A pesar de que en todos los países del mundo la esclavitud ha sido abolida, a veces esta práctica reaparece bajo el disfraz del trabajo, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Hoy en el día internacional para la abolición de la esclavitud, Actualidad Étnica quiere registrar esta información que evidencia como aún persisten las más inhumanas formas de sometimiento. Los indígenas guaraníes que trabajan en los cultivos de castaña en Trinidad, Bolivia, siguen siendo esclavizados, La castaña representa una fuente de ingresos por más de treinta y cinco millones de dólares anuales para la nación, y constituye el 80% de la producción mundial. Aproximadamente quince mil familias se dedican a su recolección, sin embargo las condiciones en las que trabajan son muy cercanas a la sumisión. Las víctimas de esta explotación, en su mayoría pertenecen a los Pueblos Indígenas Araona, Baure, Chimán, Ese Ejja, Itonama, Leco, Mosetén, Movima, Moxeño, Nahua, Pacahuara, Tacana y Yuminahua. El Defensor del Pueblo de Bolivia, el Viceministro de justicia y el Consejo de Capitanes Guaraníes, realizaron un estudio sobre la situación de cautiverio, servidumbre y empatronamiento. El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín presentó una resolución defensorial, en la que pide al Gobierno y al Estado intervenir para terminar con esta situación que viola los derechos humanos básicos de miles de indígenas. Se insta entonces a promover la atención, tratamiento, solución integral y sostenida a la problemática a través de políticas públicas y sociales para erradicar definitivamente la esclavitud.

  

Inicialmente, los indígenas guaraníes, vinculados a las plantaciones de castaña reciben un adelanto en dinero, que posteriormente se les va descontando de su exiguo salario, compuesto de unas pocas monedas, especies y alimentos. Cuando desean renunciar a las arduas labores que les imponen sus patrones no lo pueden hacer porque supuestamente están endeudados, entonces son obligados a permanecer en las barracas castañeras hasta el final de la zafra o son obligados a regresar al año siguiente.  Según testimonio entregado a la Agencia de Noticias Gubernamental de Bolivia, ABI, el dirigente indígena de Riberalta, Francisco Limaco afirmó que “…en algunos casos, cuando no cumplen sus tareas, los indígenas son golpeados o reciben latigazos”, recuerda además, que por una supuesta “falta laboral” su padre fue atado a un árbol para ser castigado en público con veinte latigazos.  En las plantaciones de castaña los indígenas y campesinos provenientes de otros países latinoamericanos, son vigilados permanentemente por guardias armados, que a manera de señores feudales no perdonan la más mínima falta de sus subordinados.  De otra parte, Nelsy Piluy, también, dirigente indígena de Riberalta, comenta que la recolección de castaña bajo las condiciones de esclavitud fue practicada por ella desde los siete años, y hoy cuenta con cincuenta y cinco.

  

En testimonio ofrecido al diario La Sociedad, de Bolivia, por la senadora Alicia Muñoz, se compara a los barraqueros, empresarios de la castaña, con los esclavistas o los señores feudales de la Edad Media.  “Ellos usufructúan la mano de obra barata de los trabajadores que están en condiciones de semiesclavitud, porque la retribución salarial se la hacen a través de ropa y alimento a precios muy altos y no existe equitativa compensación económica”, afirma Muñoz. Por iniciativa de esta líder, el Senado Nacional de Bolivia aprobó el proyecto de ley que regula el trabajo asalariado en la explotación de la castaña, y se espera que la Cámara de Diputados defina lo refrende para que se convierta en Ley de la República.

  

En información consignada en Econoticiasbolivia.com, son cien las familias, o clanes que se han apoderado de las tierras más fértiles del país y han levantado gigantescos latifundios, mientras que millones de campesinos bolivianos viven en la miseria y apenas disponen de una pequeña porción de tierra para cultivar los alimentos que conforman su sustento. Es tan dramática la situación de los campesinos en Bolivia que en el más reciente informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se establece que menos de cien familias son propietarias de veinticinco millones de hectáreas, mientras que dos millones de hogares campesinas, casi todos indígenas, apenas tienen acceso a los recursos naturales y trabajan en cinco millones de hectáreas, la quinta parte de la que poseen los latifundistas. Esta situación, definitivamente redunda en los constantes conflictos que vive el país y es la causa principal de su inestabilidad política y social. Paradójicamente, el trabajo de los indígenas y campesinos pobres es el que aporta más alimentos y producción agrícola al mercado local, porque la producción de los latifundios se circunscribe a la exportación de soya y a los cultivos de arroz, azúcar, algodón y la explotación de maderas preciosas.

  

Siendo la situación tan agreste en el campo, los indígenas optan por desplazarse hacia las ciudades, donde ocupan los barrios más pobres y las propiedades de los terratenientes, pero estos tienen el apoyo de mercenarios, el Ejército y la Policía para desalojar por medios violentos a los invasores, hecho que refleja, según el periódico Econoticias, el poder que tienen, las cien familias que se apoderaron de las tierras más fértiles de Bolivia, en las instituciones públicas y entidades privadas, por lo tanto han mantenido su influencia en el Ministerio de Agricultura, la Superintendencia Agraria y en el Instituto Nacional de Reforma Agraria.

  

En el marco de esta singular forma de esclavitud, el Defensor del Pueblo en Bolivia, el Viceministro de justicia y el Consejo de Capitanes Guaraníes realizaron un estudio sobre la situación de cautiverio, servidumbre y empatronamiento.  Este estudio motivó al Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín a presentar una resolución defensorial, en la que pide al Gobierno y al Estado intervenir para terminar con esta situación que viola los derechos humanos básicos de miles de indígenas. Se insta entonces a promover la atención, tratamiento, solución integral y sostenida a la problemática a través de políticas públicas y sociales para erradicar definitivamente la esclavitud.

  

Ya conocida y divulgada la situación de esclavitud en las plantaciones de castañas, lo que resta es el diseño de estrategias, no sólo para que las familias esclavizadas recobren su libertad, sino para tengan sustento sostenible y duradero después de su emancipación, pues existen informes de la Comisión de Derechos de la OEA y de la Organización Internacional del Trabajo que evidencian el regreso de estos indígenas guaraníes a la esclavitud, por no contar con tierra y agua para subsistir. Según estos mismos informes son más de quinientas cuarenta las familias que se acogieron a los planes propuestos por es Gobierno, pero no se precisa cuántas volvieron al empatronamiento.

Escribir un comentario

Código de seguridad
Refescar