Angélica V., una rumana de 16 años, fue encarcelada el 11 de mayo pasado en Nápoles bajo una abrumadora acusación: intento de secuestro de un bebé. Hace sólo unos días, una juez del Tribunal de Menores napolitano ha condenado a la joven, que deberá cumplir tres años y ocho meses de cárcel. Es la primera condena de este tipo dictada contra una persona de etnia gitana en Italia. Su abogado va a recurrir la sentencia, pero no tiene esperanzas. "El juicio fue parcial, la apelación lo será también", dice Christian Valle. "Durante todo el proceso se han violado derechos humanos de Angélica", añade.
En el área donde se erigía un campamento gitano está previsto construir un gran complejo comercial y de ocio. El abogado de Angélica debería, quizá, poder citar a algún representante del Gobierno que atiza la hoguera de la xenofobia. Bajo los ataques fluía un cóctel de degradación, demagogia, racismo, crimen organizado y especulación urbanística.
Angélica lleva ocho meses en la cárcel de menores napolitana de Nisidia, a pesar de que se ha declarado inocente y de que ha sido condenada sin más pruebas que el testimonio de la madre del bebé. Allí, el 100% de las internas son, como ella, de etnia gitana.
El insólito caso de Angélica se explica difícilmente en un país como Italia, que hasta ahora gasta justa fama de ser uno de los lugares de Occidente donde la certeza de la pena es menos cierta y la justicia menos eficiente. Para entender la paradoja basta con escuchar la frase pronunciada por Salvatore, un taxista romano: "Aquí, doctor, las reglas sólo son para los débiles". Angélica V. es, desde luego, una persona débil. Aunque es europea de pleno derecho, no tiene carné de identidad, es joven, es mujer, es gitana y no ha estudiado. Para colmo, se le ocurrió aparecer por Nápoles cuando acababa de presentarse en sociedad la política de mano dura del flamante Gobierno Berlusconi.
Nápoles, harta de desgobierno y basura en las calles, había votado como nunca por Il Cavaliere. Más que casi nadie en Italia, y de largo, más que Milán. 36% de los votos en su ciudad, 48% en Nápoles. Al frente de Interior, Berlusconi colocó a un hombre de la Liga Norte, el eterno número dos de Umberto Bossi. Tiene bigote y principios, es inteligente, le pierde el discurso xenófobo y populista, los sábados toca los teclados con una banda de blues y cuando era un joven de extrema izquierda mordió una pierna a un policía que le estaba deteniendo. Es Roberto Maroni, y su objetivo declarado es devolver las calles a los italianos, restaurar la sensación de seguridad.
Bobo Maroni llega con las ideas claras y el enemigo identificado. No es la Camorra, ni la Ndrangheta, ni la Cosa Nostra. Son los gitanos. Como ha dicho su partido en la exitosa campaña electoral, "violan y matan a nuestras mujeres, roban bebés, asaltan ancianos". Italia vive la "emergencia gitana". Pero él lo arreglará y los echará a todos.
La historia de Angélica V. está ligada a los pogromos de Ponticelli. Las imágenes dieron la vuelta al mundo en mayo. Después de que una vecina del barrio lanzara la alarma por el intento de secuestro de su bebé, grupos de jóvenes motoristas se tomaron la justicia por su mano e incendiaron y asaltaron los campamentos gitanos del barrio. "La reacción fue violentísima, alucinante", recuerda Marco Imarisio, periodista local del Corriere della Sera, que cubrió los ataques para su diario y ahora ha plasmado lo que vio en un libro titulado Los días de la vergüenza. Crónica de una emergencia infinita (L'Ancora del Mediterraneo).
Algunos trataron de pintar los ataques como una revuelta popular contra los gitanos, como una espontánea batalla entre pobres, pero en Nápoles todo el mundo sabe que se trató de otra cosa: "Un fatto di Camorra". Imarisio da un dato: "El clan que manda en el barrio cobraba 60 euros por cabeza a los gitanos por permitirles estar allí. Durante años. De repente, pasó de hacer negocio a quemarles las chabolas. La gente del barrio no quería a los gitanos, y ellos les cobraban el pizzo, hacían negocio con ellos. El presunto secuestro fue la excusa para echarlos y recuperar su autoridad".
El tiempo, los meses pasados desde entonces, han revelado que bajo los salvajes ataques fluía un enredado cóctel de motivos elaborado con ingredientes de la peor marca. Degradación y miseria, racismo y demagogia, crimen organizado y especulación urbanística. El hecho fundamental es que sobre algunos solares que ocupaban los campamentos ilegales quemados en mayo, el Ayuntamiento de Nápoles había decidido construir el Palaponticelli, una espectacular intervención urbana que fue declarada de interés público en junio de 2007 por la junta de la alcaldesa del Partido Demócrata, Rosa Russo Iervolino. Se trata de un proyecto faraónico, previsto sobre 85.000 metros cuadrados, que incluye un pabellón multiusos, sala de conciertos de 11.000 metros cuadrados, 44.000 metros más de zona comercial, parking para 3.000 coches, una nueva plaza pública, equipamientos... El costo es de 200 millones de euros, a cargo del promotor privado; y creará 1.000 empleos (http://www.comune.napoli.it).
En abril de 2008, Andrea Santoro, un concejal de Alianza Nacional, denunció públicamente que la operación era "una de las más grandes especulaciones constructoras y comerciales que haya golpeado jamás a la ciudad". El edil advirtió, además, de que un sistema de cajas chinas protegía a la promotora, Palaponticelli, creada ad hoc en 2007 con un capital social de 2.500 euros. Dicha sociedad es propiedad de Armonia, empresa de Reggio Emilia, constituida con 10.000 euros de capital social y administrada por Marilù Faraone Mennella (conocida como Lady Confindustria, porque su marido es el ex presidente de la patronal italiana, Antonio Amato) y por Silvio de Simone.
Esa sociedad emiliana es propiedad de la romana DM, que a su vez, concluyó Santoro, es propiedad de un grupo outdoor: F1Napier, F2Napier, Hakon. "Sociedades luxemburgesas, anónimas, sujetas a una jurisdicción que hace imposible conocer a los socios. Detrás de Palaponticelli puede estar cualquiera", afirmó el concejal. Desde entonces, silencio absoluto. Las acusaciones quedaron en agua de borrajas. El proyecto siguió adelante. Y el jueves pasado, la junta municipal aprobó el proyecto definitivo sin oposición aparente.
El sitio elegido para el Palaponticelli, decía en 2007 la junta municipal, "está en condiciones de abandono y degradación". Sólo un año después, el Ayuntamiento solucionó el problema sin poner un euro y sin realojar a nadie. "Los gitanos huyeron, fueron alojados en casas de acogida, y ahora la inmensa mayoría está en sus países", explica Roberto Malini, de la ONG EveryOne.
El día del éxodo de los gitanos, Patrizio Gragnano, concejal ex comunista, culpó de los ataques tanto a la derecha como al Partido Demócrata (PD). "No han hecho otra cosa que sembrar odio y alimentar la exasperación de la gente", declaró a La Repubblica. El periodista añadía, de su cosecha: "En el área donde se erigía uno de los campamentos gitanos está previsto construir el Palaponticelli, una estructura de 12.000 asientos para conciertos. El desalojo de los gitanos, allí, estaba programado hace tiempo".
Volvamos al secuestro. La mujer que acusó a Angélica del intento de secuestro de su hija se llama Flora Martinelli, tiene 28 años y es hija de Ciro Martinelli, de 57 años, más conocido por los carabineros de Nápoles como O Cardinal y O Vescovo. Martinelli es un colaborador del clan Sarno, la banda camorrista que domina Ponticelli, caracterizada por su habilidad para obtener contratos públicos. La hoja de antecedentes penales de O Vescovo ocupa varias páginas. En 1999 fue condenado por asociación para delinquir. Su hija, la madre del bebé, fue también arrestada en 2004 por un delito menor: falsedad ideológica cometida ante funcionario oficial (es decir, mentir a un policía) y falsificación de documentos relativos a la ITV y permisos de circulación.
Angélica había llegado a Italia desde Rumania hacía poco. Siempre andaba con su novio. Los gitanos de Ponticelli apenas la conocían. Vivían apartados, se buscaban la vida robando, mendigando y haciendo mandados. Angélica no robaba con especial astucia. Porque en pocos días se las arregló para sufrir dos intentos de linchamiento en
Ponticelli. En ambos casos la salvó la policía, pero ninguno de sus agresores fue arrestado.
Tras la turbamulta, Angélica fue entregada a la Comunità di Monte Procida, una de tantas casas de familia que han surgido como champiñones por el territorio italiano, donde la caridad está privatizada, y casi siempre en manos de la Iglesia católica. Dos o tres días después se escapa y vuelve a Ponticelli. Pierde otra vez el miedo a morir. O quizá tiene hambre. Y el domingo 11, a las nueve y media de la noche, sube hasta el segundo piso de una casa e intenta llevarse un bebé. La madre la descubre. Setenta personas intentan lincharla otra vez. La policía la rescata. Es encarcelada el 13 de mayo.
La misma noche del 11 empiezan las vendettas. La primera víctima es un rumano no gitano. Tiene casa, no vive en los campamentos, es un obrero. Veinte personas le agreden. Patadas, puñetazos, un navajazo en la espalda. Luego siguen los incendios y las pedradas. Atacan todos: mujeres, niños y jóvenes. Mandan los Sarno. En 48 horas, todos los gitanos huyen de Ponticelli. La policía no es capaz de garantizar su seguridad. Dejan atrás enseres, ropa y cinco perros. Son como únicos pobladores en la tierra que humea. No hay detenidos.
Ése fue el relato que hizo la prensa entonces. Convincente quizá, pero incompleto. Porque, según Marco Imarisio, el periodista del Corriere, y el abogado de Angélica, el secuestro fallido nunca se produjo. "El rapto de la niña de Ponticelli nunca fue tal", escribe Imarisio. "Del hecho de que nada encaje en esta historia está convencida incluso la policía, que dudó desde el principio de la versión oficial, construida sobre el relato de la madre de la niña y sus familiares".
En su informe de conclusiones, la policía expresó "fortísimas dudas" sobre la "verosimilitud" de lo que pasó ese día. "Los móviles de los Martinelli fueron interceptados durante dos meses", explica Imarisio, "para ver si en sus conversaciones privadas surgían los motivos reales de lo que a los investigadores les parecía una puesta en escena o, como mucho, una versión ampliada de algo que sucedió en la casa".
O Cardinal fue quien sujetó a la muchacha cuando escapaba en el umbral de la puerta. "Es un personaje muy conocido, un hombre de respeto. Difícil pensar que alguien entre a robar en su casa, y menos a su nieta". Angélica había estado antes en esa casa, cuentan los vecinos, "al menos tres o cuatro veces". "Probablemente muchas más", según los inspectores. "Ella contó que iba a menudo porque le daban vestiditos". La madre del bebé afirmó a la policía que entró forzando la puerta y se llevó a la niña. En el juicio cambió la versión y dijo que la puerta estaba abierta. La tesis de la policía es que Angélica entró con permiso de la familia y que la madre de la niña dejó al bebé en el salón mientras iba a su cuarto a buscar algo; en ese momento, quizá, Angélica decidió robar algo y la madre lo vio.
Según la versión de la madre, cuando volvió al salón vio a la joven gitana saliendo por la puerta con la niña en brazos. La policía y el abogado juzgan inverosímil el relato: la distancia era muy corta y le habría dado tiempo a huir, "a no ser que hubiera dado un paso por minuto". Pero la mamá insiste: salió, arrebató al bebé de los brazos a la chica y empezó a gritar.
El abuelo, que está en el piso inferior, oye los gritos y sube. Es un hombre alto y gordo. Tiene tiempo de cerrarle el paso en la escalera, pero misteriosamente la deja huir. Luego la persigue 500 metros, hasta que la alcanza. Un testigo cuenta que le preguntó a la chica si había intentado robar a la niña y que ella lo negó. A la policía le dijo lo contrario.
En el juicio, O Cardinal y sus vecinos sostuvieron que ninguno de ellos vio a Angélica con el bebé en brazos. Sólo la vio la mamá. Suficiente para la juez Cirillo. El 13 de enero, el Tribunal de Menores condenó a A. V. a tres años y ocho meses de cárcel con la agravante de menor indefenso, ya que la madre se encontraba en otra habitación.
"Tengo la impresión de que acaban de condenar a un inocente", dijo Enzo Esposito, secretario de la ONG Opera Nomadi de Napoli. El abogado Valle tiene esa misma sensación. "No fue un juicio imparcial. Todas las preguntas de la defensa fueron consideradas irrelevantes. Y las actas no fueron traducidas, como pide la ley cuando el acusado no sabe italiano. El juez le ofreció un pacto: si se declaraba culpable, le cambiarían la pena por un programa de rehabilitación. Ella no aceptó. La única base de la condena es el testimonio de la madre del bebé. Increíble, sobre todo porque tiene antecedentes de haber mentido a la policía. Pero, según la fiscal y la juez, la madre no tenía ningún interés en acusar a la muchacha. Y no lo habría hecho si el rapto no hubiera ocurrido. No parece mal razonamiento, sobre todo en una ciudad donde las mamás no mienten. Entre una mamá napolitana, hija de un hombre de respeto, y una gitana ladrona, ¿a quién creer?
Tras la sentencia, el grupo de abogados Socorro Legal, al que pertenece el letrado Valle, emitió un comunicado. "Cada petición de la defensa ha sido sistemáticamente rechazada, incluso la admisión del abogado de oficio (...) El aparato judicial ha desencadenado, así, su ofensiva contra la pequeña gitana, encarnizándose en una obsesión de castigo alimentada por el más vergonzoso racismo y la devastadora ideología de la seguridad de estirpe fascista".
Angélica estaba condenada a ser condenada. Quizá tenía vocación de chivo expiatorio. En los días previos al incidente, los vecinos del barrio se habían reunido numerosas veces para estudiar la forma de echar de allí a los gitanos. Los habitantes de las casas populares nacidas en los años sesenta en la periferia oriental de Nápoles, hijas de la especulación administrada por el almirante y dueño de la ciudad, Achille Lauro, habían fundado no menos de cinco comités cívicos (Rinascita Ponticelli, Insieme per Ponticelli, Comitato Civico Lettieri...) para desalojar los campamentos, recuerda Imarisio.
Pero el cura de Ponticelli se oponía. Era el único defensor de los gitanos. Y cuando sucedió el pogromo declaró: "Aquí hay un trenzado perverso, algo más que mafia". Se refería a Palaponticelli, a la eficaz unanimidad con la que los políticos y medios italianos han sembrado el odio contra la población rromaní. En Nápoles, esa criminalización fue liderada por la izquierda, como demuestra el manifiesto-pogromo que distribuyó el Partido Demócrata local, titulado Fuera campamentos gitanos de Ponticelli.
Irónico, sobre todo si se piensa que los gitanos llevaban allí 15 años sin que el Ayuntamiento se hubiera ocupado nunca de integrarlos. Irónico, si se piensa que el barrio es un lugar absolutamente degradado y abandonado, donde la ley la impone la Camorra. Irónico, porque en aquellos días Ponticelli estaba ahogado por otra emergencia infinita -la de la basura- de la que sabe tanto el PD, que gobierna la región y el Ayuntamiento desde hace más de una década.
Los habitantes de Ponticelli llevaban años esperando. Esperaban el mensaje de Berlusconi y Maroni: más seguridad, más Estado, fuera gitanos. Esperaban una inminente lluvia de millones que nunca acababa de llegar y debía cambiar el rostro de esa periferia miserable. ¿Pudo alentar quizá esa mezcla la denuncia de la mamá?
El factor camorrista es la tercera pata. El clan que domina el barrio, los Sarno, es conocido por su habilidad para moverse en el proceloso terreno de los contratos públicos, un mundo que acaba de desmoronarse en parte hace unas semanas con la detención de Alfredo Romeo, megacontratista afín al Partido Democrático, imputado por corrupción junto a 16 personas más. El joven que dirigió los ataques contra los campamentos es uno de los nietos del primo del alcalde de Ponticelli, Ciro Sarno, que desde la cárcel sigue siendo el patrón del barrio.
El 21 de febrero de 2008, la junta municipal alteró y dio forma definitiva al anhelado Programa de Recuperación Urbana de Ponticelli (PRUP). Según la prensa local, la alteración supuso una caución importante: si las obras no empezaban antes del 4 de agosto, la financiación ministerial caducaría. Había prisa, por tanto.
El día que Angélica fue encarcelada, el 14 de mayo, la directora del Departamento de Infraestructuras de Transporte del Ayuntamiento de Nápoles, Elena Carmelingo, con las cenizas todavía humeantes, dispuso que los técnicos fueran al barrio para empezar a proyectar el Palaponticelli. Es un proyecto histórico, vendido así en la web municipal: "El más grande multiusos de Italia, una Casa de la Música, de la Cultura y de los Espectáculos que tendrá capacidad para 12.000 espectadores, con anexos para actos culturales, sociales, de actividad comercial y de descanso, realizada con inversión enteramente privada, que llenará la carencia en la capital campana y el sur de Italia de lugares cubiertos para conciertos y otras actividades ligadas a la cultura, la música y el espectáculo, consintiendo incluir a la ciudad en las giras musicales más significativas a nivel internacional". El diseño definitivo insiste menos en la música: habrá 11.000 metros de sala de conciertos y 44.000 para centro comercial.
A finales de mayo pasado, cuando todavía no se habían apagado los rescoldos, el ministro Maroni anunció que empezaba el censo de todos los gitanos de Italia, niños incluidos. Ante las denuncias de la Comisión y del Parlamento europeos, fue reculando y lo dejó sólo en los adultos. En julio, 30 familias gitanas tuvieron el cuajo de volver a Via Argine. Antes de que les diera tiempo a instalarse, los vecinos incendiaron los solares donde acamparon. "Una advertencia contra su regreso", dijeron los muchachos del barrio.
Quizá Angélica intentara realmente robar aquel bebé. Resulta improbable. Según un estudio de la Università degli Studi di Verona para la Fundación Migrantes, presentado en noviembre, el 100% de las acusaciones de ese tipo realizadas en Italia entre 1986 y 2007 ha resultado falso.
No había, hasta ahora, ni un sólo caso probado, ni una condena. El estudio titulado La gitana secuestradora analizó 40 denuncias: 29 de robo y 11 de desaparición. "En ninguna hubo sustracción efectiva", afirman los investigadores, "sino que siempre se trató de un intento de secuestro o, mejor, de un relato de un intento de secuestro". Y siempre la testigo de cargo es una madre coraje que salva a su bebé.
El abogado de Angélica recurrirá la sentencia. Quizá la próxima vez la justicia le permita citar a declarar, además de al silencioso O Cardinale, a los políticos locales, los miembros de la familia Sarno... Incluso a algún representante del Gobierno que atiza la hoguera de la xenofobia y sigue tolerando que sucedan historias como ésta.
