El coordinador del Área de Metodología de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Miguel Ángel Vásquez de la Rosa afirmó esta semana que se ha incrementado la pobreza, las desigualdades económicas y sociales, principalmente en los pueblos y comunidades indígenas en Oaxaca.  Conforme a los últimos estudios sobre pobreza en México, Oaxaca es considerado el segundo estado más pobre, además de que 21 de sus municipios se encuentran catalogados dentro de los 50 con el menor índice de desarrollo humano. 

Verifica Unión Europa que persiste exclusión a indígenas

Por: Octavio Vélez Ascencio

 

Tomado de: Noticias de Oaxaca, México.

 

En Oaxaca, se ha recrudecido el fenómeno de la pobreza y se acentuado las desigualdades económicas y sociales, principalmente en los pueblos y comunidades indígenas, afirmó ayer el coordinador del Área de Metodología de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, al dar a conocer el diagnóstico "Sobre la Situación de los Derechos Políticos y Sociales de los Pueblos Indígenas en los Municipios de Oaxaca", que forma  del proyecto "Inclusión Social y Política de los Pueblos Indígenas en los Municipios de Oaxaca", promovido por esa organización con auspicio de la Unión Europea.

 

El dirigente expuso que el análisis se realizó con la finalidad de identificar las condiciones bajo las cuales se realizan prácticas de exclusión social, las estrategias implementadas por la sociedad para exigir el cumplimiento de sus derechos, así como las acciones realizadas por los gobiernos para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

 

Todo esto, añadió, a fin de crear propuestas que permitan impulsar diversas acciones en relación a los derechos de los pueblos indígenas, además de lograr una incidencia en los municipios y en el ámbito estatal.

 

Como resultado del estudio practicado en Asunción Tlacolulita, San Dionisio Ocotepec, San Juan Lachao, San Juan Lalana, Santiago Ixtayutla y Tataltepec de Valdés, municipios de alta marginalidad y conflictividad social, observó que se constató el recrudecimiento del fenómeno de la pobreza y el incremento de las desigualdades económicas y sociales en el estado, sobre todo en la población indígena.

 

Pues, conforme a los últimos estudios sobre pobreza en México, Oaxaca es considerado el segundo estado más pobre, además de que 21 de sus municipios se encuentran catalogados dentro de los 50 con el menor índice de desarrollo humano.

 

En la actualidad, anotó, se agudizan fenómenos sociales que dan un nuevo rostro a la pobreza y a la exclusión, como la migración que se observa en alto porcentaje, pues se estima que afecta al 75 por ciento de los municipios de Oaxaca. Aunado a lo anterior sigue vigente una estructura institucional de gobierno que no permite avances y reformas.

 

Mencionó que en estos tiempos también se observan cambios en las dinámicas de poder municipal y regional, pues en algunos casos se han desplazado los viejos cacicazgos y han surgido nuevas experiencias comunitarias de gobierno.

 

Sin embargo, observó que aún prevalecen patrones de conducta autoritaria y caciquil en el ejercicio de gobierno. Además de que es evidente la tensión que existe entre el sistema normativo de usos y costumbres y las dinámicas partidarias, debido a que coexiste con este régimen la presencia encubierta de los partidos políticos. Y por otro lado es notorio el desdibujamiento de las instituciones tradicionales.

 

Independientemente de ello, destacó que en el espacio municipal se evidencia el fenómeno de la exclusión y es ahí donde se ven sus efectos más devastadores.

 

El fenómeno de la exclusión étnica, política, religiosa y genérica se refiere a causas estructurales y a circunstancias históricas concretas, añadió.

 

Resaltó que la institución municipal atraviesa por un proceso de adaptación en las comunidades oaxaqueñas, pues es evidente que frente a los nuevos reclamos sociales en los municipios no se han logrado encontrar mecanismos para la participación de la ciudadanía.

 

El municipio ha sido utilizado más como instrumento de control político y social que como espacio privilegiado para el desarrollo, remarcó.

 

A parte de esto, mencionó que es innegable la incapacidad institucional para intervenir y resolver conflictos, ya que no existen mediaciones que logren enfrentar estas situaciones de manera integral.

 

Así, un grave riesgo es la falta de soluciones en el corto plazo a los graves conflictos políticos, sociales y agrarios por los que atraviesa el estado, asentó.

 

Observó que la acción gubernamental prevista en el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable, no refleja la realidad de marginación y exclusión social, ni el nivel de conflictividad política existente en el estado.

 

Tampoco, se hace mención alguna de legislar en materia de transparencia, consulta ciudadana y en general de acciones encaminadas a elevar el nivel de vida de la población, indicó.

 

Ante ello, consideró que en cuanto a la cultura política es necesario avanzar en las transformaciones sociales a fin de promover nuevas actitudes y generar hábitos de participación ciudadana y de un nuevo ejercicio del poder.

 

La nueva cultura política tendrá que reconocer la diversidad cultural y generar una convivencia de respeto y tolerancia entre los diferentes pueblos indígenas en el estado, apuntó.

 

Independientemente de ello, anotó, es necesario promover cambios en la estructura institucional y en el marco jurídico, así también en la cultura ciudadana de corresponsabilidad, vigilancia y participación.

 

Vásquez de la Rosa dijo que hoy los gobiernos municipales tienen el enorme reto de ser gobiernos con imaginación y creatividad que se traduzca en una capacidad política y administrativa, que realice acciones eficaces para la generación de empleos, proyectos productivos, gestión pública, además de fortalecer los órganos de gobierno y las estructuras de organización política en el municipio.

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