El Parlamento aprobó el pasado jueves una nueva ley de inmigración que criminaliza a los "sin papeles". Según el documento, los inmigrantes podrán ser multados con cantidades entre los 5.000 y los 10.000 euros, se amplía de dos a seis meses la retención de los inmigrantes en los centros de identificación y, lo que ha suscitado mayores controversias, se prevén penas de cárcel para los ciudadanos que ayuden a establecerse a inmigrantes clandestinos.
Además, se introducen las llamadas "rondas de ciudadanos", que podrán señalar a las fuerzas del orden situaciones "que denoten un riesgo para la seguridad ciudadana".
Silvio Berlusconi, primer ministro italiano, ya advertía la pasada semana que "no vamos a abrir la puerta a todos como ha hecho la izquierda, que tiene la idea de una sociedad multiétnica". Además, Il Cavaliere asegura que el 76% de los italianos apoya la medida.
Las medidas aprobadas ayer por el voto de confianza del Parlamento y que todavía tendrán que ser ratificadas por los miembros de la Cámara Alta se inscriben dentro del Proyecto de Ley 2180 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"), que recoge nuevas disposiciones en torno a la inmigración, la criminalidad y la seguridad ciudadana.
Una primera versión del texto, retirada ante la avalancha de protestas, preveía que los médicos, directores de escuela y carteros fuesen obligados a denunciar a los inmigrantes clandestinos.
"Es un paso fundamental para equipar a funcionarios de la ley y alcaldes con los medios para combatir el crimen", explicó el ministro del Interior, Roberto Maroni, refiriéndose a la nueva ley. Sin duda es este ministro de la Liga Norte (partido de extrema derecha que gobierna en coalición con El Pueblo de la Libertad de Berlusconi) el instigador de las medidas más excluyentes, que dan la posibilidad de realizar rondas nocturnas a los ciudadanos para señalar alteraciones del orden público y registrar a los "sin techo".
Unas disposiciones que ya se vienen materializando durante los últimos años en las regiones norteñas de Lombardía y Véneto, los bastiones electorales de la extrema derecha.
El representante regional para el Mediterráneo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Peter Schatzer, se lamentaba ayer porque "las encuestas en Italia muestran que los inmigrantes son percibidos cada vez más negativamente, sobre todo porque a menudo se informa en los medios de comunicación de historias sobre delincuencia y actividades delictivas". Una tendencia que ha pasado a la política, donde la inmigración siempre aparece ligada a la criminalidad y la seguridad, nunca a la integración.
La situación ha sido denunciada por multitud de asociaciones de defensa de los inmigrantes, que calificaron las nuevas medidas de "vuelta a la lógica de las leyes raciales de la época de Mussolini". Incluso la Conferencia Episcopal italiana se quejaba de las dificultades que tendrá ahora para favorecer procesos de integración, cuando en los medios de comunicación siempre se relaciona a los inmigrantes con actos delictivos.
El diario de los obispos italianos, Avvenire, también manifestó su desacuerdo con la política del Ejecutivo en materia de inmigración. "No es lícito criminalizar a los extranjeros como si fueran reos confesos de la degradación en que se encuentra el país", destacaba ayer en su página web.
También el Presidente de la República Giorgio Napolitano criticaba duramente la "retórica xenófoba" que se estaba instalando en la política italiana para tratar el tema de la inmigración.
Una retórica que se extiende a los mandatos emanados de la Unión Europea, después de que el verano pasado la Eurocámara diese luz verde a la que pasó a denominarse "Directiva de la Vergüenza", que amplía el plazo de detención de inmigrantes a 18 meses y prevé la expulsión de menores a sus países de origen con unas garantías no demasiado concretas.
Acordes con la normativa europea, países como España o Grecia, con algunas de las tasas de inmigración más altas de la Unión, preparan también leyes de extranjería más restrictivas para los próximos meses.
