Con 51 votos a favor y seis en contra, la Comisión Legislativa de mayoría oficialista -que actúa como un Parlamento de transición- dio luz verde a una iniciativa que endureció en los últimos días la oposición indígena al gobierno del presidente Rafael Correa, según un comunicado.
La norma permite la extracción minera a gran escala bajo regulaciones ambientales, prohíbe la actividad en áreas protegidas y autoriza las concesiones a las trasnacionales mineras, que deberán repartir con el Estado sus beneficios en un monto no inferior al que recibe, agregó el órgano.
Al momento existen cuatro grandes proyectos en fase de exploración que involucran a empresas de Canadá y Estados Unidos con ganancias estimadas por el gobierno en unos 110 mil millones de dólares al largo plazo.
Ecuador, un país dependiente del petróleo, contaría con millonarias reservas de oro, plata y cobre principalmente.
El movimiento indígena y grupos ecologistas rechazan la ley por considerarla lesiva para el medio ambiente y en particular para las reservas de agua en los territorios ancestrales.
Desde principios de año han realizado cortes esporádicos de rutas, huelgas de hambre e interpusieron un recurso de protección para tratar de impedir la aprobación de la ley, que pasará ahora a sanción presidencial.
"Esta ley se acaba de aprobar con imposición y la prepotencia del gobierno. Luego de haber analizado el texto decidiremos si continuamos" con la huelga de hambre, dijo Salvador Quiste, dirigente indígena.
Los pueblos aborígenes anunciaron una movilización para el 20 de enero en el marco de otras protestas sociales contra el gobierno.
La actividad minera se encuentra paralizada desde hace casi dos años y en abril el Estado revirtió el 97% de las licencias que habían sido concedidas a empresas privadas para organizar el sector a través de la ley aprobada por el Legislativo.
