Parte 1: Entrevista a Álvaro García Linera (primera parte)
Parte 2: Entrevista a Álvaro García Linera (segunda parte)
Parte 3: Entrevista a Álvaro García Linera (tercera parte)
Síntesis del proceso constituyente
. La demanda por una Asamblea Constituyente emerge desde el mismo instante en que la mayoría del país, los sectores indígenas, pasan o comienzan a transitar el paso de una mayoría demográfica a una mayoría política, el momento en que se da éste despertar de un movimiento indígena, campesino y popular, secularmente marginado de las estructuras del poder del Estado. En ese instante son los sectores indígenas quienes se replantean su derecho a participar en la definición de lo común de los bolivianos, las instituciones comunes, la riqueza en común, los derechos comunes.
Y eso emerge, se hace presente, inicialmente el año 1990 con una marcha indígena que reivindica este derecho a participar en la construcción del bien común y de las instituciones colectivas de la sociedad. Habida cuenta que el movimiento indígena hasta entonces se sentía al margen de la institucionalidad, al margen de la legalidad, al margen de los derechos, en lo que el indianismo y el Katarismo denunciaron como una ciudadanía de segunda clase.
Entonces, el movimiento indígena se propuso ser ciudadano de primera clase, con los mismos derechos y obligaciones. Y esto entonces pasaba por modificar la totalidad de la estructura institucional del Estado, acabar con el Estado segregador y racista, y dar paso a un tipo de Estado inclusivo, participativo, y con el sello, con el olor, con el lenguaje, con la mirada, con el hábito del mundo indígena mayoritario en Bolivia.
La agenda de una nueva Constitución presente en el movimiento indígena se lanza el año 1990 y es en el año 2000 cuando éste despertar político del movimiento indígena se convierte en fuerza política, en fuerza política de movilización, en fuerza política de presión, fuerza política de parálisis del Estado.
Es en la guerra del agua del año 2000 cuando productores de hoja de coca, campesinos, regantes, clases medias, obreros, desindicalizados se asocian, no solamente paralizan el Estado, sino que incluso modifican la estructura legal en torno al tema del agua y en ese instante dicen: bueno, si seguimos de esta manera aquí vamos a enfrentarnos todos contra todos. La única manera de parar este enfrentamiento entre bolivianos o un regreso -filosóficamente hablando- al Estado Hobbsiano, hay que pasar a un pacto, pero un pacto en el que también nosotros pongamos el sello y la calidad del pacto: Asamblea Constituyente.
Es el año 2000 en el que una demanda política indígena se convierte en tema fundamental de debate. Ocupa el escenario político y desde ese momento se producirán otras movilizaciones, se llevaran a cabo debates, asambleas, propuestas en torno a la Asamblea Constituyente. Se le plantea - en el momento en que escapa Sánchez de Losada- al nuevo Presidente Carlos Meza la agenda de la Asamblea Constituyente y ya era una cosa demasiado grande para el hombre, demasiado compleja para una persona demasiada adherida al viejo régimen de exclusión.
Y tocará en campaña al Presidente Evo y luego al gobierno, recoger este programa popular, este programa indígena, que en el fondo es la demanda por participar en la construcción de las instituciones, participar en el bien colectivo y en el uso de ese bien colectivo, que no es otra cosa que la definición política de un Estado.
Pero, evidentemente, esto chocaba con toda una experiencia, con todo un comportamiento, con todo un hábito de las clases dominantes, de las élites racistas del país, para quienes la Constitución se les presenta como una especie de patrimonio personal y familiar.
Siempre habían hecho así, siempre habían construido entre 20, entre 40, entre 60 amigos, parientes y conocidos, los textos constitucionales; y siempre la habían modificado al gusto del pariente dominante en la gestión de gobierno. Y cuando es la plebe, los sectores marginados, los que demandan esa participación, lo tienen que aceptar a regañadientes al principio, y, cuando pudieron, conspiraron contra la nueva Constitución.
Y esa es la historia, ya triste, dramática, compleja, de la Asamblea Constituyente. Convocada en el mes de marzo - abril, electa en el mes de junio, posesionada en el mes de agosto del 2006. Entre el 2006 y hasta hace una semana la historia de la Asamblea constituyente es la historia de una voluntad mayoritaria de un pueblo que quiere construir colectivamente sus instituciones y el freno, el obstáculo de una élite racista dominante, que se opone y que va a convertir su minoría política en un derecho a veto, para impedir que se apruebe el texto constitucional.
La mayoría en la Constituyente elaborará propuestas, tenderá puentes para incluir a los distintos sectores y yo diría que desde el mes de septiembre - octubre del 2006, a dos meses de instalada la Asamblea Constituyente, se va poner en marcha toda una maquinaria conspirativa de la asamblea y del texto constitucional, con distintos pretextos. Debate en torno a los famosos dos tercios para aprobar el texto constitucional, luego el debate en torno a la capitalía, una discusión entre regiones del país sobre dónde deben estar ubicadas la sede del gobierno y la sede del congreso, y luego, pese a los esfuerzos de los constituyentes de hacer acuerdos entre mayorías y minorías, la parálisis de la Asamblea Constituyente por las amenazas, las persecuciones, las agresiones a los constituyentes que acabaron con la quema de casas de algunos constituyentes, con la expulsión de constituyentes de la ciudad de Sucre por parte de grupos fascistas, organizados para que no haya Asamblea Constituyente.
Pese a ello se intentó acá en la Vicepresidencia y luego el Presidente Evo, en reiteradas oportunidades, llevar adelante acuerdos, consensos, que permitieran redondear un texto constitucional. Todos estos intentos fracasaron porque había una actitud decidida de que no debía haber nueva Constitución, de que había que parar a como de lugar esos posibles acuerdos y no importaba cuanto cediera la fuerza mayoritaria de la constituyente, no importaba cuánto flexibilizaba el texto constitucional.
La consigna era: No Asamblea Constituyente, y esa conspiración duró, les digo hasta una semana atrás, cuando aún ya en el Congreso la fuerza política de derechas, mayoritaria de derechas - minoritaria en el contexto del Congreso, pero mayoritaria en la oposición - seguía reivindicando la bandera de que no debía haber texto constitucional, de que había que bloquear.
Y bueno, desde que se inauguró la Asamblea Constituyente -agosto del 2006, 2007, 2008 agosto, dos años- en agosto las cosas cambian. Son dos años de oposición, de bloqueo, de amenaza, de chantaje, que impiden la aprobación de un texto constitucional que resuma la voluntad total de la población.
Se aprueba en Oruro un texto pero con dificultades. Y es en agosto -habida cuenta de que le toca al Congreso convocar al referéndum para aprobar la propuesta de la nueva Constitución- que el Congreso asume un debate, pero ya en circunstancias distintas.
Lo que ha permitido que la nueva Constitución sea convocada son varios factores. El primer factor y quizás el más importante es la victoria política abrumadora del presidente Evo en el referéndum revocatorio. Este referéndum fue el 10 de agosto y el presidente Evo pasó de un 54 por ciento de apoyo electoral a un 67 por ciento histórico en la vida política boliviana.
Llegó a controlar con el voto mayoritario 96 de 112 municipios de todo el país. La derecha territorialmente atrincherada en cuatro departamentos, en cinco pierde dos departamentos, pierde municipios, pierde territorios y queda arrinconada a una franja marginal del país.
Ese fue el punto decisivo que modifica la correlación de fuerzas territorial en el ámbito político en Bolivia. Ante ello, era inminente que mas pronto que tarde, iba a aprobarse el texto constitucional. ¿Qué hizo la derecha? Arremetió mediante un golpe de estado. Ocupó instituciones, destruyó instituciones, ocupó aeropuertos, impidió que las autoridades legalmente constituidas estuvieran presentes en las regiones, asesinaron a bolivianos, destruyeron en actos de terrorismo ductos de gas, de petróleo del país.
Y ahí el gobierno esperó y luego tomó una decisión fuerte, el estado de sitio, apresó a un prefecto, protegió a la población, encarceló a las personas involucradas o potencialmente involucradas en estos actos de asesinatos, y este fue el segundo momento ya no de derrota electoral, sino de derrota militar de parte de las fuerzas golpistas. Quedaron aisladas. UNASUR dio un respaldo unánime al gobierno constitucional, el embajador norteamericano fue expulsado, con lo que la conspiración quedó sin un articulador. Militarmente asumimos el control de un departamento y en el resto de los departamentos, tomados violentamente por esta banda de criminales, la población se aleja, abandona estos actos violentos y entonces se da una derrota militar que permite que el gobierno nuevamente tenga mayor fuerza para tomar decisiones y empujar el proceso constituyente.
Y el tercer momento, sin duda, es la gran movilización, la gran movilización de los sectores sociales, primero en Santa Cruz. En un territorio aparentemente de propiedad de los terratenientes, de control absoluto de los terratenientes, sus peones se rebelan, se sublevan, cercan la ciudad, se movilizan defendiendo la democracia y la nueva Constitución.
Luego, el presidente Evo encabeza una marcha gigantesca, heroica, la más grande de la historia en Bolivia, en términos de marcha. Más grande que la de los mineros que cerró el ciclo nacional revolucionario allá en los años 80. La recepción en la Paz es apoteósica, 200 mil personas llegan al Congreso y muestran que hay un respaldo social.
Por lo tanto, lo que ha permitido destrabar el proceso constituyente, lo que ha permitido aprobar una ley de convocatoria es este nuevo contexto político, la nueva mayoría electoral del 54 al 67 por ciento, el nuevo poder territorial del gobierno en todo el país, oriente y occidente, norte y sur, ciudad y campo, la derrota militar de la derecha fascista y la gigantesca movilización social, que han permitido que en el Congreso las fuerzas de derecha se quiebren, se aísle al sector fascista reaccionario, se potencie el sector democrático, que el gobierno -en ámbitos de ciertas concesiones flexibles- permita una alianza con los sectores democráticos, y esto nos dio los dos tercios al final, que fue lo que ha permitido una ley de convocatoria que ha sido socialmente aceptada por todo el país.
Evidentemente, en torno a la asamblea constituyente el país ha vivido tensiones y riesgos de enfrentamiento civil porque había una derecha obstinada, que se resistía a pactar, a permitir que los indios también sean co-partícipes de la elaboración de un texto fundacional del Estado.
Su derrota, su fracaso, sus errores políticos permitieron que la derecha se escinda y a partir de eso que el gobierno pueda construir alianzas temporales en base a ciertos acuerdos y flexibilizaciones del texto constitucional que aislaron a la derecha y que nos dieron los dos tercios que ustedes han visto la anterior semana.
El proceso post-Oruro y los 100 cambios del texto aprobado
Justamente, el día de hoy en la mañana, tuvimos una reunión con la Central Obrera Boliviana, con Conalcam, la Confederación Sindical de Campesinos, de Colonizadores, la Federación Bartolina Sisa, la Conamaq, el Cidob, en fin... el debate fue muy rico, toda la mañana hasta las cinco de la tarde, muy fructífero y muy maduro.
No son los sectores sociales los que están reclamando. Son algunos constituyentes, que dicen: "Oigan, yo fui elegido como constituyente y luego me modifican tal o cual artículo de un texto que yo lo construí". Reclamos legítimos que fueron explicados por el gobierno en términos de que en el Congreso se preservó, se blindó, se resguardó y se mejoró el núcleo fundamental del texto constitucional, que es este proceso de construcción de un Estado que tienen como núcleo articulador - con liderazgo moral, intelectual, hegemonía en el sentido gramsciano- al movimiento indígena campesino y popular. Este núcleo no se tocó en nada.
Se hizo aclaraciones que en algunos casos mejoraron la posición en el tema de autonomía indígena, por ejemplo, o en el tema de tierras, en términos de la constitucionalización de los mecanismos de reversión de tierras que no estaban en la Constitución.
En otros casos se corrigió palabras que resumían de mejor manera el núcleo del texto. Por ejemplo, la palabra "República". No estaba la palabra "República" pero todo el texto tiene la forma de la construcción de la República, división de poderes, estado de derecho, libertades individuales, en fin. Faltaba la palabra. Al modificar la palabra se modifican ocho artículos de sus cien.
Lo mismo pasó con el Consejo de la Adjudicatura que es el organismo colegiado para seleccionar a los jueces. Se le cambió por Consejo de la Magistratura. Ya tiene 9 artículos cambiados por una palabra. No cambió la esencia, cambió una palabra.
Discusión sobre la problemática de la autonomía. ¿Cómo la derecha asumió el discurso autonomista?
Hubo sin embargo en algunos puntos algunos cambios profundos en el tema de autonomía, evidentemente. Había como confusión de niveles entre la autonomía indígena, la autonomía regional, la autonomía departamental. Lo que se hizo con los acuerdos es establecer muy bien la separación, los niveles de la autonomía, consolidar el control y el papel del Estado, del gobierno central, de los fundamentos materiales, institucionales y objetivos de la unidad nacional, la unidad del país; y desconcentrar en el ámbito indígena, en el ámbito departamental y municipal, funciones secundarias, digámoslo así. Entonces, ahí si se hizo correcciones.
En la anterior Constitución estaba "facultad legislativa-normativa", que se colocó así para luego dialogar, negociar y flexibilizar. Facultad legislativa, luego normativa. Ya es un cambio importante porque se separa que hay facultades de legislar en las competencias exclusivas del departamento, pero también de normar. Se superan estas ambigüedades.
Y en el caso del tema de las tierras, por ejemplo, que es parte de todo un debate, el referéndum o el artículo que va en el referéndum dirimidor donde la gente va decidir si la propiedad de la tierra debe ser de 5 o 10 mil hectáreas como máximo, lo que se hizo - sin modificar la pregunta del referéndum - es hacer un hecho de justicia internacional, que lo que resulte, 5 o 10 mil, va para adelante porque la ley no puede ser retroactiva.
Lo que hizo el texto constitucional es simplemente colocar este aditamento que en cualquier tribunal internacional, cualquier latifundista iba a ganar, porque la ley no puede ser retroactiva a no ser que favorezca al imputado. Y lo que hizo el Congreso es clarificar este hecho que el resultado de 5 mil o 10 mil hectáreas corría para adelante, y para atrás, si alguien tiene 20 mil o 30 mil hectáreas. Si cumple una función social y económica se respeta, si no cumple función económica y social, se revierte al Estado. Es un tema de procedimiento, de reversión normal de tierras al Estado.
La explicación fue muy bien recibida por las organizaciones sociales. No hubo quejas. Yo he notado queja de algunos constituyentes que se sintieron un poco maltratados porque otros han tocado el texto constitucional, pero en las organizaciones yo creo que ha habido una compresión muy lúcida de la importancia del momento histórico, de la importancia de lograr acercamientos con sectores de centro para lograr los dos tercios, pero, a la vez, de una celosa vigilancia de que el núcleo central de la Constitución no se moviera y, de hecho, no se movió: estado plurinacional, autonomías indígenas, indianización absoluta de todo el Estado.
Hoy los indígenas no solamente son un núcleo de resistencia en el Estado. La presencia de lo indígena, de lo popular, de lo plebeyo, de lo campesino, de lo obrero, atraviesa la totalidad de la institucionalidad del Estado: gobierno, congreso, corte suprema, corte nacional electoral, funcionarios públicos, universidades, educación, salud, justicia...
Tiene aquí una Constitución que tenía un núcleo de plurinacionalidad en el ámbito de los indígenas como ciudadanos y participes en la construcción de la unidad del Estado. Este núcleo no se movió.
El núcleo de la economía, fuerte presencia del Estado como director de la economía, reivindicación de la economía privada pero también de la economía comunitaria, de la economía campesina, de la economía micro empresarial urbana. Están presentes ahí, garantizando la propiedad de los recursos naturales por parte del Estado, constitucionalizando la nacionalización de los recursos naturales.
En términos de derechos para las personas una Constitución avanzadísima. Se han corregido y flexibilizado temas que tienen ver más con el ámbito de la gestión de lo político.
Por ejemplo, si elegimos congresistas solamente por unidad territorial: representación uninominal, o congresistas también por votación presidencial: congresistas plurinominales.
La uninominalidad favorece a las mayorías, lo saben desde Sartori que nos enseñó sobre este tema. Uni-plurinominalidad para elegir congresistas favorece a la mayoría territorial, pero también permite que minorías regionales y locales se expresen, lo que es bueno para una sociedad democrática.
Eso hemos hecho. Hemos combinado mitad de unis, mitad de pluris. ¿Tiene que ver esto algo con el movimiento indígena? En verdad, no. Al contrario, le permite tejer alianzas. Por ejemplo, en el norte Potosí. Si solamente es elección uninominal imagínese que salen los cooperativistas como el diputado de la región. Muy bien, pero las comunidades quedarían al margen. Si combinamos uni y pluri puede haber un diputado cooperativista minero como uni y puede haber un diputado comunario del norte de Potosí como pluri.
Eso permite hacer estos tejidos de wifala en las alianzas sociales y los compañeros lo entendieron perfectamente. Esto no era ceder nada, al contrario, era mejorar el texto para permitir futuras alianzas de los sectores sociales y las organizaciones sociales entre sí. Guaruni, mineros y los campesinos. Si solamente fuera uni saldrían los mineros y nada más, vía pluri está el minero y está el campesino que puede ir en la misma formular electoral. Este tipo de correcciones mejoran el texto constitucional.
En el tema de cómo modificar la Constitución el gran aporte de Oruro, de los congresistas, fue: "cualquier cambio que se haga a la Constitución obligatoriamente tiene que ir a referéndum". Eso es lo central. En Oruro los cambios en el Congreso se hacen por mayoría absoluta aquí en la Paz los cambios se hacen por dos tercios, pero en ambos casos se mantienen que al final es el pueblo el que vota en un referéndum si acepta o rechaza ese cambio en la Constitución.
Se mantuvo el espíritu se corrigió mayoría y dos tercios, y ahí los compañeros campesinos indígenas y obreros fueron muy lúcidos. Dijeron, bueno, hoy por hoy por hoy tenemos mayoría en el Congreso. Esto puede durar 5 o 10 o 15 años. ¿Qué si después somos minoría electoral temporalmente y la derecha retoma el control del estado? La derecha podría cambiar con mayoría absoluta lo que es una gran construcción histórica. Mejor no, mejor garantizaremos que se cambien la Constitución con dos tercios del Congreso, pero igual tiene que ser el pueblo el que con su voto dirima si está correcta o incorrecta esa modificación.
Si ustedes se fijan las correcciones lo que han hecho es ajustar mejor el texto, superar ambigüedades y en esa superación de ambigüedades y definición mejor de los conceptos se ha permitido lograr un apoyo de sectores de centro del congreso que nos han dado los dos tercios y que ahora hacen que esa Constitución de la noche a la mañana se convierta en la Constitución de todos.
La diferencia con la de Oruro en la estructura y en el núcleo, no hay diferencia. Es la misma, precisiones, modificaciones parciales, corrección de palabras o profundización de temas que enriquecen la Constitución de Oruro, pero su núcleo se mantiene incólume.
Discusión sobre la problemática de la autonomía. Como la derecha asumió el discurso autonomista
El tema de autonomía en el caso de Bolivia tiene dos vertientes históricas de surgimiento de esa demanda. La más larga es la vertiente indígena. Ustedes tienen que saber que hace 109 años un líder indígena, Zárate Vilca, en esa disputa entre élites mestizas en Sucre y Paz acerca de por dónde debería estar la sede de gobierno: Sucre o la Paz, se movilizan los indígenas y reivindican un tipo de federalismo donde los indígenas tengan el reconocimiento dentro del Estado, con sus usos gustos y costumbres.
Es decir la idea de una convivencia entre culturas y pueblos bajo una forma de federalismos es un planteamiento que emerge del movimiento indígena y que de hecho la democracia moderna ha demostrado que es una forma muy interesante de coexistencia equilibrada entre pueblos y culturas diferenciados.
Esta vertiente federalista indígena con los años, ochenta años después, va dar lugar a un debate dentro del movimiento indígena sobre las autonomías indígenas, de régimen territoriales de autogobierno, donde se respeten usos y costumbres, formas de organización territorial, de gobierno local de los pueblos y naciones indígenas.
Pero otra vertiente viene del lado de las regiones abandonadas del país. Bolivia, como muchas partes de América latina, la riqueza, el poder y la propiedad se han concentrado en pequeños núcleos que han vivido de la extracción de otras regiones. Y esto es muy fuerte en Bolivia. Hay regiones o mejor, hay zonas, hay poblaciones, que han creado un sentimiento regional y que se han sentido abusados por el gobierno central, que no construye carreteras, que cobra impuestos, pero que no promueve el desarrollo local, que no da agua potable, que no da servicios, que tiene una mala atención del Estado a pesar de que se paga impuestos o se genera riquezas de la goma, de la minería o de la agricultura.
Este sentimiento regional ya estaba presente también por lo menos desde mediados de los años 50 en el país, aunque se remonta 150 atrás. En los últimos 50 años se ha ido profundizando este sentimiento. Ahora, lo que ha sucedido es que la izquierda marxista de los años 50 60, 70 nunca ni tomó en cuenta el tema indígena, ni tomó en cuenta el tema regional. El tema indígena lo va desarrollar el movimiento indígena indianista - katarista y luego el MAS. Pero la temática regional no la retoma la izquierda, la retoma la derecha y es la derecha la que comienza a construir hegemonía regional y local en torno a esta temática popular.
Y entonces estas dos agendas: la igualitaria de los pueblos indígenas de ciudadanía de primera para todos que incluya autonomía de los pueblos, va a ir paralela y a veces confrontada con la agenda de autonomía regional de los pueblos pero liderada por sus oligarquías y sus élites económicas.
Desde el año 2003 hasta hoy estas agendas se enfrentaban innecesariamente. Lo que ha hecho el gobierno es hacer una relectura del total de problema, separar la paja del trigo, separar las élites impostoras de un sentimiento profundo de autonomía del pueblo, y agarrar ese sentimiento y esa demanda, incorporarla en su proyecto estratégico de poder y aislar a las elites empresariales impostoras, que simplemente manipulaban el tema autonómico para sus intereses propios: tierra, recursos del Estado...
Esa cirugía es lo que ustedes han visto en las últimas semanas. La cirugía de separar el movimiento autonómico popular y una demanda legítima de mayor democracia, de mayor descentralización territorial del poder, de mejor distribución de los recursos, de mayor eficiencia del Estado, demanda popular, de su manipulación oligárquica. Lo que ha pasado en el Congreso ha sido la culminación de esta silenciosa operación política que ha durado varios meses.
Y entonces costó mucho ello, costó mucho entender que la autonomía no era un hecho oligárquico, que la autonomía era un hecho democrático. Pero, se confundía la autonomía con quienes la abanderaban. Y a veces queríamos botar el agua sucia con el niño, cuando la clave es sacar al niño, botar el agua sucia y poner agua limpia. Eso que yo lo resumo en una pequeña frase es un hecho político que costó entre nosotros, que costó debates internos, acercamientos, acuerdos, en fin, entendimientos, autocríticas internas. Pero al final, la parte de la demanda autonómica de las regiones, legítima, democrática, necesaria y de izquierdas, vuelve a su carril, de un proyecto de poder estatal del pueblo y se le quita la bandera a la derecha que manipuló, que usufructuó durante un tiempo esta bandera, que nunca ha sido de derechas, pero que paradójicamente, en los últimos 20 años aparecía como una bandera de derechas.
Autonomía departamental que mejora la presencia y la participación democrática de la región en sus autoridades, en sus necesidades, autonomía indígena que permite la revalorización de las formas de autogobierno regional de los pueblos indígenas y todo dentro de un Estado plurinacional, donde los indígenas, campesinos y obreros son el núcleo articulador. La gran diferencia de esta estructura estatal frente a la neoliberal es que el núcleo organizador eran las empresas extrajeras y sus intermediarios locales.
En la época del nacionalismo revolucionario su núcleo articular fue la pequeña burguesía urbana. Ahora el núcleo articulador hegemónico y radiante es el mundo indígena, campesino y popular. Tres formas de Estado que ha atravesado Bolivia en 100 años y por primera vez una forma de estado en que quien conduce y en quienes el resto de las clases sociales se identifica y se reconocen son los sectores populares del país, incluyendo el tema de autonomía por supuesto.
El significado del proceso boliviano para América Latina
Con humildad yo creo que es la experiencia de transformación social más radical que tiene el continente. En lo estatal, porque la mayoría de la población excluida de los derechos de la construcción y del control de los recursos del Estado ahora participa. Solamente este hecho ya es la revolución más importante de Bolivia en sus 183 años de existencia.
Un estado racista y anti-indígena y que ahora se indianiza internamente y se irradia y articula a los no indígenas, a los mestizos, a los empresarios, a los estudiantes, a los jóvenes. Ese es un trastrocamiento de la colonialidad del país. Se rompe una vida colonial un Estado colonial dando lugar a un estado de amplia participación y representación social. Una cosa así no ha sucedido en el continente hasta hoy.
En segundo lugar, esta contradicción latente entre Estado como monopolio y Estado como gobierno de los movimientos sociales. Con sus dificultades, el gobierno del presidente Evo es un gobierno de los movimientos sociales, que parece contradictorio porque Estado es concentración y movimientos sociales es democratización de decisiones.
Esta tensión se la está viviendo en vivo a cada rato en cada decreto en cada reunión en cada decisión del gobierno y la forma más evidente de esta tensión riquísima de un estado de movimiento social es lo que han vivido ustedes en la plaza Morillo quien al final triunfo quien al final definió la agenda fueron los movimientos sociales con un Presidente que hacia vigilia al lado de los movimientos sociales y un congreso que deliberaba pero que a la vez era observado por los sectores sociales, y que final tuvo que optar por lo que había marcado como agenda sus sectores sociales.
Eso menos dramático y menos tensionado eso lo vive a cada rato en términos de leyes, de decreto, de resoluciones, de acciones y de iniciativas del estado. No encuentro en América Latina otro gobierno de movimientos sociales. He sentido la experiencia radical de participación organizada de la sociedad plebeya, popular, indígena en, dentro del propio Estado.
Y el tercer elemento es este proceso de redistribución de las riquezas, vía los procesos de nacionalización del gas, del petróleo, de telecomunicaciones, de energía y las que vendrán hacia el futuro, le dan la base material a esta forma de construcción democrática del Estado.
Por lo tanto, estos son los tres niveles que me permiten hablar con modestia, pero a la vez también con orgullo, de la experiencia más radical de democratización del poder, más radical de distribución del poder, y eso, si en algo sirve a otros pueblos y otros gobiernos, ahí esta a su disposición. Es posible distribuir las riquezas, es posible democratizar el poder, no es algo imposible pensar que la toma de decisiones puede tener múltiples niveles de deliberación social y participación, que no sean exclusivamente el Congreso. Se puede vivir así, se puede gobernar así.
Los excluidos, los campesinos, los obreros, las vendedoras, los sirvientes, los peones, pueden ser ministros, viceministros, cancilleres, congresistas, constituyentes y tener resultados económicos envidiables frente a lo que hicieron los licenciados de Harvard, crecimiento del 6.5 frente a un 3.2 por ciento de promedio de los especialistas de Harvard y de Chicago. Es posible tener superávit fiscal, por primera vez en la historia, frente al recurrente déficit fiscal que había anteriormente. Es posible industrializar, es posible distribuir riquezas y todo de la mano de gente que no se formó para gobernar, pero que ahora siente que es su derecho poder gobernar... un campesino pastor como nuestro Presidente.
Eso, como experiencia histórica, creemos que enriquece las potencialidades y las posibilidades de acción colectiva y de voluntad de poder de otros campesinos, de otros obreros, de otras amas de casa, de otros jóvenes, de otros pastores, de otros desheredados, que no tienen por qué vivir siempre como desheredados, pastores o campesinos, que pueden ser Presidente un día o campesinos al día siguiente, obreros hoy mañana congresistas, pasado transportistas luego cancilleres. Es una maravilla para entender así el Estado.
