Varias comunidades indígenas de la costa de Pijijiapan, en el estado mexicano de Chiapas, denuncian riesgos medioambientales y para la salud como consecuencia de los trabajos de la empresa de construcciones Ocoroni.

El Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa de Chiapas denunció la extracción masiva de piedras en el río San Diego, en el municipio de Pijijiapan, estado de Chiapas, por parte de la empresa Ocoroni, con autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y exigió la cancelación inmediata de dichos trabajos.

Las comunidades La Central, Álvaro Obregón, Las Pilitas, Santa Virginia y Lázaro Cárdenas "se verán afectadas, porque en tiempos de lluvia ese río se deslava y afecta a esos poblados, inundándolos por completo. Corren riesgo las vidas de muchas personas".

La extracción de piedras del río San Diego "nos podrá ocasionar la muerte cuando llueva o haya huracanes, como en 1998 y 2005", sentencia el comunicado.

Las comunidades han apelado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la propia Conagua, pero no han sido tomados en cuenta, por lo que ya han comenzado las amenazas de movilizaciones.

"Ninguna autoridad ha intervenido; en caso de no hacerlo, los pobladores y comunidades afectadas tomarán medidas más severas, como bloquear el acceso de los camiones de volteo, o en su defecto bloquear la carretera hasta que no hayan cumplido con nuestra petición", explica el comunicado hecho público por el Consejo Regional.

El consejo regional también denuncia carencias graves en los servicios de salud a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud (SSA) en comunidades de la costa de Pijijiapan como Lázaro Cárdenas, Joaquín Amaro, Gustavo López, El Fortín, La Conquista, El Diamante y Las Margaritas.

Entre otros problemas, la entidad se hace eco de la falta de médicos y de medicamentos para atender enfermedades leves como diarreas, calenturas o gripas.

Además, el Consejo acusa a la administración municipal de Tonalá, encabezada por Francisco Hilario González Vázquez, de "negar al pueblo el acceso al agua entubada porque ni siquiera llegamos a tener agua potable o limpia en las tuberías".

Las comunidades exigen que "de forma inmediata dé agua al pueblo. No se le puede negar a nadie, ellos son sólo administradores de esos recursos. Por lo cual nos hemos declarado en resistencia y en contra del pago del agua porque no es de ningún Gobierno, sino del pueblo".

El organismo regional anunció su acuerdo de que, "debido al encarcelamiento injusto de nuestros compañeros y compañeras de Candelaria, Campeche, por parte del gobierno federal, estatal y municipal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizará un bloqueo el 30 de julio en exigencia a su liberación inmediata, porque son hermanos y hermanas de lucha en contra de los altos costos de energía eléctrica".

Las comunidades exigirán también el cese del enfrentamiento en la comunidad de Mitzitón, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en el que han resultado varios heridos y un muerto, "por lo que exigimos que se haga justicia y se castigue a los responsables".

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