Los LÃderes, Caciques y Miembros de las Comunidades IndÃgenas en Chaco (Argentina) completaron en dÃas pasados, un mes en huelga de hambre y ante la negativa del gobierno de negociar con ellos, realizaron un texto de despedida para su comunidad, pues su estado de salud es crÃtico y su lucha, según testimonios, invita a la resistencia.
A los niños, niñas, ancianos, ancianas, hermanos y hermanas:
Como LÃderes, Caciques y Miembros de las Comunidades IndÃgenas, pronto a cumplirse este sábado los 30 dÃas de ayuno, pedimos permitan el ingreso a nuestras familias; que las madres puedan dar el último abrazo a sus hijos y sentir el roce de sus pequeños rostros, que podamos trasmitir la esencia que guardamos en estos años de pacÃfica lucha a los que tendrán la responsabilidad de mantener en lo alto el Estandarte de la Lucha del Pueblo IndÃgena.
A los Pueblos IndÃgenas decimos que no se dejen avasallar por esta polÃtica despiadada que nos condena a dejar de existir, la cual se escuda en una propaganda burda e
hipócrita que intenta confundir a la sociedad. Mantengan firme el espÃritu de Libertad, y que en cada corazón indÃgena sea depositario del sublime tesoro que poseemos, la Fuerza de nuestra Dignidad.
Hermanos y Hermanas, recordemos siempre las sabias palabras "la única lucha que se pierde es la que se abandona", la muerte es solamente una circunstancia, cuando tomamos la decisión de ayunar por esta justa causa esto lo sabÃamos. A decir de Inocencia "asà como hoy nos visitan nuestros ancestros para darnos fuerza, nosotros también asistiremos a nuestros hijos desde los mundos astrales". Sepan que siempre estaremos unidos, y no permitan que las mezquindades dividan a nuestro pueblo.
El final se acerca, estamos preparados, la lucha sigue, cuiden a nuestro lÃder, el Movimiento IndÃgena jamás será vencido.
Ãngel MESA, 38 años, esposa 24 años, 3 hijos de 14, 12 y 9 años de edad. DNI 20.881.502. Enfermero, El Espinillo, Chaco. José Raimundo SOTELO, 38 años, esposa 27 años, 3 hijos de 8, 6 y 4 años de edad. DNI 22.576.310. Pintor, Gral. San MartÃn, Chaco. Eliseo LÓPEZ, 54 años, esposa 54 años, 3 hijos de 28, 26 y 25 años de edad. DN 10.245.456. Pastor evangélico, Villa RÃo Bermejito, Chaco. Ricardo SANDOVAL , 32 años, esposa 20 años, 4 hijos de 7, 5 y 3 años y 1 año y medio de edad, respectivamente. DNI 23.765.725. Cosechero, destroncador en desmontes, cuidador de animales silvestres, El Espinillo, Chaco. Inocencia CHAROLE, 44 años, esposo 40 años, 6 hijos de 19, 17, 15, 13, 10 y 7 años de edad. DNI 17.651.272. Enfermera, J.J. Castelli, Chaco. Leandro PEREZ, 26 años, esposa 24 años, 4 hijos de 7, 4 y 2 años y 7 meses de edad, respectivamente. DNI 28.315.289. Agricultor, Gral. San MartÃn, Chaco. Delia Zulema SUÃREZ, 31 años, 5 hijos de 17, 12, 8, 5 y 3 años de edad. DNI 24.163.413. Ama de casa, J.J. Castelli, Chaco. Gregoria LÓPEZ, 46 años, 10 hijos de 39, 32, 22, 20, 18, 15, 10 y 8 años, dos fallecidos. DNI 13.960.709, agricultora, pi'oxonaq, FortÃn Lavalle, Chaco. Egidio GARCÃA, 50 años, esposa 48 años, 4 hijos de 27, 26, 20 y 18 años. DNI 12.191.627, Las Palmas, Chaco.
Argentina/ El presidente Kirchner, se negó a recibirlos
Tomado de: Prensa de Frente.
Viernes, Agosto 18 de 2006
Tomado de.- En reclamo de sus tierras. Por Grupo Usucapión y Colectivo La Rabia. Desde hace 25 dÃas varias comunidades asentadas en el territorio de General Mosconi, Provincia de Salta, se encuentran acampando a la vera de la Ruta Nacional Nº 34 en reclamo por la restitución y el otorgamiento de los tÃtulos comunitarios de las tierras que estaban en su posesión, muchas de las cuales fueron usurpadas por varias empresas privadas.
Entre ellas se destaca la empresa MIRKO, de capitales Chinos asociados con empresarios salteños, que operan en la zona desde mediados de los `70; quienes alambrando las tierras, desmontando, y haciendo uso de topadoras y fuerzas de seguridad privada, vienen desalojando a estas comunidades de manera sistemática. En palabras del cacique de una de las comunidades afectadas, "hacemos esta manifestación en la ruta porque nosotros queremos la tierra.
A 500 metros hay desmonte y no para. No tenemos donde buscar miel, chancho, quirquincho, corzuela, ni tampoco leña". A pesar de ser una de las zonas con mayores recursos gasÃferos y petrolÃferos, y que por debajo de su territorio pasan ocho caños de treinta pulgadas cada uno -pertenecientes a la empresa REFINOR- que transportan gas, los integrantes de estas comunidades no tienen acceso a este recurso indispensable.
En los últimos meses la situación se ha agravado ya que Aguas de Salta S.A. interrumpió el suministro de agua a las comunidades, siendo este recurso indispensable para su subsistencia. "Ya no podemos usar la tierra como en tiempos pasados, cuando tenÃamos huertas donde cultivábamos batata, mandioca, anco y maÃz; ahora no podemos hacer nada porque es todo privado", expresó uno de los integrantes presentes en el acampe.
Las empresas se dedican a sembrar soja y otros productos transgénicos, desertificando el suelo y quebrando el equilibrio ambiental de la región. Este acampe no es la primera medida que toman estas comunidades para hacerse oÃr.
Hace alrededor de un mes dos caciques viajaron a Buenos Aires exclusivamente para entrevistarse con el presidente Kirchner, quien se negó a recibirlos.
Al mismo tiempo, recurrieron al Instituto Nacional de Asuntos IndÃgenas (INAI) que depende de la Presidencia de la Nación, y al Instituto Provincial IndÃgena de Salta (IPIS), que hasta el momento no les han dado ningún tipo de respuesta. En el acampe se encuentran, solidarizándose, integrantes de comunidades tobas y guaranÃes de la zona afectados por la misma problemática.
Éste no es un caso aislado, sino que se enmarca en una lucha general que están librando los pueblos originarios en el territorio argentino, a los que el gobierno nacional responde con represión, aislamiento y criminalización.
Mientras Kirchner hace alarde de su polÃtica de derechos humanos con respecto a la última dictadura militar, miles de indÃgenas continúan marginados.
Basta mencionar las constantes movilizaciones y huelgas de hambre sostenidas durante semanas en el Chaco, el reciente corte de las rutas nacionales Nº 9 y 16, en Purmamarca, por parte de comunidades de la quebrada y la puna jujeña; como asà también la resistencia de los hermanos mapuches, tanto en el sur del territorio argentino como del chileno.
Llamamos a todas las organizaciones, movimientos y agrupaciones de derechos humanos a solidarizarse con estas luchas y a romper el cerco mediático que impide su difusión.
Argentina / Huelguistas de Hambre IndÃgenas en Estado LÃmite en la Provincia de Chaco
Por: Marcela Valente/ IPS
Jueves 17 de agosto de 2006
Desde hace 28 dÃas, 9 indÃgenas Tobas de la provincia argentina de Chaco mantienen una huelga de hambre en la sala de audiencias de la sede del gobierno local, sin ventanas, donde sólo hay una mesa y ocho sillas, con la luz eléctrica permanentemente encendida y rodeados de policÃas.
"ImagÃnese, acostumbrados como estamos al monte y al rÃo, tener que estar aquà encerrados como presos, custodiados hasta para ir al baño, durmiendo en sillas o en el suelo y sin ver a nuestra familia", declaró a IPS Ricardo Sandoval, uno de los huelguistas, agitado por el esfuerzo de hablar por teléfono.
IndÃgenas de la nororiental provincia del Chaco mantienen desde hace varios meses un conflicto por irregularidades en la entrega de tierras fiscales a sus comunidades y en otros asuntos. La crisis se agudizó en los últimos dÃas por la negativa de las autoridades a avanzar en la investigación de las denuncias, lo cual provocó que los aborÃgenes profundizaran la protesta.
Durante los primeros dÃas de la huelga de hambre en la casa de gobierno provincial, protagonizada por cuatro mujeres y ocho hombres, la policÃa les impidió incluso ir al baño, ubicado fuera de la sala donde están concentrados.
Abogados del gubernamental Instituto del Aborigen señalaron a IPS que presentaron entonces un recurso de amparo. La justicia consideró que no hay delito, porque los indÃgenas no ingresaron con violencia, y prohibió que se los mantenga encerrados.
De todos modos, el acceso al lugar en que se encuentran los huelguistas está restringido a dirigentes indÃgenas y a periodistas.
"Los que estamos aquà somos todos (de la etnia) toba, pero estamos representando a 60.000 indÃgenas de la provincia", remarcó a IPS Eliseo López, otro de los huelguistas, quien habló entre náuseas y mareos.
López tiene cuatro hijos que están junto a su mujer a 400 kilómetros de Resistencia, la capital provincial.
Oscar Arévalo, del Colegio Médico de Chaco, examinó a los manifestantes esta semana y declaró que "su estado es deplorable". "Es gente que padece desnutrición de base, anemia crónica, parasitosis, y a eso hay que agregar que están sin comer, encerrados e incómodos. Algunos ya no se tienen en pie", alertó
"El grado de deterioro es muy importante y su resistencia fÃsica va a llegar al lÃmite a fines de esta semana", pronosticó el médico. Este martes, Ceferino Pérez, uno de los huelguistas de más edad, se vio obligado a dejar el ayuno y fue hospitalizado, pero el resto sigue, casi sin aliento.
"Ya no confiamos en el gobierno provincial, nuestra última esperanza es que nos escuche el gobierno nacional antes de que muera alguno", dijo a IPS Sandoval.
Según datos del Instituto Nacional de EstadÃsticas y Censos (Indec), en Argentina hay unos 400.000 indÃgenas pertenecientes a 20 etnias diferentes. En particular en Chaco viven 60.000 de ellos que conforman los pueblos toba, mocovà y wichÃ. Allà se registran los Ãndices más elevados de pobreza e indigencia del paÃs.
El Indec informó que el año pasado, mientras el promedio nacional de pobreza alcanzaba a 40 por ciento de los 37 millones de argentinos, en Chaco llegó a 65 por ciento. Dentro del universo de la pobreza provincial, los indÃgenas llevan la peor parte, según análisis de organizaciones sociales.
Los huelguistas de hambre reclaman infructuosamente que el gobernador de Chaco, Roy Nikisch, los reciba y responda a sus denuncias sobre manejo irregular de tierras fiscales durante una década. Por ley, esos predios debieron ser entregadas a las comunidades indÃgenas y de pequeños productores, pero terminaron en manos de grandes propietarios.
Asà mismo, piden la renuncia de Lorenzo Heffner, intendente (alcalde) de la localidad de Villa Bermejito en la provincia de Chaco, al que acusan de discriminar a los indÃgenas.
Heffner está procesado por malversación de fondos contra un organismo nacional, y este mes un fiscal lo requirió a juicio por discriminación. El gobernador Nikisch pertenece a la Unión CÃvica Radical (UCR), opositora del gobierno nacional del Partido Justicialista (peronista).
Nikisch acusa al presidente Néstor Kirchner de fomentar protestas indÃgenas a través de la SecretarÃa de Tierras para el Hábitat Social, a cargo de Luis D’ElÃa, dirigente de unos de los sectores mayoritarios del movimiento "piquetero" de trabajadores desocupados, llamado asà por la modalidad de protestar con el bloqueo de calles y rutas.
Hace una semana, de visita en Chaco, D’ElÃa sostuvo que "el gobernador debe atender los reclamos del movimiento aborigen sobre la devolución de tierras robadas a indÃgenas y campesinos pobres en épocas de Ãngel Rozas, el gobernador anterior y también perteneciente a la UCR, a favor de amigos del poder polÃtico y económico de entonces".
La huelga comenzó el 21 de julio tras un mes de diálogo entre el gobierno provincial y los dirigentes indÃgenas. Ese dÃa, las autoridades entregaron una propuesta que no satisfizo las peticiones de las comunidades, entonces los representantes aborÃgenes decidieron permanecer en la sede gubernamental e iniciar la medida de fuerza.
"Estamos ante una situación muy grave, con un gobierno autista e intolerante", señaló a IPS Walter Zanuttini, abogado del Instituto del Aborigen de Chaco. Esta organización, que tradicionalmente era dirigida por un empleado del gobierno, está desde 2005 a cargo de un indÃgena que representa los intereses de las comunidades.
Orlando Charole, presidente del instituto, reclama desde mayo a las autoridades que reciban a una delegación de indÃgenas. En junio, miles de indÃgenas marcharon desde el interior provincial hasta Resistencia, donde permanecieron estacionados en un campamento frente a la sede del gobierno hasta ser escuchados.
El 10 de junio el gobierno provincial aceptó dialogar con las comunidades y prometió dar una respuesta. Pero, el 21 de julio, tras 40 dÃas de espera, la propuesta decepcionó a los peticionarios.
"Ofrecieron dos vehÃculos, 45 puestos de trabajo y un organigrama para el Instituto del Aborigen para el que pedÃamos más presupuesto", relató Zanuttini. "El tema de las tierras ni siquiera lo tocaron, a pesar de todas nuestras denuncias", resaltó.
Según el no gubernamental Centro de Estudios e Investigación Nelson Mandela, de los 3,9 millones de hectáreas de tierras fiscales que habÃa en esa provincia en 1995, quedan apenas 660.000. Sin embargo, las comunidades, que por ley debÃan ser las principales beneficiadas, quedaron fuera del reparto.
Los indÃgenas en huelga exigen que se intervenga al Instituto de Colonización de la provincia, a cuyo cargo están las tierras, a fin de que se investiguen los presuntos negociados con los lotes.
El gobierno admitió que quedan sólo 660.000 hectáreas de tierras fiscales y ordenó suspender la cesión de nuevos lotes por seis meses. Pero según Zanuttini, el gobierno se niega a investigar lo sucedido con los millones de hectáreas de tierras entregadas.
"El Instituto de Colonización vendÃa tierras a sus amigos a precios irrisorios y en seis meses las revendÃan al precio real a grandes propietarios", dijo el abogado. "Fue un negocio que estimamos en 700 millones de pesos (235 millones de dólares) y los organismos de control provincial ya iniciaron una investigación", añadió.
Zanuttini sostuvo que el gobierno se resiste a abrir la puerta a una investigación que pueda derivar en un escándalo. "Es una bomba de tiempo, porque si acepta avanzar en esta investigación va a salir a la luz la corrupción de una década, y van a caer funcionarios del actual y de anteriores gobiernos", advirtió.
