Las comunidades indígenas del Estado brasileño de Roraima, en la frontera con Guyana y Venezuela, se reunieron en Asamblea General la semana pasada para pedir al Gobierno de Lula la demarcación continua de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, homologada en 2005 pero discutida nuevamente en los tribunales por las presiones de los arroceros.
Los más de 600 indígenas presentes en la asamblea se centraron en denunciar la lentitud del proceso de reconocimiento oficial de Raposa Serra de Sol, una situación que está previsto resolverse con la resolución dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF) este mismo mes.
Los líderes indígenas confían en la homologación continua, fundamental para evitar precedentes jurídicos que puedan justificar ventajas para los invasores latifundistas en los territorios ancestrales de los pueblos.
Los indígenas denuncian además un deterioro palpable del medio ambiente de la zona fruto de las basuras arrojadas por personas extrañas y la destrucción del suelo contaminado por los arroceros mientras el estatus de estas tierras permanece en el aire.
Asimismo, exigen nuevos estudios que determinen el régimen de las tierras indígenas Anta, Jabuti, Canauanim, Malacacheta, Ponta da Serra, Serra da Moça, Truaru, Manoá-Pium y Aningal, la ampliación de los territorios Moskou, Murupu, Alto Arraia, Tabalascada, Ouro y Sucuba y la retirada de algunos invasores en la región de Taiano.
El estancamiento en el proceso de reconocimiento de la demarcación territorial en Roraima también ha generado, según las comunidades reunidas, varios atentados mortales y combates habituales entre los indígenas y los invasores. "La lentitud del Estado todavía trae aflicción a las comunidades, pues puentes fueron quemados, líderes continúan siendo amenazados y muertes ocurren debido a la presencia de invasores", comentan.
Por otro lado, los proyectos de ley relacionados con la minería en territorios indígenas y el establecimiento de guarniciones militares que se están tramitando en el Congreso Nacional no ofrecen una perspectiva demasiado optimista para el futuro de las comunidades.
En este sentido, el Movimiento de Damnificados por Represas (MAB) celebró el pasado sábado el Día Internacional de Lucha contra las Represas, tratando de concienciar a la comunidad nacional e internacional sobre el daño que hacen las plantas hidroeléctricas al medio ambiente y a los habitantes que viven en zonas vírgenes. Además, el Movimiento propone alternativas al desarrollo económico capitalista basadas en el respeto a la naturaleza y a los pueblos indígenas. Según datos de las Naciones Unidas, sólo en Brasil han sido expulsadas cerca de un millón de personas por la construcción de plantas hidroeléctricas.
Entre las exigencias realizadas por el MAB destaca la de suspender las licencias de construcción y funcionamiento de las plantas y la penalización por delitos ambientales a las empresas, pero el pesimismo se apodera de la organización cuando se observa la rapidez de la justicia en conceder licencias ambientales y su lentitud para reafirmar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución y las normas del derecho internacional.
