Chile se enfrenta al Examen Periódico Universal de la ONU con fuertes críticas sobre la situación de los mapuches, la discriminación de género y el problema con los retrasos de las sentencias relativas a los desmanes de la dictadura militar. Multitud de ONGs esperan mañana unas conclusiones que seguramente reprobarán la actuación del Gobierno de Bachelet.

Michelle Bachelet comparece en la ONU / Foto: Infolatam
La delegación de México ha dicho que "Chile debe garantizar la participación de los pueblos indígenas en el ámbito político y continuar con el proceso de demarcación y titulación de tierras". Suecia dejaba ver su preocupación por las "graves inquietudes sobre los derechos territoriales" y la delegación de la República Checa ha hablado directamente de "persecución y abusos contra el pueblo mapuche", según informa el diario español La Voz de Galicia.
Otros países latinoamericanos, como Uruguay, Bolivia o Brasil, dejaron un poso más conciliador, instando al Gobierno de Bachelet a "profundizar el respeto al indígena, su riqueza cultural y su acceso a la propiedad y el disfrute de la tierra".
En contrapartida a todas estas críticas, el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Álvaro Marifil, respondió que "actualmente el Congreso tramita una ley que reconocerá a los pueblos indígenas, brindará protección a sus derechos sobre tierras y aguas y les permitirá participar de decisiones políticas y promover sus culturas y costumbres".
Mientras tanto, el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, anunciaba exultante la "muy buena acogida de todos los países ante la situación global de Derechos Humanos en Chile", un comentario alejado de la realidad y ceñido a la gratitud mostrada por la delegación palestina por acoger a algunos refugiados de ese país.
Algunos países también instaron a Chile a combatir con más fuerza la violencia contra las mujeres y a lograr que reciban una paga equitativa a la de los hombres. Igualmente, las delegaciones presentes consideran fundamental que el Estado chileno acelere las investigaciones y los juicios relativos a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Organizaciones de derechos humanos como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Corporación Humanas o CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo) han puesto en entredicho la veracidad del informe presentado por el Gobierno, tildándolo de "maquillado, antojadizo y mentiroso".
El Examen Periódico Universal de la ONU ha tenido en cuenta el informe presentado por Chile, así como otro elaborado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y uno más suscrito por organizaciones no gubernamentales.
La supervisión estuvo en manos de Senegal, Cuba y Qatar (elegidos por sorteo), que mañana día 12 presentarán un informe final que se presume bastante crítico. Una vez estudiado, el Gobierno chileno se pronunciará aceptando y/o rechazando las conclusiones del resto de Estados. Posteriormente, el documento será elevado para su adopción a la sesión de septiembre del Consejo de Derechos Humanos.