Ahora se trata de Saúl Puerta, secretario nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y Cervando Puerta, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (Orpian).
Ambos están acusados de instigar los incidentes del pasado 5 de junio en Bagua, cuando varios policías y manifestantes indígenas fallecieron en un choque que terminó en tragedia.
Los hermanos Puerta llegaron a Managua entre fuertes medidas de seguridad y sin hacer declaraciones a la prensa. Llevaban diez días refugiados en la embajada nicaragüense de Lima, después de que la jueza del 37º Juzgado Penal de esa ciudad, Carmen Arauco, ordenase su detención inmediata.
Todos los delitos que se les imputan están relacionados con los sucesos de Bagua: contra la tranquilidad pública, apología del motín, sedición en agravio del Estado, etc. También se les persigue por "invocar al derecho a la insurgencia" en una conferencia celebrada el pasado 15 de mayo.
Cervando dio las gracias al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, una vez obtenido el asilo político, y destacó que "si no hubiera sido así estaríamos muertos". El activista indígena denunció que "sólo se nos acusa por defender la naturaleza y decir la verdad".
Los dos dirigentes se encontraron el pasado viernes con Alberto Pizango, que está en Managua desde el 17 de junio. "Nos alegra ver al compañero Alberto Pizango", dijeron poco después de su llegada.
Los otros dos indígenas perseguidos por la justicia peruana y que todavía no han sido arrestados son Marcial Mudarra Taki y Teresita Irene Antaza López, refugiados en sus propias comunidades.
