Rodolfo Stavenhagen, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indÃgenas, al concluir su visita al Ecuador que inició el pasado 25 de abril, afirma que hay abuso de la fuerza pública contra los indÃgenas. En marzo y abril de este año el movimiento indÃgena protagonizó una serie de movilizaciones para oponerse a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Estados Unidos y exigir la caducidad del contrato con la empresa petrolera estadounidense OXY por incumplimiento del contrato firmado con el Estado ecuatoriano.
El relator manifestó que las movilizaciones generaron una respuesta desmesurada por parte de las autoridades, porque hubo represión en algunas instancias, hubo actos de discriminación contra los indÃgenas que se dirigÃan a la reunión de Quito y a otras partes. La fuerza pública detuvo a los indÃgenas, los bajó de los autobuses porque usaban la vestimenta indÃgena.
Según el relator, estas últimas movilizaciones han polarizado a la opinión pública. En la prensa hubo un discurso de tinte racista por parte de algunos comentaristas que va en contra de la tradición que el Ecuador siempre ha tenido y en contra de la tolerancia mutua y de la convivencia que es la base de la resolución de los conflictos.
Además para ello hay un peligro en estas movilizaciones recientes que es la posible criminalización de la protesta social, aplicando el derecho penal a legÃtimas expresiones que en este caso era con respecto al TLC, pero que pueden ser con respecto a la presencia de la OXY en el paÃs. Y esto plantea un desafÃo para el libre ejercicio de los derechos humanos y para la protección de los mismos no solo de los pueblos indÃgenas sino de todos los sectores del paÃs.
Tras recorrer cinco provincias del paÃs (Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, Chimborazo y Pastaza), una primera conclusión del relator es que los pueblos indÃgenas continúan en situación de pobreza a pesar del crecimiento económico de los últimos años. La débil respuesta de las estrategias de desarrollo ante los problemas acumulados de falta de empleo de las comunidades indÃgenas contribuye a fomentar el incremento de las migraciones de sus miembros. A la pobreza rural se suma de manera creciente la difÃcil condición de los indÃgenas en el sector urbano. La situación de las mujeres indÃgenas en ese contexto es especialmente vulnerable.
Asimismo los pueblos indÃgenas carecen de un adecuado acceso a los servicios sociales básicos, como la educación y la salud. Las niñas indÃgenas continúan siendo las más marginadas en el proceso educativo. Los programas de educación intercultural bilingüe no han dado los frutos que se esperaban debido, principalmente, a la falta de recursos presupuestarios y técnicos. Lo mismo ocurre en el área de la salud indÃgena. La mortalidad infantil y la falta de acceso a servicios de salud en las áreas rurales son particularmente preocupantes.
En materia jurÃdica, se concluye que a pesar del reconocimiento constitucional de los derechos de las nacionalidades y pueblos indÃgenas, persisten grandes retos para su protección y promoción efectivas. Los avances logrados en la Constitución de 1998 se han visto limitados por la falta de desarrollo legislativo y la débil aplicación de las normas. No se ha legislado en materia indÃgena sobre la consulta previa, libre e informada, la salud y la jurisdicción indÃgena.
Con respecto a los pueblos que viven en la AmazonÃa ecuatoriana, el relator expresó su preocupación por el deterioro progresivo del hábitat indÃgena y el impacto de las actividades extractivas, como la minera, petrolera y maderera sobre el medio ambiente y los derechos de los pueblos indÃgenas.
