. El pasado 3 de junio la Repsol ha hecho gala de estar preparada para denunciar a Bolivia por tutelar a sus accionistas. A través del Financial Times, la multinacional española ha definido como inevitables las acciones legales contra el paÃs andino. Antes de su dimisión, Mesa habÃa propuesto una ley que habrÃa aumentado al 32% los impuestos sobre la producción en los pozos, llevándole, junto a los royalties, al total de un 50%.
Quién sabe qué sucederÃa si se procediese a nacionalizar el gas y a revisar los 72 contratos. Mientras tanto las trasnacionales pagan a la mafia de Santa Cruz en su intento por dividir Bolivia y garantizarse al menos los recursos estratégicos del este del paÃs. La Repsol ha hecho saber que trata de incrementar la producción en un 2,5% al año hasta el 2009, previendo beneficios netos anuales del 12% neto; pero sobre todo cuenta con aumentar las reservas de petróleo y gas en un 50%. Programas en que no hay rastro de los derechos ni del futuro de los bolivianos.
(*) Investigador, ambientalista. Director de la ONG italiana ASUD
