Con una votación de 69 a favor y 30 en contra y después 14 días de movilización, ganó la lucha librada por las comunidades nativas, a favor de su autonomía e integridad y en contra de disposiciones legislativas que buscan materializar el Tratado de Libre Comercio Perú-EEUU.
A pesar del clima generado por el Estado de emergencia declarado por el gobierno, las movilizaciones se desarrollaron como una expresión del más enérgico rechazo a estas y otras disposiciones que desconocen el derecho de las comunidades a ser consultadas sobre leyes que les afecten directamente tal y como lo prevé la Constitución Nacional y los distintos convenios internacionales suscritos por el Perú.
El decreto 1015 conocido como "Ley de la Selva" es una medida legislativa que conduce a la implementación de un Acuerdo de Promoción Comercial EEUU-Perú y el 1073, es una modificación de este, intentando superar la demanda de inconstitucionalidad presentada por la defensoría del pueblo y ya resuelta favorablemente por el Tribunal Constitucional.
En lo sustantivo dichos decretos violan los derechos a la autodeterminación de 1200 comunidades indígenas y campesinas a decidir sobre su desarrollo, vulneran el convenio 169 de la OIT, lesionan los intereses y necesidades de 64 etnias y conducen al deterioro de los recursos naturales y la biodiversidad en flora, fauna que posee el país en la selva amazónica, puesto que en últimas, buscan dar estas tierras en concesión a multinacionales para su explotación desconociendo el derecho propio de las comunidades.
Por eso, esta lucha de las comunidades de Perú encuentra la solidaridad del movimiento social en todos los países de América Latina que aunque con distintos contextos y algunos matices se reconocen en ella.
