. Por lo menos dos organizaciones indígenas protestaron este miércoles ante el Congreso boliviano y otras anunciaron diversas movilizaciones porque no fueron aprobadas las modificaciones a la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para viabilizar la revolución agraria anunciada y prometida por el presidente Evo Morales.

En cambio, después de un acuerdo logrado esta madrugada por el vicepresidente Alvaro García Linera con empresarios agropecuarios de Santa Cruz, se aprobó una ley que amplía en siete años el plazo para el saneamiento (regularización) de las tierras, que vencía hoy.

Conforme al acuerdo citado, que además fue consensuado con las bancadas de los diversos partidos políticos en el Congreso, el proyecto de "ley corta" entró al Senado, donde fue aprobado por los parlamentarios de oposición, debido a que los legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo decidieron no presentarse a la votación en el Legislativo.

El proyecto fue enviado después a la Cámara de Diputados, como entidad revisora, donde también fue aprobado, tras lo cual fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Los senadores masistas no concurrieron a la votación porque la oposición se negó a agregar un artículo que garantice que se aprobarán las modificaciones a la ley del INRA que tienen que ver con la reversión de tierras ociosas que no cumplen una función económica y social, informó el senador Guido Guardia.

Por la mañana, el Movimiento sin Tierra y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas se manifestaron ante el Congreso, mientras la Asamblea del Pueblo Guaraní anunció que por la tarde comenzaría el bloqueo de la carretera Santa Cruz-Yacuiba, para que sus demandas sean atendidas.

A su vez, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano anunció que el próximo lunes iniciará una marcha para exigir que se aprueben las modificaciones a la ley del INRA.

Las organizaciones campesinas reprocharon que fueron excluidas de las negociaciones de García Linera con los agroempresarios y los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz y Pando.

Enojo con legisladores

En otro asunto, unos 8 mil presos de varios penales del país altiplánico se negaron suspender la huelga de hambre que mantienen desde el pasado lunes, después de que la Cámara de Diputados difirió para al día 26 la discusión de las modificaciones a la ley de Ejecución de Penas que demandan, al rechazar las modificaciones que hicieron los senadores de la legislatura anterior por considerar que ellas "agravan la situación de los privados de libertad".

Por el contrario, la protesta se agudizó cuando varios de los reclusos decidieron crucificarse, enterrarse hasta el cuello y cocerse los labios.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, negó las acusaciones del presidente Evo Morales, quien denunció en entrevista con el diario parisino Le Monde que Estados Unidos conspira para asesinarlo, e indicó que la acusación "es sin fundamento".

El vicepresidente García Linera y el portavoz del gobierno, Alex Contreras, confirmaron la veracidad de la denuncia e indicaron que el mandatario boliviano recibió informes oficiales recogidos por los departamentos de inteligencia del Estado.

En otro asunto, el director ejecutivo de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio María Costa, advirtió el martes anterior al gobierno boliviano que el proceso para una eventual despenalización internacional de la coca natural puede durar muchos años, informó Reuters.

El retiro de la coca de la lista de sustancias estupefacientes de Naciones Unidas "tiene que atravesar cursos de negociación internacional extremadamente complicados", dijo el funcionario.

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