La petición del Parlamento centra su atención en la necesidad de determinar si el Estado Mayor de la Policía Nacional actuó por su propia iniciativa o por orden de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, bajo el mandato de Alan García.
Fuentes de la Dirección de la Policía Nacional declararon a Inter Press Service que el día 3 de junio, dos días antes de los enfrentamientos, Cabanillas convocó al Estado Mayor para coordinar la represión contra los indígenas, pese a que varios jefes de la policía habían firmado acuerdos de no agresión en la zona de conflicto.
Según IPS, en estos pactos existía la posibilidad de abandonar la carretera bloqueada de forma pacífica si el Gobierno Nacional ordenaba su reapertura. Sin embargo, el jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), Luis Muguruza, sorprendió a los indígenas iniciando la ejecución del operativo de desalojo sin previo aviso.
La Comisión tendrá que aclarar quién dio la orden de disparar y, sobre todo, quién disparó primero. Este último punto se ha convertido en un verdadero caballo de batalla para los dos bandos, que se han descalificado mutuamente en acusaciones cruzadas de lo que ambos consideran una masacre.
No obstante, en esto las comunidades indígenas llevan las de ganar. Existen demasiados testigos y demasiadas declaraciones de policías que se sintieron traicionados por la extraña forma de actuar de sus superiores, que no informaron del operativo a ninguno de los agentes que patrullaban la carretera.
La ministra Cabanillas dice no haber decidido nada y ha pasado la patata caliente a los altos mandos policiales, a los que acusa de ordenar el operativo por su cuenta y riesgo. Sin embargo, atendiendo a la reunión que mantuvieron la víspera de los sucesos, su versión no se sostiene demasiado.
Polémica con los cadáveres
Según datos oficiales, inalterables desde el mismo fin de semana de la batalla, Bagua habría dejado 24 policías y 9 indígenas muertos. No obstante, las organizaciones reivindican un número mucho más elevado de bajas civiles.
Según algunas versiones, el helicóptero policial que comenzó el ataque habría recogido varios cadáveres de indígenas fallecidos y los habría arrojado al río Marañón. La fiscalía aún no ha encontrado los cuerpos, pero no es extraño que las corrientes los hayan alejado del lugar.
Luis Padilla, nativo Awajún que estuvo presente durante los enfrentamientos, ha denunciado a la policía porque "algunos cuerpos los quemaron", aunque no facilitó los nombres de las víctimas.
La organización de izquierda Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), basándose en una investigación propia y en datos del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, ha elaborado una lista con 61 personas desaparecidas tras los sucesos de Bagua, lo que podría elevar la cifra de muertos hasta el centenar.
La Comisión tendrá dos meses para esclarecer los hechos y estará integrada por cinco miembros de los diferentes partidos: Apra, Unidad Nacional, Partido Nacionalista, Alianza Fujimorista y un último participante que se definirá entre los grupos Bloque Popular y Unión por el Perú.
