Anaya se muestra preocupado por "la incertidumbre que todavía tenemos en torno a los acontecimientos que provocaron los sucesos" y observa con preocupación el enfoque de las investigaciones que está llevando a cabo el Gobierno del Perú, centradas en "posibles delitos cometidos por los manifestantes indígenas y no en posibles irregularidades de la policía" durante los sucesos.
Por eso recomienda el establecimiento de una Comisión Independiente "para una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial" al margen de las investigaciones que ya desarrollan las instituciones de la administración de justicia.
La Comisión tendría representación de todas las partes involucradas, incluyendo representación indígena y participación de actores de la comunidad internacional.
Además, Anaya conmina a la justicia peruana a revisar las imputaciones contra dirigentes indígenas "para lograr un clima de confianza entre las partes".
Por otro lado, el Relator Especial insiste en la necesidad de hacer cumplir lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Perú, especialmente los artículos relativos a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas siempre que un proyecto afecte al desarrollo de sus comunidades.
En ese sentido, el informe recomienda "que se recurra a asesores técnicos de la OIT y de otros organismos internacionales".
El Relator Especial valora también la buena disposición del Congreso peruano a la hora de derogar los decretos legislativos de la discordia y la cooperación del Gobierno en su reciente visita al Perú como "medidas hacia la reconciliación entre las partes".
Anaya se refiere al proyecto de ley sobre el proceso de consulta que estos días está tomando forma en el Congreso. El informe advierte de la necesidad de "consultar a los pueblos indígenas para desarrollar el proyecto", que asimismo debe estar conforme a los estándares internacionales aplicables.
Por último, el documento denuncia la inexistencia de un mecanismo para reivindicar los derechos legítimos de los pueblos indígenas en el Perú. Además, se hace eco también de un sentimiento de "criminalización de la protesta" que podría desembocar en nuevos choques entre las comunidades originarias y las autoridades estatales.
