El próximo mes de septiembre se cumplen cinco años de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica. A esta gran reunión internacional asistieron miles de representantes de los gobiernos, la sociedad civil, ONGs y organizaciones internacionales. La Conferencia de Durban constituyó un verdadero hito en la lucha contra el racismo y la discriminación, aunque como señaló en su momento la ex Alta Comisionada de la ONU, Mary Robinson, los desencuentros y la falta de consenso entre los diferentes actores hicieron peligrar la lógica de los acuerdos entre los diferentes actores. Esto quedó de manifiesto con el retiro anticipado de la reunión de Estados Unidos e Israel frente a la propuesta de algunos sectores para condenar al sionismo como una forma de racismo.

Apenas dos días después de finalizada la Conferencia se produjeron los ataques a las torres gemelas en Nueva York, este terrible hecho ensombreció los acuerdos alcanzados en la Conferencia, sobre todo por lo que vino después a nivel internacional y que es por todos conocido: guerras preventivas, estigmatización y persecución del mundo islámico y una sensación generalizada de que el marco normativo internacional se rompía a pedazos por la voluntad de un solo Estado.

Sin embargo la Conferencia de Durban y sus acuerdos sobrevivieron y lo hicieron a través de sus instrumentos básicos como son la Declaración y el Plan de Acción de Durban, ambos instrumentos alimentados por las Conferencias regionales realizadas en África (Senegal), Asia (Irán) y América Latina (Chile), así como por las discusiones y debates de Durban.

A cinco años de la Conferencia de Durban ¿en qué pie estamos en América Latina y en Chile, en particular? Frente a esta pregunta no hay una sola respuesta, pues el panorama de la región es disímil, contradictorio, de luces y sombras. Un país como Brasil, por ejemplo, con un porcentaje enorme de su población de origen afro está dando ejemplos de los esfuerzos que se pueden hacer a nivel gubernamental y en conjunto con la sociedad civil creando una institucionalidad, la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (Seppir), al mismo tiempo que desarrollando la legislación e implementando mediadas concretas en el ámbito del empleo y la educación.

Esta misma senda siguen países como Uruguay, Argentina y Perú, países en los que hasta hace poco tiempo se registraban escaso avances sobre la materia. Existen países que están implementando planes de acción y comisiones antidiscriminación o vinculando su sistema de Ombudsman o Defensor del Pueblo a los requerimientos de las poblaciones discriminadas por razones de raza o etnia.

No obstante, la mayoría de los países registran avances más bien discretos o francamente nulos, e incluso en algunos casos, regresivos. En un reciente informe sobre la situación de discriminación y racismo en tres países de Centroamérica, Doudou Diène, Relator Especial de la ONU sobre estos temas, señaló que en estos países existen características de una discriminación profunda, entre las que destaca una correspondencia preocupante entre el mapa de la pobreza y la distribución geográfica de las comunidades indígenas y de ascendencia africana.

Asimismo se ha constatado que el incremento de la pobreza, la marginación y la exclusión, así como la migración internacional, están creando nuevas condiciones para el racismo, la discriminación y la xenofobia, sobre todo entre ciudadanos de países vecinos. El problema, de estos nuevos escenarios, es que los Estados no están siendo capaces de enfrentar la problemática, aún existiendo los instrumentos internacionales para hacerlo. Por ejemplo, los TLC dejan fuera cualquier consideración sobre esta problemática pues se les concibe sólo como instrumentos para facilitar el intercambio comercial, sin considerar los efectos que éste tiene sobre las poblaciones de trabajadores o los habitantes de las regiones insertas en los circuitos productivos globalizados.

De esta manera, América Latina en general, está lejos de alcanzar los estándares mínimos esperados por la Conferencia de Durban. Chile es precisamente uno de los países que va a la saga de estos procesos. El Estado hasta ahora no ha hecho un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, en los términos que ellos desean, y no se ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, no existe una política antidiscriminación, racismo y xenofobia, ni menos planes para combatir estos flagelos, pese a que Chile es destino de una enorme cantidad de migrantes, sobre todo de los países vecinos. Estrategias gubernamentales como la “Política del Nuevo Trato”, han tenido más bien un carácter retórico que implican la creación de mecanismos para la transformación de la situación histórica de los pueblos indígenas en Chile.

Existe un “Plan por la igualdad y la no discriminación” (2004-2006), dirigido a funcionarios públicos, que ni siquiera se ha aplicado. En el plano nacional, la situación de criminalización del movimiento mapuche, si bien parece llegar a una etapa final, continúa con sus secuelas negativas con la consecuente desprotección jurídica y desconocimiento de derechos colectivos a los pueblos indígenas. Asimismo la prensa registra con regularidad situaciones de xenofobia y discriminación contra peruanos, bolivianos o ecuatorianos y el rebrote de movimientos neonazi es cada vez más preocupante; sin que su acción vinculada a una serie de hechos de violencia, incluso con resultados de muertes, sea objeto de una acción pública coordinada.

Dentro de este panorama, una buena noticia es la promulgación, en junio del año 2005, mediante el Decreto Supremo No. 84 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Convención Internacional sobre todos los trabajadores migratorios y sus familias. Que beneficiará a los miles de inmigrantes que han llegado a Chile durante los últimos años. Pero ello solo será posible si Chile cuenta con una política explicita sobre migración, con leyes y reglamentos específicos, que tenga en su núcleo central una consideración especial sobre la diversidad y el multiculturalismo.

A fines de este mes de julio, se realizará en Brasilia, capital de Brasil, la reunión oficial de seguimiento de la Conferencia Regional Preparatoria de las Américas (diciembre, 2000), preámbulo latinoamericano para Durban. ¿Qué dirán los Estados y las organizaciones de la sociedad civil en esa reunión? Lo que se espera es que no solo prime la lógica retórica y los discursos de buena crianza, sino compromisos y medidas concretas. Eso es lo que esperan también los migrantes, los pueblos indígenas, las minorías y los distintos grupos afectados en Chile. En esta reunión, el nuevo gobierno tiene una oportunidad única para enmendar el camino de su antecesor, cuya política fue débil en este campo.

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*Álvaro Bello: Doctor en Antropología Social. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)