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Desde hace algunas décadas los pueblos indígenas del mundo y en particular los pueblos indígenas de América Latina, han venido exigiendo el respeto y reconocimiento a sus derechos como entes colectivos. Entre los derechos exigidos están: traje, espiritualidad, idioma, territorio, tierra, entre otros. Este listado de derechos se encuentran plenamente reconocidos en diferentes documentos, convenios, acuerdos, nacionales e internacionales como: el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas firmado entre la URNG y el gobierno de Guatemala, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, el proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el proyecto de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el acuerdo de San Andrés Larraizar firmado entre el EZLN y el gobierno mexicano, entre otros. 

De todos los derechos exigidos por los pueblos indígenas, los estados latinoamericanos solo han cumplido con los derechos culturales y estos maquillados en programas de Educación Bilingüe Intercultural, Desarrollo con Identidad, programas de Formación Intercultural, proyectos Ecoturísticos, etc. Pero aquellos derechos que para los grupos poderosos de nuestros países ponen en peligro la “indivisibilidad de los estados”, como el derecho a la tierra y al territorio, le son negados a los pueblos originarios.

Con la firma de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y los países del tercer mundo, como lo que ha sucedido con Centroamérica, las concesiones de los recursos naturales: el Gas en Bolivia, el agua en la Amazonía, las concesiones mineras en Guatemala, son los nuevos escenarios que permiten reconocer que la demanda histórica de los pueblos indígenas como la autonomía y la autodeterminación tienen aún validez, sobre todo cuando se atenta en contra los recursos que históricamente han pertenecido a estos pueblos, como actualmente está sucediendo en Guatemala.

Guatemala un Estado indivisible?

Cuando se consolida el Estado guatemalteco, bajo una imaginada identidad nacional, se comienza a fortalecer la idea de que el Estado es indivisible.  En todas las constituciones que se han tenido y por ende esta última, que por cierto algunos la consideran como la más humanitaria, aparece normada la idea de indivisibilidad y la unicidad de la nación y bajo ésta característica se consolida la única clase poderosa de Guatemala y que ha manejado los destinos del país desde hace muchos años.

Esta misma clase social, a quien ellos mismos se han autodenominado los “criollos” y que se han negado a ser llamados “ladinos”,  siempre trataron el tema indígena como un “problema” y por eso crearon instituciones que se encargaron de estudiar a los pueblos indígenas, con el fin de mediatizar sus demandas.  Es así como aparecieron instituciones como el Instituto Indigenista Nacional, el Seminario de Integración Social, el Instituto de Antropología e Historia, todas estas dirigidas por profesionales indígenas, que perseguían la asimilación e integración de los indígenas.  En estas últimas décadas, se crearon instituciones dirigidas por indígenas, como la Dirección de Educación Bilingüe Intercultural, la Academia de las Lenguas Mayas, el Fondo Indígena de Guatemala, y tantas comisiones que también tratarían el mismo problema, “lo indígena”.

La primera oleada de estas instituciones se da en el marco del proyecto indigenista, que intentaba asimilar e integrar a los “indios” a la unidad del Estado, basado en una imaginada identidad nacional y por lo tanto, estos indios a quienes ellos consideraban desarrollados culturalmente, pero no así en lo económico y social y por lo tanto, la única forma de hacerlos desarrollar es mezclarlos con otra cultura y hacer que asuman los valores de la cultura occidental.

La segunda oleada, corresponde al proyecto multicultural neoliberal, que aunque sean indígenas quienes las dirigen, también su objetivo es mediatizar el proceso de liberación de los pueblos indígenas, asumiendo solo la defensa de los valores culturales, no así el proceso de redistribución del los recursos.

De esta manera, tanto el indigenismo como el multiculturalismo, como proyectos políticos de Estado, aunque reconocen la existencia de pueblos, comunidades o grupos indígenas, lo pretenden solucionar desde la asimilación, la integración o cooptación y por lo tanto, para proteger y defender los valores indígenas y sobre todo aquellos que pueden ser asimilados por la otra cultura y mientras tanto la usurpación y explotación de los recursos naturales (petróleo, agua, minas y todo lo relacionado a la tierra), queda en manos del Estado y por ende de los ladinos, pero ricos.

Esta situación de los pueblos indígenas mayas, que comienza desde la invasión misma, siempre ha tenido un solo objetivo, la defensa de la unidad nacional, basada en la monoetnicidad.  Esta situación, sigue hasta hoy, sobre todo cuando se comienza hablar de nuevas explotaciones de zonas mineras, la excusa es explotarlo en beneficio de la nación, pero cual nación, la de los pobres o la de los ricos, porque lo que hemos vivido desde la explotación de las minas de Ixtahuacán y las de Oxek, es que los beneficios siempre han sido para los mismos grupos de poder.

Por lo tanto, cuando los pueblos indígenas, asumen la lucha por la defensa de sus recursos, como las consultas populares de Rio Hondo, Sipacapa, Comitancillo y otros lugares, por un lado lo llegan a desconocer porque argumentan que no están basados en ley y por el otro, porque quienes asumen la conducción del Estado, lo hacen basándose en esa mal llamada indivisibilidad de la nación, sin tomar en cuenta que hay acuerdos y convenios, no solo nacionales sino también internacionales que permiten la pronunciación de los pueblos para la defensa de sus recursos.

El pueblo Sarayaku y los Tagaeris de la amazonía ecuatoriana, lo han demostrado, al utilizar los mecanismos e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como la Corte y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos paras defenderse de las atrocidades del gobierno y el Estado Ecuatoriano, al aceptar la explotación de las zonas petroleras.

En Guatemala, serán necesarias más leyes?

Cuando el Estado y el gobierno de Guatemala, argumentaban que las consultas indígenas comunitarias, no eran válidas, argumentando muchas razones, como el nivel de analfabetismo, algunas organizaciones comenzaron a acuñar la idea de elaborar una propuesta de ley a favor de la consulta.  Aunque dichas iniciativa son legítimas, creemos que la situación del país, no está en la formulación de nuevas leyes, sino en el cumplimiento de las que ya existen.

Entre los instrumentos y mecanismos jurídicos, tanto internacionales como nacionales que protegen la lucha por la recuperación de la madre naturaleza, están: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional contra todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio sobre Biodiversidad, el Convenio 169 de la OIT, la Carta Interamericana sobre los Derechos Humanos.  Además, la Constitución Política de la Republica de Guatemala, la Ley de Descentralización, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal y ahora la Ley sobre el Cronograma para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Este último es importante, porque le da a los Acuerdos de Paz el carácter de obligatoriedad y por lo tanto de exigencia inmediata el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno en la mesa de negociación de la paz.

Con este cuerpo de  instrumentos no hay nada que negociar a nivel jurídico, por lo que los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), solo deben cumplirlos y los ciudadanos ejercerlos.   Estos instrumentos protegen todas las demandas de los pueblos indígenas, sobre todo el derecho que tienen sobre los recursos naturales, como es el caso, de proteger las minas, que ahora son codiciados por las transnacionales.

De esta manera, las consultas municipales, las medidas de hecho que puedan realizar las comunidades para defender el futuro de las nuevas generaciones, la lucha en contra del Tratado de Libre Comercio y de otras acciones económicas que quiera hacer el gobierno de Guatemala, a favor de los grupos de poder y sobre todo de las transnacionales, están estipuladas en todos los convenios y tratados en materia de derechos humanos que el Estado ha ratificado.

Finalmente, estamos convencidos que la defensa de los recursos que hacen los mayas, está enmarcado en derecho y no atenta contra la unicidad de la nación, porque tampoco ha habido una sola nación en Guatemala, prueba de ello es que tanto el indigenismo como el multiculturalismo, reconocen a Guatemala como una Nación Multicultural, Multiétnica y Multilingüe.  Lo que si está en entredicho es que los grupos de poder y las transnacionales, conjuntamente con el gobierno no son los absolutos dueños de los recursos naturales, sino que el dueño es el pueblo y en este caso los  más excluidos, marginados y discriminados, es decir, los pueblos indígenas.

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