Los expertos del Foro Permanente aluden al trabajo forzoso, la dificultad por conseguir la propiedad efectiva de la tierra y el racismo y la discriminación como las cuestiones más preocupantes en torno al bienestar del pueblo guaraní en el sureste de Bolivia.
La misión de dieciséis expertos independientes del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de la ONU enviada a Bolivia para analizar la situación del pueblo guaraní concluyó el pasado martes con una declaración oficial que contenía muchas más sombras que luces.
"La misión de la ONU concluye que existe trabajo forzoso indígena en algunas regiones de Bolivia, particularmente en el Chaco con relación al pueblo guaraní", destaca el comunicado de prensa del organismo. Tal afirmación implicaría violaciones a tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales.
Además, la misión también encontró una muy débil presencia del Estado en el Chaco y otros lugares y "pese al positivo saneamiento de tierras, muchas comunidades siguen sin la propiedad efectiva de sus tierras y en condiciones muy difíciles, incluyendo situaciones de crisis alimentaria".
El documento también se hace cargo de las deficiencias concernientes al aparato judicial boliviano, "que han dejado hasta ahora impunes agresiones a personas, organizaciones indígenas, entidades públicas e instituciones privadas de derechos humanos, debido a un accionar que compromete su imparcialidad".
La ONU recomienda que los derechos fundamentales, el bienestar y la seguridad de los pueblos y comunidades indígenas sean restablecidos y respetados, para apoyar los esfuerzos del Estado en la ejecución de medidas efectivas en esta área.
Los expertos de la misión estuvieron reunidos durante seis días con las autoridades nacionales, departamentales y locales bolivianas, además de mantener encuentros bilaterales con organizaciones sociales y de derechos humanos de cara a extraer la mayor información posible sobre el contexto social, económico, cultural y de derechos humanos relativa al pueblo guaraní.
Hay que recordar que no es la primera vez que Bolivia está en el punto de mira de la organización supranacional por cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas. En 2007, un informe del entonces Relator Especial sobre los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, hablaba de "comunidades enteras que permanecían bajo un régimen servil, en haciendas agrícolas y ganaderas con salarios ínfimos".
En ese año, un informe de la OIT estimaba que entre 5.100 y 7.200 guaraníes estaban en esa situación.
Stavenhagen, igual que hoy los miembros de la misión del Foro Permanente, pensaba que las políticas de discriminación positiva del presidente Evo Morales estaban causando "un muy preocupante rebrote del fenómeno del racismo, incluyendo ataques físicos y verbales contra dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos".
Una tendencia que tuvo su cénit el pasado 11 de septiembre en el departamento de Pando, cuando decenas de campesinos partidarios del presidente Evo Morales fueron emboscados y tiroteados por civiles sin que nadie hiciese nada por impedirlo.
Bolivia se enfrentará el próximo mes de septiembre al examen del Comité de los Derechos del Niño y en febrero de 2010 al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
