El encuentro, convocado por la Agencia Internacional de Prensa India (Aipin), la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, así como por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) -por cierto, no estuvo representa la delegada Anahí Romero-, tuvo como propósito exponer una serie de demandas y propuestas en materia de comunicación indígena, para elaborar los lineamientos que deberán normar a dichas leyes en materia indígena.
Una de las demandas principales es canalizar fondos para crear, sostener e impulsar el desarrollo de innovaciones tecnológicas en las comunidades, facilitar la convergencia tecnológica y otorgarles concesiones y permisos bajo las mismas normas con las que se trata a las empresas privadas. Se propuso que la Federación destine el 1 por ciento de los recursos que invierte en el área de Comunicación Social de la presidencia de la República a los medios de comunicación indígenas, que auxilia, pero no resuelve el problema.
Coincidieron en que el Estado no ha cumplido con el mandato constitucional y los acuerdos internacionales referentes a los derechos de comunicación y libertad de expresión de los pueblos indígenas. "Este punto constituye una de las mayores limitaciones para establecer un diálogo intercultural dentro del país y avanzar en la democracia mexicana. La deuda del Estado mexicano con los pueblos indígenas aún es enorme", dijo uno de los participantes.
Para Genaro Bautista, comunicador indígena y director de la Agencia Internacional de Prensa India (AIPIN), la situación real es difícil. En entrevista con La Jornada de Oriente, explicó que lo que se reclama en específico son las modificaciones al artículo 2 de la Constitución Política, para reconocer a los pueblos indígenas sujetos de derecho público, tal y como se establece en los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, firmados el 16 de febrero de 1996, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno de México.
Habló de la necesidad de los indígenas de administrar y operar un medio de comunicación, que promueva la lengua, como método para evitar su extinción, pero el mismo gobierno impide la libertad de expresión cuando se habla de política. Un ejemplo reciente es la ola de desmantelamiento de las radios comunitarias e indígenas en México.
"Si recordamos, ya pasó en Nuevo León, en Oaxaca y en Veracruz. Está el asesinato de Teresa Bautista que hasta ahora no ha sido resuelto por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la PGR. Decían que eran amas de casas y no comunicadoras, cuando existen excelentes comunicadoras y periodistas que también son amas de casa. Es una labor que no choca, ni denigra a nadie".
"Oaxaca ha sido muy hostigado. Recuerdo la radio La rabiosa, en Huajuapan de León, la represión a los periodistas huaves. La situación es candente, también está el caso de Xochitlahuacan, con los amuzgos, ahí fue la población que los defendió, pero la imprudencia del gobierno federal casi propicia que se de un enfrentamiento. Y esto es lo que el gobierno no quiere ver, prefieren doblegarse ante los imperios del poder, de las grandes televisoras, que reconocer el derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas".
"En Michoacán son dos casos recientes: San Juan Nuevo, en el Valle de Uruapan, y Ocumicho, en la meseta purépecha, donde desmantelaron hace dos semanas dos radios indígenas; al mismo tiempo que agredieron, amenazaron y hostigaron a los comunicadores que transmitían".
Inoperante, la actual Ley de radio y televisión
El colaborador de La Jornada expuso que el gobierno "trabaja" con una ley de radio y televisión de los años 60, que resulta inoperante. Por eso el papel que juega el Congreso de la Unión es preponderante, pues puede exhortar recomendaciones al Ejecutivo, y como sucedió en los últimos dos años, organizar los congresos nacionales de comunicadores indígenas.
Para obtener un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), explicó, la comunidad debe invertir unos 100 mil pesos, recursos con los que no cuenta. Son requisitos casi inalcanzables, cuando estamos en la era de la tecnología, de lo digital, del siglo XXI, los indígenas seguimos atrasados y marginados.
Por ello, destacó la importancia de destinar el 1 por ciento de los gastos en comunicación de la presidencia, a las radios indígenas. "Es un proceso arduo, pero si lo llegamos a lograr eso no quiere decir que nos vamos a someter, pues ya no estamos en la época de López Portillo quien dijo: 'para qué te doy, si me pegas'. Aquí hay que ser reflexivos, críticos, e incluso con nosotros mismos, con nuestras radios, porque si nos decimos indígenas, ¿En realidad, estamos promoviendo nuestra lengua? ¿Estamos revalorando la identidad, la cultura, nuestros usos y costumbres? O solamente estamos copiando los modelos de las radios de la ciudad".
-¿Qué tanto pueden caminar las propuestas que están defendiendo ahora, cuando en unos meses hay elecciones federales para el cambio de Legislatura?
-Somos realistas, esta cuestión es un asunto que va a tardar. Ya vimos reacciones, donde las televisoras se impusieron ante el IFE, ante el Estado; entonces no esperemos que esto se dé de inmediato, pero nos toca a nosotros llamar la atención. Tenemos que seguir exigiendo. Los exhortos y recomendaciones van a ser el precedente para la siguiente Legislatura.
