La Comisión de Constitución del Congreso de Perú declaró este martes la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1090 sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Este es uno de los nueve decretos que los indígenas de la Amazonía peruana quieren que sean derogados.
El informe de la Comisión concluyó que "el Decreto Legislativo Nº 1090 no respeta las limitaciones que establecen los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, en cuanto a las materias prohibidas de ser legisladas por virtud de otorgamiento de facultades legislativas delegadas".
Además, según señala un comunicado de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), "el Decreto no respeta el artículo 66 de la Constitución al regular la materia de recursos naturales, que está reservada solamente a ley orgánica".
El Decreto establecía que las comunidades nativas y campesinas, previo aprovechamiento de sus recursos forestales y de fauna silvestre, deberían contar con un Plan de Manejo aprobado por "la autoridad competente", descartándose así el uso tradicional de dichos recursos.
El problema, según declaran las organizaciones indígenas, radica en la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y en la Ley 29157, publicada en diciembre de 2007, por la que el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo "la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación de ese Tratado".
Según el informe del Grupo de Trabajo de Legislación Delegada, Decretos de Urgencia y Tratados Internacionales que concluyó con la derogatoria del 1090, las materias dentro de las cuales tendría que sujetarse el ejercicio de la facultad delegada serían la facilitación del comercio, la mejora del marco regulatorio, promoción de la inversión privada, mejora de la competitividad de la producción agropecuaria y otras.
Por otro lado, la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, declaraba ayer al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) que de confirmarse la derogatoria del Decreto 1090 en el pleno "se generaría un vacío legal en el país", considerando la decisión de la Comisión de Constitución como "un error garrafal".
La Ministra, visiblemente enfadada, adoptó un tono catastrofista cuando se refirió a la derogatoria, que "implicaría un serio problema para la protección de los bosques del Perú y su sostenibilidad", llegando a declarar que de darse el caso "sólo tendríamos la ley de la selva, porque nos quedaríamos sin norma alguna".
De un radicalismo similar fueron las declaraciones del Ministro del Ambiente, Antonio Brack, que dijo que de confirmarse la derogatoria sería "un desastre para el país, la protección de la selva amazónica y el TLC con Estados Unidos".
La derogación del Decreto Legislativo 1090 era una de las exigencias de las organizaciones indígenas para desbloquear las carreteras y aceptar un diálogo con el Ejecutivo.
Aidesep atisba por fin algunos signos positivos cuando están a punto de cumplirse los 50 días de movilizaciones indígenas en los Departamentos de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas por el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la derogatoria del paquete de decretos refrendado por varios ministros el pasado mes de abril.
